Problemas de salud, afectación en la producción y destrucción ambiental: esta situación denuncian estar viviendo los vecinos y vecinas de la zona de Rincón de la Aldea, Cerro de la Aldea y Zapará, en el departamento de Tacuarembó. El 22 de diciembre, integrantes de las comunidades decidieron reunirse para denunciar el “atropello” al que están “siendo sometidos por la actividad extractiva de las canteras de la zona”, según manifestaron en un comunicado. Sin embargo, no era la primera vez que se organizaban para visibilizar la problemática que tiene lugar en el territorio. Tan sólo por citar un ejemplo, en 2015 enviaron una misiva a ediles departamentales en la que solicitaban que las autoridades intercedieran en “la extracción de piedras del Cerro de la Aldea”. “Es de nuestro interés que no se continúe con este procedimiento ya que llevará a la destrucción del mismo”, decían. También afirmaban que el cerro es “un patrimonio turístico de la zona”, por lo que pedían “que se considere al cerro como Área Natural Protegida”. Sus reclamos aún siguen vigentes. Incluso el año pasado presentaron una denuncia a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que está estudiando la situación.
“El tránsito intensivo de camiones pesados y la precariedad de la caminería se hacen a costa de la salud y la economía de quienes habitamos en esta zona. La contaminación por polvo provocado por esta actividad ha generado y agravado en muchos casos problemas respiratorios, cardíacos e incluso de salud mental. En el orden económico, arruina cultivos, enferma animales, contamina la producción lechera y el agua que bebemos”, narran. En pocas palabras, viven entre el polvo. A su vez, cuentan que los camiones que trasladan los materiales de las explotaciones ahuyentan a la fauna autóctona, dañan la flora nativa y ponen en peligro a las personas que circulan a caballo, en bicicleta y otros vehículos de tránsito lento.
En concreto, la afectación tiene como origen dos canteras de explotación de minerales, que transitan por un mismo camino. Una es de la propia Intendencia de Tacuarembó y otra es la empresa constructora Ramón C Álvarez. En agosto de 2020, el semanario Brecha publicó que representantes de la empresa privada llegaron a los predios que rodean el Cerro de la Aldea y ofrecieron a sus habitantes un pago a cambio de que los dejaran pasar para extraer material del cerro. Si bien distintos vecinos se negaron, la empresa logró pasar. Días más tarde, los locatarios fueron al lugar; allí detectaron maquinaria pesada y un camino abierto donde se arrasó con el monte nativo. El material que se buscó extraer era para la construcción del bypass que conecta las rutas 26 y 51. Según el medio, para agosto, la empresa había ganado la licitación de la intendencia para esta obra, aunque los vecinos se preguntaban cómo pudo haberla obtenido sin indicar de qué forma conseguiría el material.
“Individual y colectivamente se han hecho reclamos y gestiones en la Intendencia de Tacuarembó, que resultaron infructuosos por ausencia de respuestas concretas”, reclaman los vecinos y vecinas. Suman que un camión regador debería pasar con “frecuencia diaria, en reiteradas oportunidades” para apaciguar el polvo, pero no sucede. Únicamente se realiza esta acción dos veces por semana y no cumple con su cometido. El objetivo de los habitantes de Rincón de la Aldea, Cerro de la Aldea y Zapará es “sensibilizar a las autoridades competentes, ya sea nacionales o departamentales”, para encontrar una solución. Parte del grupo de locatarios también considera que deberían cerrarse las canteras. Su próximo paso será entablar contacto, nuevamente, con ediles y diputados para lograr llegar a la Comisión de Ambiente del Parlamento.
“Pasible de sanción por incumplimiento”
Los vecinos también denunciaron la situación ante el Ministerio de Ambiente (MA). El 1º de diciembre obtuvieron una respuesta de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), donde se menciona que ambas canteras cuentan con Autorización Ambiental Previa. “De acuerdo a lo denunciado y a que ambos emprendimientos tienen las autorizaciones ambientales vigentes, se ha actuado a través de la División de Evaluación de Impacto Ambiental otorgando una vista a través de los expedientes mencionados a ambas empresas, que deben implementar en el menor tiempo posible medidas de mitigación de polvo (riego) en forma coordinada. También se solicita que controlen la velocidad a la que circulan los camiones y presenten evidencia de lo actuado, siendo pasibles de sanción por incumplimiento”, se comunicó. Los expedientes donde obtienen la autorización ambiental tienen fecha de 2019 en el caso de la cantera de la Intendencia de Tacuarembó, mientras que el de la cantera de Ramón C Álvarez es de 2020.
En diálogo con la diaria, el director de Medio Ambiente de la Intendencia de Tacuarembó, Jorge Castelli, expresó que la municipalidad “dejó de utilizar” su cantera. “Queda un privado. Lo que hemos hecho nosotros es solicitarle que riegue. El polvo y lo que viven los vecinos que están allí es complejo. Se solicitó que reduzcan la velocidad, el riego, y estamos viendo qué solución se encuentra a esto”, planteó. “El tema es que cuando logran la autorización del ministerio, nosotros lo que hacemos es ver cómo está y si afecta a los vecinos. Ver si los caminos van cerca de chacras, de residencias o de lo que sea y que lo tengan en cuenta, pero el ministerio es quien autoriza”, agregó.
Sobre la cantera de la empresa de Ramón C Álvarez, manifestó que “en noviembre de 2020 se presentó a la Dinama [la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente, hoy Dinacea] como categoría A” y “tiene autorización para la explotación en estos próximos dos años”. Al momento de presentar un proyecto para obtener la Autorización Ambiental Previa, el MA debe definir si es de categoría A, B o C. En el caso de los proyectos A, se concede la autorización mediante resolución ministerial, sin más trámite. Castelli planteó que se mantuvo una reunión con técnicos de la empresa para solicitarles que “a la brevedad empiecen a tomar las medidas” para “que el polvo no sea tanto”. Se le consultó sobre si la empresa había extraído el material de forma ilegal al momento de la construcción del bypass. Aclaró que él ingresó en 2021 a su cargo y que “hasta donde nosotros estamos al tanto, no”.
La importancia del cerro: salvaguarda de sitios sagrados y riqueza natural
En el marco de un convenio con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) y la Intendencia de Tacuarembó, el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay (LAPPU) de la Universidad de la República hizo el Inventario Arqueológico y Patrimonial del departamento. Formó parte de un proceso participativo, en el que se escuchó a actores locales y colectivos de pueblos originarios. Llevó varios años de trabajo conjunto, pero el 7 de diciembre de 2022 fue aprobado por la intendencia, según consta en una resolución municipal. A su vez, se enviaron los resultados y una posible redacción de la resolución a las autoridades nacionales. El 14 de marzo tendrá lugar una audiencia pública.
Camila Gianotti, arqueóloga e integrante del LAPPU, participó en la elaboración del inventario. Mientras hacía el intercambio con las comunidades, en agosto de 2020, la empresa Ramón C Álvarez ingresó a los predios del Cerro de la Aldea. A raíz de las denuncias que recibió, elevó una carta al entonces director de Planificación de Territorio, Urbano, Rural y Descentralización, Walter Mederos, en la que le solicitó interceder con el objetivo de parar la extracción de los recursos mineros. Le señaló que la obra, “además de afectar una localidad arqueológico-histórica y patrimonial, está afectando importantes valores naturales y paisajísticos presentes en el cerro”. Explicó que la zona había sido “insistentemente señalada” en los talleres participativos como “un lugar sagrado con raíces históricas”.
Sin ir más lejos, el cerro presenta diferentes antecedentes de las poblaciones indígenas que allí vivieron. “La propia toponimia de su nombre refiere a la existencia de una aldea charrúa en la zona. Además, el cerro, que es parte de la Cuchilla de la Aldea, se encuentra rodeado de otros cerros, que han sido estudiados por la arqueología uruguaya y que cuentan con conjuntos de piedras. En época histórica, cerca de allí, se erigió entre 1822 y 1825 la capilla-oratorio de Santa Ana del Tacuarembó Chico, a cargo del sacerdote fray Domingo Morales, en cuyas inmediaciones se estableció una aldea de familias de origen guaraní-misioneras”, contó en la misiva. Al mismo tiempo, un dato no menor es que el Cerro de la Aldea fue declarado de interés histórico departamental.
La arqueóloga también apuntó que es necesario considerar la “riqueza natural testimoniada en el monte nativo que puebla sus laderas, así como la fauna que este ecosistema alberga”. Enfatizó que el cerro “posee altos valores paisajísticos, siendo una de las referencias históricas e identitarias del departamento”. Queda a la vista cómo la protección de los sitios sagrados está profundamente vinculada con la protección ambiental.
Asimismo, en el inventario se incluyó un informe ambiental estratégico. En el documento se señala que 256 proyectos de emprendimientos fueron presentados ante el MA para llevarse adelante en el departamento al año 2020, y “pueden generar impactos ambientales a los ecosistemas y otros elementos de interés para su conservación”. 80 de los 256 proyectos buscan la extracción de recursos mineros.