En primera instancia, el gigante tecnológico Google presentó un proyecto de data center ante el Ministerio de Ambiente (MA) en el que manifestaba que su sistema de refrigeración “podría utilizar” una gran cantidad de agua potable por día. Ante el rechazo a brindar la información sobre la cantidad de agua a utilizar, tras un pedido de acceso a la información cursado por Daniel Pena, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, se presentó una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, quien obligó al Ministerio de Ambiente a dar a conocer esa información, sentencia que fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones de séptimo turno. Así se supo que el data center de Google podría utilizar un máximo de 7.600.000 litros de agua potable por día.
Luego de esta controversia, la multinacional redefinió su proyecto y modificó el sistema de refrigeración del centro de datos. Según consta en el Estudio de Impacto Ambiental, el data center utilizará “chillers enfriados por aire en vez de agua, por lo que se elimina la generación continua de aguas residuales por purgas de torres de enfriamiento durante la operación, eliminando asimismo el consumo de agua para enfriamiento”. Sin embargo, este nuevo planteo conduce a que se considere el consumo energético que necesita una infraestructura de tal magnitud.
Ni el Estudio de Impacto Ambiental ni el Documento de Proyecto generado por Eleanor Applications SRL, empresa filial de Google en el país, mencionan explícitamente la energía máxima que necesitará el data center. Debido a esto, el MA realizó una solicitud de información complementaria para, de esta forma, “continuar con la evaluación técnica de la Solicitud de Autorización Ambiental Previa”. Según manifestó el ministerio, se pretende conocer si la demanda de Google afecta la calidad del “servicio de suministro de energía eléctrica que presta UTE a terceros”, y también, “el proyecto deberá demostrar cómo incorpora y aplica las mejores prácticas y tecnología para el uso eficiente de la energía de acuerdo a la capacidad del data center a instalar”.
Consumo problemático
El consumo de energía de los centros de datos se convirtió en una problemática en el resto del mundo. Según un informe realizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el alto consumo de energía de estos centros representa “hasta un 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, cantidad comparable a la que emite la industria de la aviación”. Además, el organismo menciona que países pequeños experimentaron un “rápido crecimiento en su consumo energético” desde la llegada del mercado de centro de datos. “El uso de electricidad de los centros de datos en Irlanda se ha triplicado desde 2015, lo que representa 14% del consumo total de electricidad en 2021. En Dinamarca se prevé que la utilización de energía del sector se triplique en 2025 y represente alrededor del 7% de la electricidad del país”, agrega el informe.
Desde un principio hubo opacidad desde Google para presentar información vinculada a los recursos naturales. En la presentación inicial del proyecto de viabilidad ambiental de localización se clasificó como “secreto industrial y comercial” la información referida a los detalles del agua, aguas residuales y energía, lo que motivó el mencionado pedido de informes y la posterior demanda ante la Justicia.
En entrevista con la diaria, Daniel Pena sostuvo que lo hecho por el ministerio fue por “cuidar los intereses comerciales y empresariales” en vez de “priorizar a la población, el sostenimiento de la vida y el derecho de acceso a la información pública”. Respecto del actual pedido del MA a Google sobre los detalles del consumo energético del data center, el investigador expresó que es un “hecho positivo” que demuestra la importancia de la sentencia judicial. El MA subió en su sitio web la información del Documento de Proyecto, que permite conocer el estado del proceso de evaluación de impacto ambiental; sobre esto, Pena dijo: “Podríamos decir que es positivo que desde el ministerio estén subiendo la información a nivel público, y esto demuestra que podrían hacerlo con todos los proyectos; sin embargo, funcionan a demanda y presión. En vez de hacerlo de forma sistemática, suben aquellos proyectos que saben que tienen mayor repercusión en la opinión pública. Por esto, es bastante desprolija la actuación ministerial”.
Posibles daños ambientales
El Documento de Proyecto de la compañía hizo una estimación de la cantidad de residuos anuales generados por el data center durante su funcionamiento. En total y según las estimaciones presentadas, la infraestructura de Google en Uruguay producirá alrededor de 171 toneladas de residuos por año, entre las que se destacan los residuos electro-electrónicos, chatarra metálica, plásticos, papel y cartón, además de los generados por el personal. A su vez, el documento expresa que “las cantidades de generación informadas pueden variar una vez puesto en operación el emprendimiento”. El informe manifiesta que estos residuos serán llevados a otro lugar; sin embargo, no se presenta un plan que explique cómo serán gestionados por la compañía dichos residuos sólidos producidos en el lugar.
Por otra parte, el suministro de energía eléctrica a las instalaciones estará garantizado por UTE, y en caso de cortes generales imprevistos o por fallas eléctricas menores, la empresa utilizará “generadores de emergencia” que funcionan a diésel. Esto significa que cuando se usen estos generadores habrá mayor producción de emisiones sonoras y gases de combustión a la atmósfera, en comparación con el funcionamiento normal. La empresa subrayó que el evento de falla total “es poco probable” y que “se espera que los eventos de operación de emergencia sean de corta duración”.
Sobre estos puntos, Pena expresó su preocupación por la “falta de información” desde la empresa respecto de los aspectos ambientales, por la afectación a la calidad del aire y los residuos que “van a dejar en el país”. Sobre el último punto, contó que de las 171 toneladas anuales estimadas, “90 corresponden a residuos tóxicos crónicos sobre los que no se plantea qué se hará”, y que mientras que la llegada de esta megaempresa proporciona “óptimas condiciones para sus propios negocios, esto se transforma en un daño que no favorece a Uruguay, y sitúa al tercer mundo como un depósito de basura”.
Al respecto de las posibles interrupciones de energía eléctrica, Pena consideró que “si bien no hay gran significancia”, en estos cortes “habrá ruidos molestos” producto de los generadores, y que el uso de estos “sobrepasará los límites permitidos” de PM10 (partículas de polvo, cenizas o metálicas) y de NO2 (dióxido de nitrógeno), que produce problemas respiratorios.
En otro aspecto, el proyecto propuesto no estableció una fecha para su fase de clausura, es decir, la compañía no definió el momento en que cerrará su data center en el país. Según el Documento de Proyecto, “se prevé que los servicios serán ofrecidos en una base continua y los equipos e infraestructura del sitio serán mejorados y renovados cuando sea necesario”. Asimismo, la compañía aseguró que en caso de tomar la decisión de abandonar el espacio, seguirá los pasos que considere de acuerdo al motivo de clausura. Acerca de esto, Pena tildó de “hecho absurdo” que la compañía haya decidido no definir una fecha de cierre. “Este tipo de emprendimientos quedan obsoletos a los 15 o 20 años; sin embargo, con esta decisión no sabemos qué van a hacer con la infraestructura y todos los materiales que quedarán ahí”, añadió.
“Si pensamos en el ciclo de vida de un data center, la producción de toda la tecnología que necesita, como procesadores o baterías, viene de una minería altamente contaminante. Ya en funcionamiento, producen montañas de basura que contaminan el ambiente. Es un emprendimiento que a largo plazo produce daños ambientales”, sentenció Pena.
Uruguay forma parte del Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo regional y ambiental que tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. Este acuerdo está siendo “incumplido” por parte de Google, según comentó Pena, porque “no está brindando la información necesaria” sobre distintos aspectos, como “el consumo energético, el daño ambiental por el uso de los generadores, un plan para los residuos y la fase de clausura”. Concluyó diciendo que el Estado “fomenta dicho incumplimiento” en primera instancia, cuando rechazó su pedido de acceso a la información pública.
Cambios con gusto a poco
En la modificación actual que hizo Google de su data center en Uruguay, además del sistema de refrigeración también rediseñó la infraestructura. Según manifiesta el documento del nuevo emprendimiento, se instalará un centro de datos en vez de dos –tal como expresaba la información del primer plan de Viabilidad Ambiental de Localización–, lo que reduce el edificio a un tercio del original. A su vez, con la reducción del espacio también baja el número de empleados que tendrá la empresa. Ahora estima “un requerimiento de 50 personas aproximadamente para el emprendimiento en su etapa final”, del que 40% hará las tareas que correspondan con operaciones del emprendimiento, mientras que el resto se dedicará a las actividades de soporte. La cantidad de empleados para la fase de construcción se estima que será entre 300 y 400 personas, con un pico de aproximadamente 800.
El Estudio de Impacto Ambiental incluyó un informe de percepción social sobre el data center, con el objetivo de conocer las expectativas y visiones de la comunidad del área cercana a la locación. Dicho trabajo se hizo en 2021, cuando se conocía otro tipo de proyecto, con una infraestructura mayor y más personal. Los resultados, que se incluyeron en la propuesta actual, reflejan optimismo por parte de la ciudadanía y se destacó “expectativa por la generación de mano de obra local y de una mayor actividad comercial”.
Sobre este punto, Pena alertó que el estudio “se basa en un estudio social erróneo” porque incluye información de un contexto diferente, debido a que las entrevistas fueron realizadas cuando el número de puestos de trabajo posibles eran mayores que los actuales. Para el investigador, estas empresas “traen el discurso de que van a generar empleo” pero los documentos presentados “demuestran lo contrario”. Pena manifestó que la fase de operación “no es lo que parece”, ya que, según dijo, la llegada de Google no será de gran impacto en el sector laboral. En el estudio la empresa hizo referencia a que el data center en su fase de operación tendrá un “impacto de significancia baja” en lo que respecta a la generación de nuevos puestos de trabajo y al desarrollo productivo de la zona.
“El documento confirmó que el data center no será un lugar para el desarrollo de software, sólo es un centro de almacenamiento de información digital. Es una infraestructura que consumirá mucha energía, no será una fuente que genere empleos y además, al encontrarse en una zona franca, no pagará impuestos”, finalizó Pena.