La respuesta del Ministerio de Ambiente (MA) sobre la cantidad de agua que utilizará el data center que busca instalar Eleanor Applications SRL -empresa subsidiaria de Google-, en el Parque de las Ciencias, una zona franca ubicada en el departamento de Canelones, ocupa media carilla. Pero conseguir esa media carilla no fue tarea sencilla.

Todo comenzó en julio de 2022, cuando el investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Daniel Pena constató que en el proyecto de viabilidad ambiental de localización que presentó la multinacional a la cartera ambiental se clasificó como “secreto industrial y comercial” la información vinculada a “los detalles de agua”, “detalles de aguas residuales” y “detalles de la energía”. Pena decidió hacer un pedido de acceso a la información pública para conocer los datos, que fue denegado por el MA. En diciembre se contactó con la abogada Carolina Neme y presentaron una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

En primera instancia, la Justicia falló a favor de los demandantes y el ministerio apeló la sentencia. El Tribunal de Apelaciones ratificó la resolución anterior amparándose en que acceder a la información “que concierne al agua y a su uso” es un “derecho humano” y, por lo tanto, todo habitante de Uruguay “está legitimado para saber qué se hace con el agua”. De esta forma se saldó la disputa -o por lo menos una parte- entre qué debe ser prioridad: el derecho comercial de las empresas o el derecho de acceso a la información pública que la población tiene cuando se trata de temáticas ambientales.

En la media carilla a la que pudo acceder la diaria y que también publicó Brecha se detalla “la demanda de agua pico de diseño de las torres de enfriamiento”. Allí se informa que en una primera etapa se utilizarán 3.800 metros cúbicos de agua potable de OSE por día, lo que equivale a 3.800.000 litros. En una segunda etapa serán 7.600 metros cúbicos por día, es decir 7.600.000 litros. Los datos son presentados en una tabla y se adjunta que la medida “aumentará para cada fase a lo largo del tiempo, hasta alcanzar la demanda de agua pico”.

“Este tipo de emprendimiento de data center típicamente consume mucho menos agua que la demanda de diseño, que dependerá de la demanda para el almacenamiento de datos y servicios, y, por ello, el escalamiento exacto de la demanda no puede ser definido al momento”, sostiene la viabilidad de localización presentada por Google. Sin embargo, esta información -que era secreta- abarca únicamente los “detalles de agua”, aún no se conocen los “detalles de aguas residuales” y “detalles de la energía”.

Una “excepción”

Marcelo Cousillas, gerente del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente, dijo a la diaria que hay información que tanto empresas privadas como públicas “pueden no querer proporcionar por razones de competencia o secreto”. “En este caso, hay que darle alguna garantía para que proporcione la información igual, para que se pueda analizar. Hay que acordarse de que la información que los interesados proporcionan no le termina perteneciendo a la administración. Es decir, la administración la posee, pero no le pertenece. Es una información que está relacionada con el interesado y sus actividades, en muchos casos actividades económicas. Entonces, la administración se encuentra en medio de una situación donde ante un pedido expreso tiene que resolver”, agregó, señalando que “hay que tratar [de] que las excepciones al acceso a la información pública sean las menos posibles”.

“Al Ministerio de Ambiente lo que más le interesa es que toda la información sea pública, que no haya información reservada ni información secreta, pero ciertamente puede existir. La propia sentencia reconoce que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto ni ilimitado. Esos límites tienen que aplicarse con prudencia, tienen que ser los menos posibles, pero hay límites. Si la administración no es cuidadosa con esos límites, evidentemente la administración podría incurrir en irresponsabilidad”, planteó.

Cousillas remarcó que la información había sido clasificada como “secreto industrial- comercial” antes de la solicitud de acceso y consultado sobre si podrían haber rechazado el pedido de la empresa, respondió que “el Ministerio de Ambiente le podría haber denegado la declaración de secreto industrial o comercial, pero en caso de que estuviera convencido de que no era secreto industrial o comercial y que no se estaría exponiendo al Estado a un riesgo de una demanda”. “Hay dos derechos enfrentados y hay que decidir y valorar los dos derechos. El derecho que dice el interesado en que su información no sea divulgada por razones competitivas, y el derecho de cualquiera de acceder a esa información. Frente a eso, no hay mejor ámbito para decidir que la Justicia, que no es la administración. Obviamente, no vamos a ir a la Justicia para resolver cada pedido de acceso. En realidad, el gran volumen de solicitudes de acceso a la información que recibe el Ministerio de Ambiente es franqueado. Esta es una excepción”, agregó.

El gerente de Jurídica apuntó que la solicitud de la empresa de declarar la información como “secreto industrial-comercial” fue en una etapa del proyecto en la que todavía estaba “muy lejos” de ser autorizado y, hasta el momento, “ni siquiera empezó la evaluación de impacto ambiental”.

En este contexto, se le preguntó si durante las próximas etapas Google puede volver a pedir que la información esté bajo la misma categoría, e indicó que “puede solicitarlo, pero ya hay una sentencia judicial. Además, no es lo mismo para el Ministerio declarar secreta una información en un proceso de evaluación de impacto ambiental que en esa etapa preliminar en la que puede haber competidores. Los proyectos normalmente tienen distintos momentos y cuando todavía es una iniciativa que no se concretó, muchas veces los interesados se manejan con precaución”, declaró, y agregó que “es mucho más difícil que la administración acepte un secreto industrial o comercial en el proceso de evaluación de impacto ambiental”.

Cousillas rechazó la posición que sostiene que “la administración no quiere proporcionar la información”. “La administración puede querer proporcionarla, pero no poder”, dijo. Por otra parte, declaró que aún no están evaluados los efectos ambientales del data center, pero “habría que pensar cuántos proyectos consumen la misma cantidad de agua”.

Un data center consumiendo por 55.000 personas

Daniel Pena, quien realizó el pedido de acceso, comentó a la diaria que consideró “un respiro” que la Justicia haya fallado a su favor. “Es una falta grave a la democracia que la gente no pueda saber cómo se van a manejar los bienes comunes, en este caso el agua, pero también la energía. Al menos tuvimos la buena noticia de que la Justicia falló a favor de los derechos humanos básicos. Sentó un precedente para que otros colectivos puedan pedir acceso a la información en otros proyectos”, aseguró. Es un gran paso, ya que el artículo 47 de la Constitución establece que los “usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”.

Pena recordó que el volúmen de agua potable que utilizaría el centro de datos es “considerable”. Según los parámetros de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), el consumo promedio mensual de un hogar integrado por tres o cuatro personas es de 15 metros cúbicos. Esto quiere decir que el volumen de agua que pretende tomar el proyecto equivale al consumo diario de alrededor de 55.000 personas. A su vez, Pena resaltó que “la información de la energía y los efluentes aún sigue oculta. Los efluentes, supuestamente, van a cumplir con todos los parámetros, excepto con la temperatura en momentos de ola de calor. Revisando bibliografía de otras partes del mundo, este es uno de los principales problemas: envían el agua a los cursos hídricos y generan daños ecosistémicos”.

Canilla y sumidero

Pena entiende además que es necesario comprender el ciclo de vida completo de los data centers y no sólo centrarse en lo que “consumen en la operativa”. Sostiene que hay que considerar “el impacto ambiental que implica la construcción y los materiales con los que se generaron los servidores”. “Es la externalización de los daños en otros puntos del mundo. Para construir los servidores hay que hacer una minería con daños ambientales bestiales, que es básicamente la minería de tierras raras. Esta minería tiene lugar mayoritariamente en China, pero también en otros países como República Democrática del Congo, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Vietnam. Hay que pensar los centros de datos en todo su ciclo de vida, desde la extracción de los minerales hasta el depósito de basura”, explicó.

Pena entiende que la lógica de producción de este tipo de proyectos busca dirigir los costos al Sur Global. “Es la vieja idea de que América Latina es un grifo y un sumidero, una canilla y un basural. Al ser tecnologías relativamente nuevas, la mayor parte de la gente no las entiende y es bastante difícil de denunciar o, por lo menos, problematizar su implementación y empezar a discutir”, finalizó.