El oeste de Montevideo refugia historias de personas que protegen su comunidad de diferentes maneras. Iberia Dori Cabrera tiene 81 años y ha vivido en la zona de Punta Espinillo toda su vida. Es referente de la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, fundó un grupo de adultos mayores de la zona hace casi una década, fue productora y actualmente continúa elaborando mermeladas, dulces y licores para vender. Ella participa en varias iniciativas que impulsan el territorio. Fue una de las promotoras de la biblioteca popular en la capilla San Luis Gonzaga y también de Jardines de Punta Espinillo, que busca que “los diferentes pobladores de la zona embellezcan sus veredas o los frentes de sus propiedades manteniendo limpias las cunetas y plantando flores”. Cabrera destaca que la jardinería es beneficiosa para la salud, mejora la movilidad, estimula la creatividad y reduce el estrés. Su jardín está cubierto de diversidad de flores, todas de distintos colores. Tiene como decoración una bicicleta que utilizó para ir al liceo Bauzá. Recuerda que en aquel momento no era fácil ni el traslado al centro educativo ni las condiciones sociales. Sin embargo, sus padres –peones que llegaron a la capital desde el campo de Maldonado– la apoyaron y terminó sus estudios. Su jardín es una especie de representación de lo que ella quiere para su comunidad: darle color, “tratar de empujar” a los demás y “dejar huella”.
“Yo trabajé toda mi vida en este lugar y por las cosas de este lugar”, expresa Cabrera. Ella pone sobre la mesa su deseo de que “alguien siga” con este espíritu y deposita su esperanza en los “jóvenes que eligieron este lugar para vivir”. “A mí me gusta que se avance en la zona, también tenemos derecho a tener comodidades, tener luz, tener las cosas que el mundo tiene, pero que se vengan los contenedores, no tengo ganas. Ojalá podamos lograr que esto se pare. Una empresa paga la multa –que no le hace ni mella– y sigue”, lamenta. Ella apoya un movimiento de vecinos que se está gestando y busca la defensa de la ruralidad de Montevideo. El colectivo está juntando firmas –estiman que llevan recolectadas alrededor de 700– y, según consta en el texto que reparten a la ciudadanía, está conformado por personas que rechazan la “revisión parcial” de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, impulsado por la Intendencia de Montevideo (IM) y puesto en manifiesto a mediados de este año.
“El borrador de decreto de revisión de las directrices departamentales, en sus artículos 48 y 50, pretende habilitar ‘enclaves suburbanos’ que autorizan el uso por parques logísticos de contenedores y camiones sobre suelos rurales, ya instalados de forma completamente irregular, aceptando la muerte total de la tierra en aproximadamente 275 hectáreas”, dice el texto elaborado por los habitantes, que es utilizado para conseguir nuevos apoyos. Resalta que esta “habilitación de enclaves” consolida “nuevos ejes de expansión de la logística por parches, agravando la situación y sentando un precedente nefasto de incumplir el ordenamiento territorial, hacer lobby y luego ser habilitado”.
“Los depósitos de contenedores y estacionamientos de camiones y autos requieren destruir la fertilidad del suelo, instalar iluminación potente que afecta la fauna y la polinización de los cultivos, y un suelo rígido que sostenga el tránsito de camiones pesados. Esto sustituye el uso del suelo de pequeños/as productores/as familiares que producen alimentos –principalmente hortifrutícola–, afectando la disponibilidad y costo de dichos alimentos y haciendo perder fuentes de trabajo genuinas”, señala el movimiento. A su vez, estima que “estas 275 hectáreas equivalen a aproximadamente cinco millones de kilos de cebolla, zanahoria o acelga que dejan de producirse y 215 puestos de trabajo hortifrutícolas, en uno de los departamentos con mayores niveles de malnutrición y desempleo”. “La protección del suelo rural resulta fundamental no solo por ser el soporte de la producción actual de alimentos, sino también por constituir una reserva estratégica para una posible expansión de la agricultura a futuro. La pérdida de suelo rural es una pérdida de la capacidad de producir alimentos y de la soberanía alimentaria”, insiste.
Andés Crovetto, productor rural de la zona de Melilla.
Foto: Alessandro Maradei
El movimiento considera que los cambios generados por la logística “afectan negativamente a los y las productores/as contiguos, por el ruido y la polución de los camiones, la iluminación y el polvo”. “Esto hace cada vez más difícil el arraigo de la familia rural, agravando la migración campo-ciudad, la pérdida de saberes y la cultura rural. Esta pérdida de productores/as resulta especialmente relevante, en un contexto donde predomina un modelo de alimentación fuertemente industrializado, con un bajo consumo de frutas y hortalizas”, esgrime en el texto. Agrega que también “afecta negativamente los usos recreativos, emprendimientos de turismo rural y ecoturismo de la zona, que destacan por la calidad del paisaje y los ecosistemas, la tranquilidad y amplitud de los espacios” y la “habitabilidad de la zona, haciendo imposible vivir al lado de dichos centros logísticos”.
En el texto destaca que “gran parte de Montevideo Rural está comprendido dentro del Área Protegida Humedales del Santa Lucía, la cual se ve gravemente amenazada por este tipo de uso del suelo, por su impacto severo en la biodiversidad y las cuencas”. “En toda la revisión no se menciona ni una sola vez el área protegida ni aparece en los mapas”, manifiesta. Por otro lado, detalla que la IM tampoco “asegura ningún mecanismo claro y efectivo de freno de la expansión irregular de la logística sobre suelo rural, tras décadas de incumplimientos”. “Únicamente se remite a definir unos montos irrisorios de sanción (entre 50 y 50.000 unidades reajustables), fácilmente absorbidos por el capital de la logística internacional en sus inversores. No define ningún tipo de control ciudadano, mecanismos de denuncia rápidos y accesibles, actuación de otros organismos nacionales, o mecanismos de participación real de la población en el cuidado de la ruralidad y la naturaleza”, lamenta. Finalmente, el grupo considera que la revisión, “además de autorizar a quienes ya incumplieron la norma, deja el camino fácil para que la destrucción acumuladora continúe y años más tarde sean autorizados como hechos consumados, dando la espalda a las personas y ecosistemas”.
¿Qué plantea la IM?
En uno de los documentos que disponibilizó la Intendencia de Montevideo (IM) durante la puesta de manifiesto de la Revisión Parcial de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar a mediados de este año, se describe que “la necesidad de abordar la tensión por la demanda de suelo rural para actividades no propias de dicho territorio (logística, almacenamiento, industria, servicios turísticos y deportivos)” comienza a detectarse hace más de una década. En 2015 se conformó un equipo integrado por diversas reparticiones de la comuna; elaboraron un informe y “una propuesta de modificación para asignar a estos perímetros el atributo de transformabilidad”. Sin embargo, dice el texto, “estos avances no lograron plasmarse en decisiones institucionales firmes”. Seis años después, conforman otro grupo para atender la problemática. “Se recibieron aportes externos en cuanto a las particularidades del sector logístico y de su inserción en clave metropolitana. En los últimos meses de trabajo se incorporó la Oficina de Inversiones, indagando en modalidades alternativas de gestión para efectivizar la transformación del suelo”, añade. En 2022, a partir del intercambio entre los actores, se acordó iniciar el proceso de revisión de la herramienta de ordenamiento territorial.
Ibelia Dori Cabrera en su casa en Punta Espinillo
Foto: Alessandro Maradei
En el informe, la IM presenta datos sobre la superficie ocupada por tipo de usos de suelo entre 2013 y 2023. La superficie total estudiada fue de 3.449 hectáreas. En 2013, 1.424 hectáreas se encontraban ocupadas con diversos usos: 521 para “uso logístico/industrial”, 490 para “producción rural”, 97 para “usos deportivos a cielo abierto”, 90 para asentamientos irregulares, 63 para “viviendas formales” y 163 a “otros”, que engloba “actividades de comercio, servicio, extractivas, de infraestructura, movimientos de tierra y otros donde no se pudo precisar el uso”. En 2023, la superficie ocupada es de 1.567 hectáreas: 761 son de “uso logístico industrial”, 358 para “producción rural”, 127 para “usos deportivos a cielo abierto”, 114 para “asentamientos irregulares”, 61 para “uso habitacional formal” y 90 para “otros” usos.
El documento reconoce que los “cambios más notorios” fueron en el uso “logística/industria”, que “aumentó un 46% la superficie utilizada”, y en la producción rural, que “perdió 73% de la superficie”. “En el año 2013 los predios en producción rural o sin producción, o sea que poseían un potencial de transformación alto, eran 442. En el 2023, 64 de estos predios modificaron su destino, pasando a existir 378 predios con uso potencial rural y perdiéndose 367 hectáreas de producción. Las mayores transformaciones se dieron hacia el uso logístico/industrial, es decir, hectáreas que se encontraban en producción rural o disponibles para la misma se transformaron a dicho uso. Correspondiendo esta superficie a 232 hectáreas”, suma.
La comuna apunta que “la implantación de actividades en suelo rural ajenas a su vocación constituye una preocupación constante para la administración”. Afirma que “se vienen implementando diversas estrategias para su control, entre las que se incluyen el fortalecimiento de los mecanismos de promoción, coordinación y gestión del suelo rural, así como el refuerzo de los controles territoriales”. Manifiesta que “algunas de estas implantaciones responden a procesos territoriales acumulativos y complejos, desarrollados a lo largo del tiempo, e incluso anteriores a las actuales conceptualizaciones y regulaciones del suelo rural”. Entre 2023 y 2025, identificaron 522 padrones con actividades “fuera del ordenamiento”; de este número “al menos 388 parcelas rurales” estuvieron “fuera de los sectores con atributo de transformabilidad, en las que se desarrollan actividades impropias del suelo rural”. Los 134 padrones restantes tuvieron lugar en suelo rural con atributo potencialmente transformable. “Solamente en 51 de los casos detallados se identificaron autorizaciones de implantación aprobadas”, agrega.
En agosto tuvo lugar una audiencia pública donde jerarcas y técnicos de la comuna explicaron a la población las modificaciones que pretenden llevar adelante. El Observador consignó que 250 personas llenaron el centro cultural Artesano del barrio Peñarol. Representantes de la comuna explicaron que hicieron un relevamiento “caso a caso” de las instalaciones en suelo rural y que crearon “tres categorías” para atender las situaciones. Dentro de un primer grupo están “300 hectáreas de implantaciones que ya existen en el suelo rural y se las reconoce como suelo suburbano”. Según planteó el medio, se trata de 109 empresas que pasarán a estar instaladas en suelo suburbano. Un segundo grupo incorpora actividades que la comuna considera compatibles con el suelo rural y, finalmente, existe un tercer grupo que tratará la situación de emprendimientos “absolutamente incompatibles y dañinos para el entorno”. Esta última situación implicaría una relocalización.
La IM detalla en el texto varios objetivos de la revisión. Por ejemplo, “fortalecer la gestión sustentable del suelo rural que permita preservar sus capacidades productivas, conservar y restaurar sus ecosistemas y servicios asociados, y proteger el tejido rural productivo”. También señala que con los cambios intenta “optimizar las áreas previstas para usos no habitacionales, logísticos e industriales, sobre la base de desarrollar su gestión y disponer de nuevas áreas en el marco del modelo territorial definido en las Directrices Departamentales (arco logístico conteniendo la mancha urbana, protección del suelo rural, entre otros aspectos)”. Asimismo, busca “establecer la estructuración de las nuevas áreas propuestas, mediante un avance de proyecto que define un soporte adecuado a los usos no habitacionales previstos y aquellas infraestructuras necesarias para mitigar los impactos en las áreas urbanas y rurales”. También plantea que quiere “gestionar las implantaciones existentes no propias del suelo productivo”, “desestimular el establecimiento en suelo rural de actividades no propias del mismo” y “establecer los mecanismos de gestión que permitan la efectiva ejecución de las infraestructuras necesarias para transformar el suelo en las nuevas áreas propuestas”.
Zona de Logística en la zona oeste de Montevideo.
Foto: Alessandro Maradei
Voces locales
Vecinos y vecinas fueron el lunes a la Comisión de Planeamiento de la Junta Departamental de Montevideo. “Nos llaman a muchísimas reuniones, pero en realidad no te escuchan. Te dejan hablar, que des tu opinión, que digas lo que pensás, pero en definitiva no toman en cuenta las opiniones para después hacer las cosas”, plantea Tamara Ribeiro, vecina de la zona e integrante del movimiento de vecinos del oeste de Montevideo. “Yo no soy productora rural, pero vivo acá desde hace 25 años. ¿No puedo expresarme sobre mi lugar, sobre donde vivo, de mi barrio, de la gente que conozco? Hay directrices, hay normas; si las hubieran controlado en su momento, no tendrían este lío ahora”, sostiene. Ella tiene una quinta en su tierra. “Acá me pienso morir”, dice. Relata que, si bien en las reuniones con tomadores de decisiones y técnicos le han asegurado que la zona donde vive “no se toca”, ella no se puede “preocupar solo por su pedacito”. “Hay que preocuparse por todos, por mantener la biodiversidad, porque si no las generaciones futuras no sé qué van a heredar de nosotros”, lamenta. Enseguida, aclara: “Mis cosas las planto, tengo las composteras que me dio la intendencia, hay cosas que hacen que están buenas, no es que esté todo mal. El tema es que con esto que quieren hacer sentás un precedente que no está bien. Mañana viene alguien, se mete en la tierra, paga la multa –no le importa porque la plata le sobra– y después, con los años, lo regulariza”, expresa. Este argumento se repite al hablar con varios vecinos y vecinas.
Carolina Sabio es apicultora, hace 14 años que está radicada en la zona y también integra el grupo que está movilizado. Ella vive con su familia, tiene cinco hijos. “Estoy enamorada de mi trabajo, de las abejas. Es compatible con la crianza de mis hijos. La verdad que siempre me abrazo un montón a la apicultura porque es medicina, es alimento, es vida, porque sin las abejas ya sabemos que estamos fritos”, cuenta. Desde su perspectiva, “no es viable” que su forma de vida pueda “convivir con un modelo que arrasa”. “No es posible cambiar el suelo rural. Se pierde la riqueza que tienen los polinizadores y todo lo que implica”, remarca. A su vez, pregunta sobre el avance de la logística: “¿Es productivo para quién? ¿Para que se llenen los bolsillos unos pocos? Nosotros queremos apoyar la vida familiar rural, al productor familiar, el no pasar hambre y lo hermoso que es vivir acá en la ruralidad”.
Son varios los locales que plantean reparos a la propuesta de revisión y explican sus razones a la diaria. Daniel Pena, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, es uno de ellos. Están Daniela Martínez y Andrés Crovetto, productores convencionales familiares en la zona de Melilla e integrantes de la cooperativa agraria Jumecal. “Hemos notado que tenés vecinos que te ponen delante una figura de árboles frutales, pero detrás te pusieron una fábrica”, relatan. Alfonso Carriquiry, productor de su tambo agroecológico y exdirector de la Unidad de Montevideo Rural de la IM, también se encuentra interpelado por los cambios propuestos.
Otros integrantes del movimiento son Mauricio Vives y Wilma Rossi, de la Red de Semillas Nativas y Criollas, y su nieto Thiago Duarte, que está estudiando Veterinaria en la Universidad de la República. “La historia de la zona rural de Montevideo, y sobre todo de esta parte del oeste, es la historia de cómo convocaron a los vecinos a trabajar para hacer un plan de ordenamiento que se hizo, pero después nunca lo respetaron”, dice Vives. Wilma observa que, desde que llegaron al territorio hace más de dos décadas, “la zona ha cambiado muchísimo con la expansión de la logística”. “Estoy convencida de que mientras haya resistencia hay futuro. Veo gente joven, lo veo con mis hijos, con mis nietos. No solamente quieren el territorio que habitan, sino que también piensan en tener proyectos en este lugar”, finaliza.
