En los últimos diez años 1.733 personas defensoras del ambiente fueron asesinadas, según el último informe de la organización no gubernamental Global Witness. La cifra equivale aproximadamente a un defensor asesinado cada dos días, y 68% de estos delitos tuvieron lugar en América Latina. La cifra es preocupante y, según la organización, se trata de una subestimación causada por “los conflictos, las restricciones a la libertad de prensa y a la sociedad civil y la falta de seguimiento independiente de los ataques”. A pesar de las dificultades, la información deja en evidencia que nuestra región es la más peligrosa para las personas que defienden el territorio. Ante este contexto hostil, en el que el asesinato representa la más cruenta expresión de violencia pero no la única, un hecho que marcó un precedente fue la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. Se trata del primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y del primero en consagrar la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales.
Además, otros de sus pilares son el acceso a la información, a la justicia y a la participación pública en la toma de decisiones en asuntos ambientales. En 2021 el acuerdo entró en vigor y tiene la característica de ser vinculante, lo que implica que su implementación no se trata sólo de recomendaciones para los gobiernos, sino que estos tienen la obligación de cumplir con sus postulados. De los 33 países de América Latina y el Caribe, 25 lo han firmado y sólo 15 lo han ratificado. Tres claras ausencias son Brasil, Colombia –países que tienen la mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientales en la región– y Costa Rica –uno de los impulsores de la normativa–. De todas formas, como profundizaremos más adelante, que un país haya ratificado el acuerdo no quiere decir que esté cumpliendo los compromisos asumidos.
Entre el 19 y el 21 de abril tuvo lugar la segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo de Escazú en Buenos Aires, Argentina. Durante la instancia se definieron los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, pieza fundamental para que efectivamente los pilares del acuerdo sean respetados por los países. El órgano tiene la característica de ser “consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo”, según se establece en el texto de la normativa, pero debe asegurar “una participación significativa del público”.
Los seleccionados para integrar el comité fueron Guillermo Eduardo Acuña (Chile), Mariana Blengio (Uruguay), Rita Joseph-Olivetti (Granada), Patricia Madrigal (Costa Rica), Andrés Napoli (Argentina), Carole Stephens (Jamaica) y Félix Wing (Panamá). Blengio, la integrante uruguaya, es abogada y magíster en Derecho y Bioética, docente en la Universidad de la República y la Universidad CLAEH. También ocupó el cargo de directora y presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo entre 2017 y 2022. “El tratado ambiental de vanguardia en la materia, en base a sus particularidades, hunde sus raíces en el regionalismo americano y proyecta los derechos ambientales de acceso a la información pública, a la justicia ambiental y a la participación. Esto profundiza y potencia las garantías específicas de los derechos humanos en el derecho interno al incorporarse las disposiciones de este tratado en nuestro ordenamiento jurídico. Y esto, a su vez, determinará múltiples desafíos para su implementación”, dijo en diálogo con la diaria.
Actualmente Uruguay ocupa la presidencia de la Mesa Directiva del acuerdo. En Buenos Aires los mandatarios de nuestro país manifestaron estar construyendo una “hoja de ruta” para la aplicación de la normativa que ya está vigente. Por otro lado, 25 organizaciones de la sociedad civil uruguaya también se hicieron visibles y manifestaron “preocupación” por el “no cumplimiento de los principios rectores” del acuerdo.
¿Inicio del camino?
“Es un proceso que está en curso. Empezó con una etapa de diagnóstico para establecer lo que la Cepal llama línea de base o punto de partida. Toma en cuenta la identificación de actores, la normativa y las prácticas. Esto se está cerrando ahora, como un mecanismo de situación. Cuáles van a ser los cambios que implica, todavía no se conocen”, indicó a la diaria Marcelo Cousillas, director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente, sobre cómo se está construyendo la hoja de ruta. También anunció que en mayo se va a presentar una propuesta y “seguramente” habrá una reunión de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (Cotama), integrada por representantes de todos los ministerios, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Congreso de Intendentes, la Universidad de la República, cámaras empresariales, trabajadores y ONG ambientales. Luego, a mitad del año, con las propuestas que surjan de allí “empezará realmente el intercambio”.
Sin embargo, Cousillas adelantó que existe un punto que “está a la vista” y consiste en la creación de “un registro de emisiones y transferencias de contaminantes, que el acuerdo prevé”. ¿De qué se trata? “Básicamente es una base de datos que permite identificar el manejo y las emisiones de contaminantes. De esta manera facilita la gestión para todos, tanto para el Estado como para los privados. Cuando tenés que hacer un estudio de impacto sabés qué contaminantes vas a acumular”, explicó. “De alguna manera, nosotros ya tenemos el Observatorio Ambiental Nacional, pero lo que pasa es que la herramienta se utiliza en Europa “desde hace algunos años, pero es complejo implementarla porque tiene muchas cuestiones técnicas”. La idea de la cartera es “ir haciéndolo por etapas” para que pueda “ir dando resultados”.
Uno de los desafíos para nuestro país es hacer efectiva la participación pública en asuntos ambientales, tal como lo establece Escazú. Sobre este punto, Cousillas adelantó que “cuando se sepan los resultados, se tendrán las propuestas”. Dijo que en el Ministerio de Ambiente existe “preocupación que data de fines del año pasado” y se creó un grupo interno para “analizar y mejorar la participación en los ámbitos permanentes –como la Cotama y las comisiones de Cuenca– y en los ámbitos no permanentes, como las audiencias públicas”. “Todas las instancias de participación se han ido desarrollando de manera aluvional, a medida que fueron saliendo. No hubo, a lo largo de tantos años, una idea de planificar la participación e implementarla de manera organizada. Entonces, lo que de alguna forma está haciendo este grupo es revisar esto, tratar de encontrar las ventajas y las desventajas para tratar de organizarlas”, planteó.
Sobre el pilar de acceder a la Justicia en asuntos ambientales, Cousillas señaló que es uno de los puntos en los que “se tiene menos información”, aunque es conocida la necesidad de “mayor capacitación de los operadores de justicia”. “No sólo estoy hablando de los jueces y fiscales, estoy hablando de todos los operadores, incluyendo a los abogados. El tema es que todavía no tenemos legislación propiamente de procesos colectivos. Tenemos normativa, que en su momento fue muy buena, pero es de las décadas de 1980 y 1990. Perfectamente se podría pensar en algo más actualizado y, tal vez, el plan proponga algún tipo de rediseño en este sentido”, sumó.
En cuanto a acceder a la información ambiental, apuntó que la Ley 18.381 de acceso a la información pública está “muy en línea” con el Acuerdo de Escazú. “Habrá que ver cómo mejorar las prácticas para mantener un estándar de cumplimiento adecuado. De hecho, en la ley uruguaya de acceso a la información pública muchas veces se confunden temas que no son típicamente ambientales con temas ambientales. El Acuerdo de Escazú refiere exclusivamente a la información ambiental”, señaló. Cabe resaltar que la información ambiental es definida en el acuerdo como “cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medioambiente y sus elementos, y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medioambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales”.
En sus zapatos
Cousillas también oficia como presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú. En este contexto, también habló sobre el rol del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y cómo fue el proceso de selección de sus integrantes. “Se los elige por sus condiciones personales, sus antecedentes, guardando ciertos equilibrios. Las reglas de elección prevén que tiene que haber representación equitativa entre los géneros masculino y femenino, tiene que haber una representación equilibrada de las subregiones –América del Sur, el Caribe, América Central y México– y entre miembros que sean de estados parte y de estados que no sean parte. Las reglas también obligan a que haya un solo representante por país. Con todos estos criterios, se hizo un llamado público al que se presentaron 50 candidatos de más de 20 países. Se hizo un trabajo de selección hasta que se llegó a una lista de diez personas y se propuso en la COP elegir siete para la primera elección del comité y los otros tres quedaron como suplentes para el caso de que se produzcan vacancias”, puntualizó. La Mesa Directiva fue la encargada de esta tarea de selección.
Cousillas contó que el comité tendrá que “elaborar las modalidades de funcionamiento”, es decir, “las reglas sobre cómo va a actuar” para presentarlas en la próxima COP, el año que viene en Santiago de Chile. “Son expertos independientes, van a ser una voz muy escuchada. Por otro lado, es un comité nuevo, tiene que ir haciendo camino al andar. Hay mucha expectativa, no me gustaría estar en sus zapatos. Obviamente, es un conjunto de expertos que va a tener recursos limitados, no es que pueden hacer magia, pero la experiencia en otros acuerdos ha sido muy interesante”, declaró.
La otra cara
Mientras la COP tenía lugar en Buenos Aires, 25 organizaciones de la sociedad civil entregaron a la delegación uruguaya una carta en la que se enumeran conflictos ambientales que tuvieron lugar el año pasado y se hace hincapié en que el gobierno “no respetó los principios y disposiciones de Escazú”. Algunas de las firmantes de la misiva son Redes-Amigos de la Tierra, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo-Uruguay (Ciedur), la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la Federación de Funcionarios de OSE, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, la Intersocial Oeste contra la ruta 102, la Agrupación Tucu Tucu-vecinos de Arazatí y el Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales.
María Selva Ortiz, integrante de Redes-Amigos de la Tierra, resaltó en diálogo con la diaria que el acceso a la información sobre temáticas ambientales “se debe dar desde los momentos iniciales; tiene que estar accesible, entendible por los actores, las organizaciones, los vecinos y quien la vaya a leer”. Entiende que este derecho, junto con otros establecidos en el acuerdo, está siendo vulnerado en varios proyectos privados. En la carta se enumeran: el proyecto Neptuno-Arazatí, que busca construir una nueva planta potabilizadora de agua para abastecer la zona metropolitana; el proyecto Tambores, que tiene por objetivo construir en la localidad homónima ubicada en Tacuarembó una planta de hidrógeno verde y metanol; el megaproyecto inmobiliario Más Colonia; las obras de continuación, modelación y ampliación de la rambla de Punta Colorada; el data center que pretende instalar la multinacional Google en Canelones, entre otros.
Ortiz participó en la COP y contó que lograron visibilizar la situación de Uruguay, donde “no se está respetando Escazú”, y que esperan poder contar con nuevas herramientas para defender el territorio. “Se le entregó la carta a la delegación. No hubo comunicación de que estaba esta cumbre, de cómo funciona. Después de estar ahí, te enterás de que hay una inscripción de organizaciones o personas, que pueden elegir los delegados del público, que hay una cantidad de cosas que pasaron y nosotros como sociedad civil en Uruguay no estábamos ni enterados, cuando Uruguay tiene la presidencia del acuerdo. El Ministerio de Ambiente debería haber tenido una reunión previa con organizaciones y actores para que contaran el funcionamiento de un acuerdo tan estratégico como este. Es clave que las personas se enteren de los derechos que tienen a partir de que se ratificó”, exigió.