Marcel Achkar viene de un futuro que llegó hace rato. Es parte de un grupo de científicos que desde agosto del año pasado advertían que el desabastecimiento de agua potable era inminente en el sur del país. En un manifiesto firmado en octubre de 2022 por él y otros colegas del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Facultad de Ciencias y del Centro Universitario Regional Este (CURE), ambos de la Universidad de la República, expresaba que era “imprescindible” mejorar el estado del ambiente de las cuencas usadas como fuente de agua potable, en particular la cuenca del río Santa Lucía. También decían cómo hacerlo.
En ese breve documento señalaban además que era preciso mejorar el sistema de distribución de agua potable en la zona metropolitana de Montevideo, que pierde la mitad del agua que se potabiliza, arreglando el sistema de cañerías e implementando acciones para que el uso ciudadano e industrial de este bien común sea eficiente. Por ejemplo: tener “ciclos cerrados” de circulación del agua en fuentes de plazas y para el enfriamiento de calderas; premiar la disminución de consumo en verano; prohibir el riego de jardines; cobrar recargos por piscinas privadas; usar cisternas eficientes; descentralizar los sistemas de abastecimiento de agua potable, frente a la estrategia que tuvo OSE en los últimos 40 años, que fue cerrar los sistemas de abastecimiento locales y conectó (centralizó) todo a las líneas que venían de Aguas Corrientes.
Por otro lado, los autores del documento criticaban el proyecto Neptuno por los problemas ambientales que acarreaba, remarcando en primer lugar que el Río de la Plata “no es, ni puede ser considerado, una fuente infinita de agua para potabilización” dada la calidad del agua, comprometida por las floraciones de cianobacterias y la salinidad, que “supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizados en forma concomitante con períodos de bajas precipitaciones en las cuencas del Paraná y el Uruguay (eventos La Niña)”.
Ese manifiesto fue enviado personalmente por Achkar a todos los parlamentarios y a los ministros de Ambiente, Ganadería, Agricultura y Pesca, Vivienda y Ordenamiento Territorial, a la Secretaría Técnica de la Dirección Nacional de Aguas y a la OSE. Ante la falta de respuesta de autoridades gubernamentales, el director del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio del IECA afirma que “hay una actitud institucional que es negacionista del problema”.
El científico sólo recibió respuesta de algunos legisladores frenteamplistas y hace un tiempo se reunió con la Mesa Política del Frente Amplio, cuyos integrantes le hicieron algunas preguntas para pensar cómo implementar las medidas propuestas en el documento.
El jueves pasado, tras resolver las dudas de un becario en la pequeña oficina del piso 14 de la Facultad de Ciencias donde trabaja, Achkar recibió a la diaria. El sol empezaba a caer y teñía de naranja a la ciudad dividida por Avenida Italia. Febo iluminaba por igual los edificios que aspiran a ser rascacielos en Malvín y a los complejos de viviendas de asentamientos realojados; iluminaba a los estudiantes que salían de clase y a los caballos que pastaban en el campo de enfrente.
Hay gente que se indigna porque desde hace algunas semanas no puede lavar el auto con agua potable. Pareciera que, ante la crisis hídrica, la ciudadanía todavía no tomó cabal conciencia del problema. ¿Cómo lo ves?
No se está logrando transmitir la magnitud del problema desde los movimientos sociales y un pequeño sector académico que se están manifestando. Pero, por otro lado, hay todo un sector institucional que es negacionista del problema, y ellos no es que no logren transmitirlo sino que no quieren hacerlo. La crisis hídrica es manifiesta y explícita desde, por lo menos, agosto-setiembre del año pasado, a pesar de que algunas voces ya veníamos alertando que el período de La Niña iba a ser extendido. La OSE y los ministerios sabían que había que tomar medidas y lo negaron públicamente y en las comisiones de Cuenca. Fue una actitud negacionista militante por parte de las instituciones.
Hablemos sobre responsabilidades en la crisis hídrica. ¿Todos somos responsables, pero algunos más que otros?
No es lo mismo un jerarca de OSE que un operario. No es lo mismo el habitante de un barrio que alguien que todo el verano llenó su piscina, o la industria que estuvo malgastando el agua. Pero además, tenemos videos desde 2008 de tamberos rodeados de forestación que se tuvieron que ir porque se quedaron sin agua, y eso lo sabían también quienes hoy dicen que la preocupación aparece ahora porque el problema es de la capital. Por otra parte, es inmoral que el actual gerente general de OSE, Arturo Castagnino, responsable de la privatización del agua en Maldonado, sea quien proponga hoy el proyecto Neptuno y diga que está en el marco constitucional, cuando arrastra un fracaso que le costó muchísimo al país. En cualquier caso, me preocupa que las medidas urgentes no se hayan tomado y sigan sin tomarse.
¿Qué podemos esperar para las próximas semanas y meses?
Si esta situación es grave, en los próximos meses podemos esperar una situación peor porque, según las primeras tendencias que estamos viendo, en junio no llovería, al menos no lo necesario para incrementar el caudal. Parece que recién en primavera llovería. Se va a intentar potabilizar agua exclusivamente del Río de la Plata. La pregunta es cuánto tiempo puede aguantar Aguas Corrientes funcionando, porque no es una planta diseñada para trabajar con agua salada. En los próximos meses va a ser un agua de muy baja calidad.
Hay un sector de la población que ya solucionó el problema: se organizó, va al interior a buscar agua en su auto, pero hay un porcentaje numeroso que no puede hacer eso y sigue tomando el agua que brinda OSE. Eso tiene un límite: por ahora, la puede tomar sin mayores riesgos inmediatos, pero en el futuro, con el agua en peores condiciones, ni siquiera la va a poder consumir.
¿Cómo se está preparando el país para eso?
De ninguna manera. Por lo menos yo no lo visualizo. No hay una estrategia explícita para enfrentar esta situación de emergencia. No aceptar que estamos en esta situación nos limita el tiempo para construir soluciones. Tenemos agua a 300 kilómetros: si lo sabíamos desde agosto, en dos o tres meses se construía una represa para traer agua desde ahí, aunque sea provisoria. No se hizo. Se apuesta a que va a llover: todo nos indica que esas lluvias necesarias no van a aparecer. Estas lluvias no dan para generar un escurrimiento superficial para que el cauce recargue en Paso Severino, en Canelón Grande, en Santa Lucía.
También están las campañas engañosas, como el anuncio de la planta desalinizadora de Punta del Tigre. El área metropolitana consume 25.000 metros cúbicos por hora. Esa planta produce 150 metros cúbicos por hora. Daría para un hospital. No es una solución. La que iban a traer desde Estados Unidos, cuando la logren poner en funcionamiento, va a ser después de que se largó a llover. Por otra parte, es una plantita, no alcanza para abastecer el área metropolitana. No son soluciones.
¿La falta de lluvias puede afectar también los cultivos y el acceso a alimentos?
Allí la situación cambió un poco. Porque con las lluvias que hubo dio para cargar los suelos de humedad y las huertas pudieron volver a funcionar.
¿Qué podemos hacer?
A nivel local, los cambios son reversibles. Si bien arroyos como el Pantanoso o el Miguelete son irrecuperables, el río Santa Lucía todavía no está en una situación de degradación irrecuperable y sabemos lo que hay que hacer. Pero hay que actuar de forma urgente. Se debería implementar las 11 medidas del plan de acción para proteger el agua de esa cuenca que fueron aprobadas en 2013, con la inversión necesaria. Ahí hubo una cosa bien hecha, que fue cumplir en parte con la medida 8, cuando la OSE cercó la zona buffer de Paso Severino [esto implica que no haya laboreo de la tierra ni uso de agroquímicos, “para la conservación y restitución del monte ribereño como forma de restablecer la condición hidromorfológica del río”]. Eso funcionó: esa amortiguación capta y retiene los nutrientes.
También hay que estudiar en profundidad cuánta agua subterránea hay en la cuenca y qué calidad tiene: eso también requiere recursos. Otra medida es sacar la categoría de prioridad forestal a los suelos alrededor de la cuenca del Santa Lucía y evitar que se siga forestando. Hoy tenemos 4% del área de la cuenca forestada y 17% de los suelos que están categorizados como de prioridad forestal, que están cerca de las nacientes y de la planta de celulosa en Paso de los Toros.
Hay que reducir el uso de agrotóxicos y limitar la intensificación agraria. ¿Eso significa dejar de producir? ¡No! Estoy convencido de que se puede, incluso, aumentar la producción con medidas conservacionistas. Tenemos el marco legal de la Ley de Promoción de la Agroecología; está demostrado a nivel mundial que la producción agroecológica, por unidad de superficie, produce más, genera menos ganancia neta, pero paradójicamente necesita más trabajo humano, por lo tanto genera más fuentes de trabajo que 1.000 hectáreas de soja y ganancias distribuidas entre más personas, en lugar de concentrar la riqueza en una sola.
Es decir, existen alternativas y soluciones. Frente a las evidencias, parece tonto no actuar. Pero tenemos ese comportamiento como sociedad: sabemos lo que nos va a pasar, pero lo negamos permanentemente. El nivel de improvisación e irresponsabilidad es alarmante.
Entre Europa y Asia mueven gas por miles de kilómetros, con volúmenes mucho más grandes que los nuestros. Si en agosto del año pasado nos hubiéramos puesto las pilas como país, ¿no tendríamos la posibilidad de contar con algo provisorio, como traer agua del río Negro, del Acuífero Guaraní, de la laguna Merín? Son lugares que tienen problemas también, pero no es el Río de la Plata, donde nosotros ocupamos una posición geopolítica muy importante (la entrada para la comercialización, que nos dio una ventaja histórica), pero la desventaja es que estamos a la salida de la cloaca: entonces, la calidad del agua del río en el estuario es compleja y cada vez va a ser peor. Y allí vamos, ponemos una toma y vamos a perder nuestra ventaja de tener agua potable de calidad.
¿Y a nivel de la ciudadanía?
Es fundamental que el gobierno implemente políticas públicas no represivas, sino de ordenamiento, que orienten a la gente y establezcan pautas de uso del agua potable que sean bien claras. Nos dimos el lujo de utilizar el agua de mejor calidad para las cosas más disparatadas, además de que los grandes consumidores tienen tarifa diferencial, y la señal que les estás dando es que usen que no pasa nada.
También hacen falta políticas públicas que orienten sobre los mecanismos de participación social en las comisiones de Cuencas y Acuíferos [previstas a partir de la reforma constitucional de 2004 y en el artículo 29 de la Ley de Política Nacional de Aguas de 2009, la 18.610] y en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida –que se está reactivando–, y que formen a actores políticos y técnicos para que no tengan prejuicios sobre la participación de vecinos y organizaciones, es decir, que entiendan que la opinión de la sociedad civil es válida.