Hace tan sólo unos días, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) dio a conocer los resultados de su primera Evaluación Mundial de Árboles. La cifra mundial es alarmante: 38% se encuentran en peligro de extinción. En América del Sur, 3.356 de las 13.668 especies evaluadas se encuentran en esta situación. La organización internacional que vela por la conservación de los bienes naturales enfatizó que su pérdida es una “amenaza importante para miles de otras plantas, hongos y animales”. Además, resaltó que son claves para la vida en el planeta por sus ciclos de carbono, agua, nutrientes y la regulación del clima. Esta cifra es tan sólo una muestra de cómo la biodiversidad –y con ella nuestra supervivencia– corre un alarmante riesgo.
La evaluación se presentó en Colombia, mientras transcurría la Conferencia de las Partes (COP por su sigla en inglés) sobre Biodiversidad, que tuvo lugar entre el 21 de octubre y el 1º de noviembre. Es la primera vez que los países se reúnen luego de adoptar el Marco Global Kunming-Montreal, con el que se pretende que cada país realice un plan de acción para frenar la pérdida de biodiversidad, entre otros puntos.
En la última semana de la COP estuvieron presentes pocos jefes de Estado, pero más de 100 ministros y delegaciones de las naciones acreditadas. Según consignó El Espectador, medio de prensa radicado en Colombia, uno de los principales objetivos de la conferencia era revisar qué tanto han avanzado los países en aterrizar las metas y objetivos del Marco Global Kunming-Montreal. Para llevarlo adelante, debían entregar sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad actualizados antes del inicio de la COP. Sin embargo, al cierre del primer día de negociación, sólo 35 países de 196 lo habían presentado. Únicamente tres países eran latinoamericanos: Surinam, México y Colombia.
En el caso uruguayo, el 25 de octubre se aprobaron por resolución del Ministerio de Ambiente (MA) las Metas Nacionales de Biodiversidad 2024-2030. Se trata de un documento de nueve páginas donde se mencionan los 23 compromisos que asumió nuestro país. Por ejemplo, uno de ellos consiste en que al final de este período “al menos 17% de la superficie degradada continental, costera y marina se encuentra bajo planes de restauración de ecosistemas”. Otro propone que “al menos 20% de la superficie terrestre y marina se gestiona eficazmente mediante el Sistema Nacional de Áreas Protegidas u otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas, integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplios”. Por otra parte, varias metas no son tan precisas. Un caso es que el MA se compromete a que “los niveles de contaminación de todas las fuentes se reducen a niveles que no sean perjudiciales para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos”.
En la resolución, la cartera establece que la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) deberá liderar la elaboración de una nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad mediante “un proceso participativo e inclusivo, que involucre a los actores pertinentes, tales como comunidades locales, el sector académico y científico, organizaciones de la sociedad civil, así como representantes de los sectores productivos y gubernamentales”. Sobre este proceso, que está en sus inicios, hablamos más adelante con el director de la Dinabise, Gerardo Evia.
El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, encabezó la delegación uruguaya que participó de la conferencia. En su discurso ante las demás autoridades, hizo mención a la Estrategia Nacional de Biodiversidad que abarcó el período 2016-2020. Señaló que se alcanzó “un cumplimiento moderado de las metas, con avances significativos en 75% de ellas”, aunque no precisó mayor información. Asimismo, anunció que se aprobó un nuevo instrumento legal que reconoce las “reservas privadas”.
“Esta legislación permite a los propietarios destinar sus tierras voluntariamente a la conservación, con reconocimiento estatal en territorios de valor relevante. Este modelo permite ampliar las áreas de conservación y destaca el rol fundamental de los sectores privados y las comunidades locales en la protección de la biodiversidad”, dijo.
El jerarca expresó que las medidas presentadas “permitirán alinear mejor las políticas nacionales con los compromisos globales y demostrar avances reales hacia nuestras metas comunes”. “Sin embargo, para que países como Uruguay puedan avanzar con mayor ambición y cumplir sus metas, es crucial fortalecer los mecanismos de financiamiento internacional, que nos permitan acceder a recursos en condiciones favorables y estables” subrayó.
Las reservas privadas
El artículo 4 de la Ley 17.234, que declara de interés general el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), establece que la autoridad ambiental “podrá declarar áreas de conservación o reservas privadas a solicitud de los propietarios de las mismas, de conformidad con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo”. También dice que la declaración será revocada ante “la falta de cumplimiento por parte de los propietarios de las condiciones” establecidas.
En este contexto, en octubre, el MA aprobó un “Instructivo para la tramitación de declaración de Reservas Privadas”. Los interesados deberán presentar documentación que acredite la propiedad del padrón o los padrones que buscan declararse como reserva, deberán ser delimitados en un plano a escala adecuada y tendrán que relatar los “aspectos destacados que justifican su declaración y objetivos de conservación, así como estrategia de manejo que incluya la zonificación del área”. Podrán pedir la categoría por el plazo de 5, 10 o 30 años. Asimismo, añaden dos criterios excluyentes: que los predios contengan “ambientes naturales, incluyendo aquellos en proceso de restauración, cuyos valores de biodiversidad y culturales sean identificados a nivel nacional o local” y que “dicha superficie se gestione con el fin de lograr resultados positivos de conservación de los valores identificados”. Por otra parte, se aclara que “quedan excluidos de la posibilidad de ser declarados como reserva privada los establecimientos donde se mantengan animales en cautiverio”.
En el instructivo se detallan los criterios de conservación que serán tenidos en cuenta. Entre ellos, se incluye el “contribuir a la conectividad estructural y funcional de los paisajes”, “contar con especies nativas amenazadas de extinción y/o prioritarias para la conservación”, contener “formaciones geológicas y/o geomorfológicas relevantes para el país” y “promover el uso y conservación de la agrodiversidad”.
Por otra parte, también se hace hincapié en los criterios de gestión del sitio. Los propietarios deberán asegurar “acciones para mantener y mejorar el estado de conservación de los valores naturales”, “contribuir con el estado de conservación y/o evitar la degradación de los ecosistemas a través de prácticas de producción sostenible” y “llevar a cabo actividades de turismo sostenible, educación ambiental, investigación, estudio y/o monitoreo del ambiente”, entre otros puntos. Luego de que se gestione la solicitud, el documento expresa que personal del MA irá al sitio de forma presencial para constatar lo presentado. Los titulares de la reserva deberán presentar un informe anual para su seguimiento y se le realizarán visitas.
No hay ni un mínimo ni máximo de superficie para solicitar la declaración. La persona que hizo la solicitud de declarar el territorio como reserva puede darle de baja si así lo desea, avisando a la autoridad correspondiente. En caso de que un predio ingrese al SNAP luego de haber recibido la declaración de reserva privada, cae automáticamente esta última.
Gerardo Evia, director de la Dinabise, dijo a la diaria que están trabajando con el Ministerio de Economía para “establecer una línea de base y necesidades de financiación para distintos proyectos en materia de biodiversidad con el aporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”. “Es un proyecto que se llama Biofin, que son finanzas para la biodiversidad. Esperamos en el mediano plazo poder lograr, a partir de estas iniciativas, incentivos adicionales a los que podemos dar hoy. No contamos con recursos para eso”, señaló.
Varias negociaciones sobre la mesa
Es jueves y Evia responde desde la COP en Colombia. “En términos generales hay avances, pero como siempre estas cosas son menos rápidas que lo que se desea”, confiesa. Financiamiento para salvaguardar la biodiversidad sin endeudar aún más los países de menores recursos, información digital genética y las metas a la que se comprometen los países son tan sólo algunos ejemplos de las discusiones que se están dando allí, según consignaron varios medios y confirmó el jerarca. “Esta es una COP de implementación. Entonces básicamente son documentos técnicos donde se discuten los reportes que van a tener que presentar los países, con qué indicadores, cómo se van a evaluar. Es toda una área de trabajo que se está negociando”, declara.
Con respecto a la financiación, Evia relata un poco el debate que se está dando: “Hay países que establecen que deben ser retribuidos de alguna manera por conservar la naturaleza en el planeta. Hay toda una discusión en torno a esto, que tiene una base conceptual de Justicia. Nosotros como país –es una política de Estado– aceptamos nuestras responsabilidades compartidas, pero con capacidad diferenciada. Tenemos nuestras propias responsabilidades, tenemos que cuidar nuestra biodiversidad, por una cuestión ética, pero también reclamamos que para mantener la biodiversidad, los países desarrollados que cuentan con mayores recursos y están interesados en esto, tienen que hacer una contribución diferencial. En la COP no se están negociando aportes ni fondos. Hoy acá se está discutiendo cuáles van a ser los mejores mecanismos para implementar la transferencia de recursos”.
Por otro lado, se consultó al director de la Dinabise sobre por qué algunas metas que presentó Uruguay podrían considerarse demasiado generales. Por ejemplo, una de ellas dice: “los niveles de invasión de especies exóticas se reducen y sus impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas se mitigan, a través del diseño, implementación y monitoreo de medidas para su control, incluyendo la gestión y difusión de información y conocimiento y priorizando las especies con mayor riesgo de invasividad”. Evia relata que fue “una discusión” y lo que se buscó fue plasmar “visiones de futuro, a dónde queremos llegar”. “Algunas tienen objetivos más concretos, numéricos, porque la propia convención lo plantea”, apunta. Enseguida suma que “2030 está a la vuelta de la esquina” e intentaron partir “con una base realista sobre lo que podemos conseguir con lo que tenemos avanzado en trabajo”.
La información en disputa
Otra de las negociaciones que estuvo sobre la mesa en la COP versó sobre la Información Digital Genética. Según detalló El Espectador, el texto tiene 18 páginas que buscan repartir mejor los beneficios del uso de los datos genéticos de la naturaleza, que son acaparados por grandes empresas. Evia dijo que “la negociación es para ver cómo se va a implementar un mecanismo multilateral para la distribución de beneficios de la información genética almacenada en secuencias digitales de información”.
“Uruguay tiene una legislación que establece que si obtenés un recurso genético de un elemento de la biodiversidad uruguaya y lo utilizás para generar un producto que va a ser comercializado, nosotros podemos negociar con la empresa, persona o quién sea, y tiene que hacer una contribución al país, a través del Ministerio de Ambiente, para distribuir los beneficios que obtenga a partir de ese producto. Eso está en el marco del Protocolo de Nagoya. Ya hemos hecho algunos acuerdos de distribución de beneficios con algunas empresas que han desarrollado productos a partir de la biodiversidad de Uruguay. Sin embargo, la información genética circula por el mundo bajo un formato de secuencias digitales. Se secuencia la información genética y se publica, no precisás el animal ni el ADN para extraerlo, y con eso ya tenés la información. Por eso la Convención estableció la necesidad de un mecanismo global, porque es muy difícil de trazar de dónde vino la información genética”, explicó.
Al respecto, señaló que Uruguay está tratando que “lo que se cobre a empresas pequeñas por el desarrollo biotecnológico no sea gravoso o no se cobre, para poder estimular el desarrollo de la biotecnología a nivel país”. Asimismo, también está pendiente la discusión sobre cómo serán distribuidos los beneficios obtenidos a partir del fondo global que se busca crear.