Un grupo de 63 organizaciones sociales y ambientalistas firmaron una carta dirigida a las y los precandidatos a la presidencia de los distintos partidos políticos en la que expresaron su preocupación por la “crisis sin precedentes sobre la calidad del agua disponible” que atraviesa Uruguay, cuya “gravedad”, en sus múltiples dimensiones, “no está siendo comprendida por el sistema político”.
“Es necesario que se trabaje en un proyecto de país que no solamente genere trabajo local y valor, sino que lo haga con justicia social, económica y de género, y además defienda las bases materiales que sustentan la vida”, dice el documento, difundido este jueves. “No es posible el sostén y la reproducción de la vida cuando se afecta un componente básico del ecosistema como el agua. Un modelo de desarrollo, a costa del agua, carece de sentido”, expresaron.
En este sentido, las organizaciones plantearon cinco puntos clave sobre los que las fuerzas políticas deberían pronunciarse en el marco de la campaña electoral. En primer lugar, mencionaron el “rol activo del Estado en la limitación de los monocultivos y la forestación” y preguntan a los postulantes a la presidencia qué planes tienen para limitar los monocultivos forestales, de soja, maíz o arroz “para que no se agraven sus consecuencias negativas a nivel social, ambiental y económico”.
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Luego, apuntaron a la “necesidad de que el Estado detenga y revierta los procesos de privatización del agua”. Los grupos firmantes fundamentaron que la ley de riego “habilita el acaparamiento de agua”, “favorece la reproducción de la desigualdad social” y “atenta contra el derecho humano de acceso al agua”. En ese sentido, preguntaron si, teniendo en cuenta las consecuencias ambientales, sociales y en materia de derechos humanos de esta normativa, “están de acuerdo en seguir impulsando la economía a costa de tener que asegurar la apropiación de agua a inversores y grupos de poder”.
En tercer y cuarto lugar, pidieron a las y los precandidatos “soluciones para que el Estado garantice el abastecimiento de agua potable en la capital y la zona metropolitana”, y consultaron qué propuestas tienen para la “promoción e incentivo para el desarrollo de la agroecología” y para “proteger a los productores familiares y pescadores artesanales”.
Por último, cuestionaron cómo se va a “garantizar la participación activa y vinculante de la población en la planificación territorial” y cuáles son las medidas que piensan aplicar para la “preservación y recuperación de ecosistemas”.
De acuerdo a las organizaciones, “la falta de planificación en cuanto al crecimiento urbano amenaza con el deterioro de numerosos ecosistemas, como es el caso de los ecosistemas costeros”, y “más grave aún es que el Estado esté participando para promover y facilitar que los procesos de especulación inmobiliaria se den de forma improvisada y en la mayoría de los casos de forma irregular”.