Organizaciones de Colón –ciudad de la provincia argentina Entre Ríos, que tiene su costa sobre el río Uruguay– viajaron a Montevideo y entregaron esta semana cartas dirigidas al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. En el texto brindan su posición sobre la viabilidad ambiental de localización presentada por la compañía HIF Global, que busca instalar una planta de combustibles sintéticos y obras anexas en Paysandú, concretamente en un padrón lindero al río Uruguay, al área protegida Islas del Queguay y a tres kilómetros de Colón. En concreto, los habitantes solicitan que las carteras rechacen la ubicación propuesta por la empresa y que, “en el marco de sus competencias, actúen en defensa del interés público y del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Oriental del Uruguay”.
En paralelo, organizaciones socioambientales uruguayas pidieron a Ortuño que el período de puesta de manifiesto –momento en que la ciudadanía puede enviar comentarios a las autoridades– de la viabilidad ambiental de localización de la planta de combustibles se extienda para poder analizar con precisión la documentación de la empresa y, de esta forma, emitir su opinión. La presentación de este documento es el primer paso que deben dar los privados para obtener la autorización ambiental previa. También deberán hacer un estudio de impacto ambiental completo, otra puesta de manifiesto, y las autoridades deberán coordinar una audiencia pública.
Argentinos piden apostar por una transición ecosocial construida por “pueblos hermanos y las comunidades”
Entre los 15 colectivos de Colón que firmaron la misiva que entregaron a las autoridades están Somos Ambiente de la Costa del Uruguay, la Confederación General del Trabajo (CGT), el Observatorio Ambiental de Concepción, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios y el Círculo Médico Colón. El Zumbido informó que recibieron el asesoramiento jurídico de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. Uno de sus principales pedidos consiste en que el gobierno brinde “intervención ineludible en el proceso de debate y concertación diplomática del proyecto” a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El informe elaborado por los vecinos cita varios fragmentos de la viabilidad ambiental de localización presentada por la empresa. Por ejemplo, uno de los tramos dice: “En consideración de su ubicación y la visibilidad desde la costa argentina, particularmente desde la ciudad de Colón, se ha manifestado cierta controversia ligada a su localización, más enfocada a los cambios en el paisaje y visuales, así como los riesgos de contaminación. Los estudios que permitan predecir los impactos ambientales sobre estos factores deberán conducirse en el marco del Estudio de Impacto Ambiental. En consideración de los criterios anteriormente expuestos, con el nivel de conocimiento y el desarrollo del proyecto a estas instancias, estos aspectos –si bien de preocupación a nivel de las comunidades vecinas– no inviabilizan la localización del proyecto, pudiendo prever medidas de mitigación y/o compensación en casos de impacto que se determinen de magnitud”.
Los locales consideran “alarmante, profundamente preocupante y gravemente peligroso” que se realicen “los estudios sobre cambio de paisaje, visuales, así como los riesgos de todo tipo de contaminación” luego de aprobada la localización. Sostienen que son “los temas casi centrales de observaciones e impugnación social desde diversos colectivos sociales”. Indican que realizar los estudios luego de definida la ubicación de la planta “es una contradicción” que “atenta contra un debate leal, sincero y amplio para con las comunidades involucradas y potencialmente afectadas”. También ponen sobre la mesa otros impactos identificados por los privados, como la “pérdida o fragmentación de hábitats naturales” y la “percepción social negativa asociada a la presencia física de las obras y la infraestructura montada para los proyectos”.
Piden que, “previo a la autorización” de la localización de la planta, se haga una “intervención” de la CARU. A su vez, destacan que “no existe diálogo” con los colectivos sociales organizados de Entre Ríos. Entienden que, de consolidarse, sería un hecho “de características aún más graves que el caso Botnia, pues ya existe semejante precedente que tanto debilitó la confraternidad y ejercicio de la ética del cuidado compartido de la cuenca que nos une”.
Recuerdan que, “en el marco de la visión de corredor biocultural del río Uruguay”, se debería “dar formal intervención” al proyecto binacional llamado Adaptación al Cambio Climático-Río Uruguay, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Entienden que este podría ser un espacio donde dialoguen saberes que propicien “una transición ecosocial construida por los pueblos hermanos y sus comunidades”. Esta iniciativa, según detalla el PNUD en su página web, tiene como objetivo desarrollar herramientas e intercambiar experiencias de planificación y gestión para contribuir a la reducción de vulnerabilidad y a la gestión integral de riesgos con “un enfoque de adaptación al cambio climático, una perspectiva de género, generaciones y derechos humanos”. Uno de sus cometidos es pensar en la adaptación “asociada a ecosistemas y áreas naturales protegidas”. En esta línea, los vecinos entienden que la ubicación del megaemprendimiento es “inviable, contradictoria y profundamente injusta en el marco del respeto a las normas de la democracia ambiental” y “de las herramientas de participación ciudadana con visión de cuenca”.
Uruguayos piden extender la puesta de manifiesto para garantizar la participación de todos los actores
Varias organizaciones socioambientales uruguayas, entre ellas la Red Nacional No al Hidrógeno Verde, la Red Unión de la Costa, Redes-Amigos de la Tierra, Agua es Vida, el Movimiento Ambiental Delia Villalba, la Red Nacional en Defensa de los Humedales, la Agrupación de Funcionarios de UTE y el Movimiento por un Uruguay Sustentable, enviaron una misiva al Ministerio de Ambiente. Describen que desde el 18 de setiembre está en puesta de manifiesto la viabilidad ambiental de localización de la planta de HIF Global y señalan que el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental establece que dura diez días hábiles. Consideran que debido a la “preocupación social” y la “repercusión mediática” generada por “las posibles afectaciones ambientales y sociales” de la iniciativa, resulta “de especial interés de la comunidad que se prorrogue el plazo otorgado para que todos los interesados puedan presentar por escrito las consideraciones que entiendan pertinentes”.
“La comunidad y la sociedad uruguaya en general han expresado reiteradamente la necesidad de que se generen espacios e instancias de participación para poder aportar su mirada. La complejidad del proyecto y las diversas actividades que se realizan en el área de influencia hacen que sea interés de la comunidad del departamento de Paysandú y de todos los uruguayos poder analizar con conciencia y dedicación todo lo concerniente al mismo”, subrayan. Afirman que la solicitud de prórroga no afecta a terceros y recuerdan que la medida ha sido aplicada para otros proyectos.
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