Vecinos y vecinas de Puntas del Parao, localidad ubicada en el departamento de Treinta y Tres, en el límite con Cerro Largo, junto con la agrupación Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la laguna Merín, denunciaron meses atrás que se estaban llevando adelante proyectos forestales “sin cumplir con la normativa ambiental vigente y sin ningún tipo de consulta ni respeto a las comunidades” que habitan en el territorio. En concreto, alertaron sobre las actividades de dos empresas: FEUS Negocios Forestales y Forestal Las Flores. Entre los incumplimientos que describieron los habitantes de la zona está la tala de monte nativo para poder instalar encima sus eucaliptos, la aplicación de herbicidas, movimientos de tierra, la construcción de caminos rurales y las “plantaciones a escasos metros del arroyo Parao, viviendas y una escuela rural”. Los locales pedían frenar el avance “silencioso” de la forestación, que no conviertan su territorio en “zona de sacrificio” y que tanto el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, como el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, vayan al sitio para entablar una conversación. En ambas carteras presentaron denuncias.
A fines de setiembre, el Área de Control y Desempeño Ambiental de la División Emergencias y Denuncias del Ministerio de Ambiente notificó a los vecinos y vecinas que había novedades. Elaboraron dos informes y los habitantes los compartieron con la diaria: uno referido a FEUS Negocios Forestales y otro sobre Forestal Las Flores. En el primero, los técnicos les transmitieron que analizaron los antecedentes que tenía la empresa FEUS Negocios Forestales y detectaron que la compañía, si bien comenzó los trámites en la cartera para llevar adelante su proyecto denominado Don Charly, “no cuenta con autorización ambiental previa, según lo dispone el Decreto 349/05”. La iniciativa había sido catalogada como “B” en noviembre de 2024, que incluye “aquellos proyectos de actividades, construcciones u obras cuya ejecución pueda tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas conocidas y fácilmente aplicables”. En este tipo de iniciativas debe realizarse un estudio de impacto ambiental sectorial.
El proyecto Don Charly pretende abarcar varios padrones y uno de ellos se encuentra a seis kilómetros del área protegida Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal. El 20 de mayo, los técnicos de la cartera realizaron una inspección en este último lugar y, según dice el informe, constataron “lo denunciado”. Un mes más tarde, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental le manifestó a FEUS Negocios Forestales “que debía suspender en forma inmediata la plantación de eucaliptos y todas las actividades asociadas correspondientes al proyecto forestal Don Charly en el padrón”. Le transmitieron que se encontraba “pasible de sanción por haber ejecutado la actividad de plantación de eucaliptos [...] sin contar con autorización ambiental previa”. El 1° de setiembre, mediante una resolución, la cartera intimó nuevamente a la compañía al “cese inmediato de plantaciones de eucaliptos y todas las actividades asociadas correspondientes al proyecto forestal Don Charly”. En el documento, los técnicos indican que “se inició una sanción contra la empresa por haber realizado plantación sin contar con la autorización ambiental correspondiente” y que “el monto de la sanción que le corresponde se determinará por parte del Área de Evaluación Ambiental”.
El segundo informe, que evidencia las actividades de la compañía Forestal Las Flores, describe que uno de sus padrones cuenta con autorización ambiental, pero aclara que a esta plantación “se le aplicó una multa por haber iniciado la actividad sin haber solicitado la autorización ambiental previa”. El 20 de mayo de este año los técnicos fueron al predio y constataron “la plantación de eucaliptus en dicho padrón”. Subraya que, “al ser un trámite de convalidación ambiental, no cuenta con ficha ambiental, por la cual el emprendimiento no figura en el visualizador del Observatorio Ambiental Nacional”. Indica que “la evaluación del cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización ambiental con que cuenta dicho padrón” serán controladas. Pero no termina aquí.
En el documento realizado por los técnicos del Ministerio de Ambiente se aclara que la empresa Forestal Las Flores “no solicitó autorización ambiental previa” para sus plantaciones en otros padrones “ni tampoco surgió de la búsqueda en el sistema de expedientes electrónicos GEX del ministerio que se hubiera presentado Registro Ambiental de proyectos forestales (que se aplica si las plantaciones forestales afectan entre 40 y 100 hectáreas)”. Subraya que, “a través de imágenes satelitales” de tres padrones adyacentes ubicados en Treinta y Tres, “encontraron evidencias de afectación del suelo”; el 16 de junio la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental le transmitió a la empresa “que debía informar el tipo de actividades y el área afectada” en este territorio. Un mes más tarde, Forestal Las Flores respondió que en los tres padrones “existe una plantación de eucaliptus grandis plantada en la pasada primavera de 2024, en un área efectiva plantada de 69,34 hectáreas”. La cartera le pidió a la empresa, mediante una resolución, el “cese inmediato” de estas plantaciones “hasta obtener el registro ambiental que le corresponde”. Agrega que “el seguimiento de las actuaciones que correspondan a continuación se realizará por parte del Área de Evaluación Ambiental”.
Un contexto “favorable para las forestales” pero “desgastante” para los vecinos que presentan denuncias
“Los informes confirman lo que denunciamos, que [las empresas] eliminaron monte nativo, aplicaron herbicida, incluso plantaron árboles e hicieron caminos internos. Sin embargo, lo único que dicen es que intimaron e iniciaron un proceso sancionatorio, pero no mencionan una restauración, de que tengan que retirar los árboles”, plantea a la diaria Bruno Coiro, integrante de la Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín. Beatriz Rivero, vecina de Puntas del Parao y productora familiar, comenta enseguida que el proceso fue “muy lento” y “sin una respuesta concreta”. “Nosotros lo que queremos es que paren, y las empresas no pararon. Cuando vinieron a inspeccionar estaba todo hecho y hecho quedó. Ayer pasé por el lugar y desde el camino se ven los arbolitos, tienen casi un metro. Implica mucho hacer una denuncia y la respuesta no es nada”, lamenta. Ambos tienen el temor de que las compañías paguen las multas, obtengan las autorizaciones y la situación se diluya sin más.
Monte nativo y forestación en Puntas del Parao. Foto: Asamblea Hue Mirī en defensa de la Cuenca de la laguna Merín.
Marcos Míguez, integrante de la Federación de Funcionarios de OSE y la Asamblea Hue Mirī, también ve con “preocupación” la “falta de garantía que hay desde el Estado hacia la gente que denuncia”. “Al hablar con el Ministerio de Ambiente y diferentes organismos te dicen: ‘Hay que denunciar’. Sin embargo, lo primero que pasa cuando uno denuncia, y fue lo que pasó en Puntas del Parao, es que las empresas se enteran de quiénes lo hicieron. Te dan una respuesta, que es satisfactoria, pero después no hay verdaderos controles. En este caso se denunció, tuvimos una presión fuerte, pero queda en esto y no pasa nada”, remarca. En esta línea, Rivero cuenta que la detección de esta situación irregular comenzó con “una simple pregunta, después vienen las derivaciones” y ahora son “un montón” de personas que están siguiendo la problemática, pero insiste en que muchas veces necesita el apoyo de su comunidad de forma más activa.
“El problema de esto es que termina siendo desgastante. Uno está denunciando irregularidades –tremendas irregularidades, porque están pasando por arriba de las leyes, los acuerdos, la Constitución– y la respuesta del ministerio es muy tibia, después de varios meses. Pasaron cuatro o cinco meses para que nos respondieran. Encima, vemos que el predio forestado sigue intacto. La actuación del Ministerio de Ambiente parece ser abstracta en este momento, porque no se ve. Todos hemos escuchado la frase ‘¿para qué vas a denunciar si no pasa nada?’. El marco, el entorno, parece ser muy favorable a las empresas forestales y muy desfavorable para los vecinos. Uno entiende lo difícil que es sostener con tenacidad todo el proceso de las denuncias. Es desgastante, realmente, porque esto uno lo hace por fuera de sus actividades laborales, familia, un montón de cosas. Es un esfuerzo extra que uno hace para estar defendiendo el territorio y las respuestas son totalmente insuficientes”, señala Coiro. A su vez, Rivero apunta que es “difícil ser productora familiar” en un contexto de avance forestal. “Estamos rodeados”, resume, y cuenta las afectaciones que sufre la población. El temor a las fumigaciones y sus afectos en la salud, a que les dejen “el campo sin agua” y tener que vender los predios, son ejemplos.
Coiro dice que en la asamblea están convencidos de que “la mayoría del poder político piensa que el modelo forestal está buenísimo” porque “ellos no viven las consecuencias en el territorio, no las están viendo”. Y subraya: “Se quedan con los discursos de las empresas que salen en la capital. Ver desde la ciudad parece muy fácil, todo muy bonito, pero no están viendo cómo se nos secan los manantiales, cómo se empobrecen los suelos. Todo el mundo te lo dice acá”. También insiste con que no van “a parar hasta que se hayan retirado los árboles plantados ilegalmente y el ecosistema sea restaurado, porque la destrucción ha sido importante”.
Una conquista que genera expectativa
En setiembre, la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente anunció la creación de la Comisión de Cuenca del Río Tacuarí, que funcionará dentro de la órbita del Consejo Regional de Recursos Hídricos de la cuenca de la laguna Merín. En el período pasado, la Asamblea Hue Mirī había solicitado este espacio de participación porque se trata de una de las cuencas “más importantes en la región como fuente proveedora de servicios ecosistémicos fundamentales y de agua dulce para consumo humano de una gran cantidad de población y que, además, está impactada por distintas actividades forestales, agrícolas, ganaderas, industriales, y donde se prevén proyectos de alto impacto como emprendimientos industriales o terminales portuarias”. En 2024, la entonces directora nacional de Aguas, Viviana Pesce, les respondió: “Como ustedes saben, los recursos humanos y económicos que tenemos son limitados y debemos ser lo más eficientes posible en su uso. No vemos posible crear una nueva comisión de cuenca del río Tacuarí”. Sin embargo, la nueva administración cambió de opinión.
En este contexto, Míguez celebra la creación del nuevo espacio y atribuye a que esta decisión “era un tema de voluntad y querer dar espacio”. “Entendíamos que no había lugar para discutir temas del territorio. Al no existir la comisión, los temas se tenían que hablar en el Consejo de Cuenca de la laguna Merín. Muchos temas eran demasiado grandes, como la hidrovía, el hidrógeno verde, los puertos. Eran temas muy difíciles para abordar de la forma que lo queríamos hacer nosotros: desde el territorio, que venga un vecino o vecina y plantee la situación. Entendíamos que necesitábamos un espacio que sea de las bases, donde se pueda plantear este tipo de problemas [el caso de las denuncias por la forestación sin autorización ambiental], para después llegar al Consejo de Cuenca y dar una discusión más fina”, describió.
La comisión se reunirá por primera vez el 1° de noviembre en Puntas del Parao y esperan que pueda convertirse en un espacio de “construcción de alternativas”. Coiro cuenta: “Pedimos que fuera un sábado, que no sea una sesión común en un día de semana, y que fuera todo el día. Les pedimos a las autoridades que lleguen temprano, en la mañana y con tiempo para recorrer la zona. Queremos que vean las forestaciones que denunciamos, que vean dónde nace el Tacuarí. El manantial, las nacientes, es algo maravilloso. Queremos que vean cómo es el territorio, el ecosistema y el paisaje, que conversen con los vecinos y vecinas. También quisimos dar un espacio para los gurises de las escuelas rurales. Es necesario que participen, viven ahí. El futuro del río va a depender también del futuro de sus vidas. Es importante que ellos estén involucrados”. Rivero, Míguez y Coiro están ansiosos por ver la participación que tendrá el espacio.