“Llevamos pidiendo la palabra, señor presidente. Capaz no nos viste porque estamos lejos en el plenario”, dijo María Fernanda Souza, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Era el plenario final de la trigésima Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP30), precisamente el sábado 22 de noviembre, y la jerarca se dirigió al presidente de la conferencia, el veterano diplomático brasileño André Correa do Lago. Él acababa de dar el simbólico golpe de mazo para aprobar los indicadores de adaptación, un tema considerado “prioritario” por el gobierno de Uruguay antes de la conferencia y que debería servir para que los países puedan aplicar a fondos con el fin de hacer frente a inundaciones y sequías cada vez más frecuentes.
El problema es que Uruguay no estaba de acuerdo. “No estamos en el lugar para apoyar esta decisión en su manera actual. Estos indicadores para nuestros países son el modo de planificar políticas de agua, energía, agricultura, es el modo de proteger a nuestras poblaciones”, insistió Souza. La negociadora no sólo representaba con sus palabras a Uruguay, sino que también hablaba en representación de Ecuador, Argentina y Paraguay, miembros del Grupo Sur, unión que le tocó liderar al gobierno de Yamandú Orsi en la COP30. Parte del Grupo Sur también era Brasil. En términos prácticos, los anfitriones acababan de escuchar a sus aliados cuestionar de manera pública cómo habían conducido las negociaciones.
Uruguay no fue el único país al que Brasil dejó en visto antes de aprobarse por consenso tanto las decisiones de adaptación como las de mitigación, los dos tópicos más álgidos de una conferencia atravesada por un incendio en sus instalaciones, una manifestación de comunidades indígenas que terminó con tres heridos y unas instalaciones sin agua en los baños durante dos días. Antes de Uruguay había hablado Ana Aguilar de Panamá, que señaló en la plenaria que estaba “extremadamente decepcionada” porque Correa do Lago había prometido un “proceso transparente” que consideraba que no se había cumplido. “No podemos apoyar un resultado que nos hace retroceder años”, lamentó. En las dos semanas, pese a la calidez de su gente, Belém había fallado en representar el faro del multilateralismo que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva buscaba proyectar ante la ausencia de Estados Unidos y el complejo momento político en manos.
Pero si el incendio dentro de la conferencia se había llevado los flashes dos días antes, lo que pasaría a continuación fue un fogonazo aun peor a la percepción de la conferencia.
Al tomar la palabra, Daniela Durán, representante de Colombia, también se quejó, en representación no sólo de su país, sino de otros como Chile, de que no le hayan dado la palabra antes de la aprobación de los textos. “La COP de la verdad no puede ignorar la ciencia”, manifestó, en referencia a las palabras del presidente brasileño en su discurso de apertura de las negociaciones. “Según el IPCC, aproximadamente el 75% de las emisiones globales de carbono provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, lo que implica implementarla de forma justa, ordenada y equitativa”, exigió la representante colombiana, antes de rematar con la siguiente frase: “Negar la mejor ciencia disponible no sólo pone el régimen climático en riesgo, sino nuestra propia existencia. Este es un consenso impuesto por el negacionismo climático”. En concreto, se refería al fracaso inducido por países como Rusia y el Grupo Árabe (Emiratos, Egipto, Catar, Arabia Saudita, entre otros) de lograr que ni siquiera se nombre la palabra “combustibles fósiles” en los numerosos textos negociados, incluyendo la creación de una hoja de ruta de transición energética.
Pero a diferencia de las intervenciones de Panamá y Uruguay, las palabras de Durán por Colombia no eran una simple crítica a ser anexada como pie de página al texto que se acababa de aprobar. “Lo lamentamos mucho, pero Colombia objeta esta decisión”, dijo la negociadora. En el lenguaje de las negociaciones, significaba que el país oficialmente no daba su aprobación y, por lo tanto, el consenso no era tal.
Era una situación sin precedentes en la historia reciente de la conferencia. Afuera de la sala de la plenaria, y en medio de micrófonos y cámaras de periodistas, negociadores de Brasil, Panamá y otros países discutían lo que acababa de pasar. Durante 20 minutos hubo dudas de cómo proceder. “No se puede reabrir una decisión que ya fue aprobada, por un lado. Por el otro, Colombia tiene un punto al no habérsele dado la palabra”, comentó a periodistas un negociador de la Unión Europea, que de manera poco vocal apoyó la ambición colombiana de empezar a indicar el ritmo del abandono de la era fósil.
Perder de visitante
América Latina -y Uruguay en particular- había esperado ir a Belém do Pará, en las puertas de la Amazonía, con la confianza de quien llega a jugar un partido esperando un estadio lleno de hinchas locales. La sociedad civil incluso esperaba que el árbitro brasileño cobrase más para un lado. Nada más lejos de la realidad.
El gobierno uruguayo y el Grupo Sur llegaban con el objetivo de hacer real la idea de la “COP de adaptación”, con la adopción de indicadores que habían sido discutidos por dos años y la triplicación de los fondos disponibles para adecuar la infraestructura de agua, salubridad y ciudades a calores que ya no son normales.
Pero el anuncio de que la COP32 de 2027 será en Etiopía hizo que el grupo africano -que, a diferencia de América Latina, negocia de manera conjunta en un solo bloque-, con el apoyo de algunos europeos, propusiera extender la discusión dos años más. Por debajo en prioridad de las islas oceánicas y del Caribe, que enfrentan un desafío existencial con el aumento del nivel del mar, latinoamericanos y africanos han disputado quién se queda con el resto de la exigua torta del financiamiento climático. “Dependiendo de qué indicadores se adopten, países y regiones podrían quedar fuera del acceso a fondos”, explicaba una persona cercana a las negociaciones. Lo que terminó siendo aprobado no fue lo discutido y explícitamente excluye compromisos de nuevo financiamiento. De allí que Uruguay expresara su desacuerdo.
Además, el tema fue engullido por otras disputas como la que se dio sobre las llamadas “medidas unilaterales de comercio”. Este punto llevaba al menos tres años siendo bandera, tanto del agronegocio sudamericano como de la industria metalúrgica asiática, y logró ser incluido en la agenda, en parte gracias al lobby del llamado Espacio Parlamentario de la Agroindustria Sudamericana, que incluye a la Federación Rural de Uruguay y a sus contrapartes en Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia. Era una patada alta dirigida en específico a la Unión Europea, su ley antideforestación y el llamado Mecanismo de Ajuste de Fronteras de Carbono. El agro reclama que estas iniciativas van en contra de lo indicado en espacios como la Organización Mundial del Comercio y las reglas de la propia Convención de Cambio Climático sobre aranceles basados en argumentos climáticos.
La presidencia brasileña decidió darles la primera semana a consultas ministeriales sobre el punto, evitando así que los países se peleen por la agenda mientras estuvo presente Lula. Pero pronto lo que parecía una perspicaz jugada diplomática empezó a convertirse en serias dudas de la capacidad de encontrar puntos en común.
Para empeorar la situación, Uruguay no pudo encauzar disciplina dentro del propio grupo que debía liderar. Durante su intervención en la COP30, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, declaraba que “la acción climática debe avanzar de la mano de la reducción de la pobreza, la equidad de género, intergeneracional, étnica racial y la participación plena de las comunidades locales, las poblaciones vulnerables, rurales y mujeres con perspectiva de derechos humanos”.
Mientras que el gobierno de Yamandú Orsi firmaba un compromiso por una mayor ambición en el tema, Argentina y Paraguay boicoteaban las negociaciones haciendo eco de los sectores más ultraconservadores. La extrema diversidad ideológica dentro del Grupo Sur llevó a posiciones contradictorias similares en otras discusiones, como la del mecanismo de transición justa, en la que el gobierno de Milei rechazó el lenguaje de derechos humanos, o la de mitigación, en la que Paraguay objetó la necesidad de reconocer los derechos de la tierra de pueblos indígenas.
Rusia y Arabia Saudita festejan
Luego de discutir frente a medios de comunicación, la plenaria final del 22 de noviembre reinició con el anuncio de Correa de Lago de que, tras consultas con Naciones Unidas, efectivamente no sería posible reabrir la discusión sobre los temas en los que ya se había declarado consenso, aunque en realidad no lo hubiese. “Lo lamento profundamente”, dijo el diplomático. Y agregó que, “como muchos de ustedes, llevo días sin dormir” y “a eso hay que sumarle mi avanzada edad”. Estas fueron las razones por las que manifestó que no había visto que Uruguay, Panamá y Colombia pidieran la palabra.
Inmediatamente después del pedido de disculpas de la presidencia, vinieron las sendas intervenciones de apoyo por parte de Rusia y Arabia Saudita, que, como Brasil, son parte de los Brics. Mientras, en las calles de Belém, entre 30.000 y 50.000 personas realizaron una marcha que incluía “el funeral de los combustibles fósiles”, con féretros y hasta actrices haciendo de lloronas, el llamado Grupo Árabe -que incluye estados petroleros como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Catar- fue nombrado a la diaria por cuatro negociadores y observadores latinoamericanos en distintas áreas como el principal responsable del bloqueo de cualquier párrafo que refiriera a los fósiles. Uno de los ejemplos dados fue en las discusiones sobre daños y pérdidas causadas por el cambio climático, en las que el Grupo Árabe evitó que se incluyan menciones a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia publicada en julio. En el documento, el organismo había considerado que el no cumplimiento de compromisos climáticos “puede constituir un hecho internacionalmente ilícito”.
Por su parte, la organización Climate Action Network, que agrupa al principal grupo de observadores de las negociaciones, denunció que Rusia “había hecho de la obstrucción una disciplina olímpica”, incluyendo las discusiones de transición justa, donde “peleó con uñas y dientes” para evitar las menciones a combustibles fósiles. El esfuerzo fue exitoso. El texto final aprobado no habla ni de petróleo, ni de gas, ni de carbón.
Arabia Saudita pidió dos veces la palabra, lo que obligó a Correa de Lago a aclarar que “cualquier discusión en Bonn será sobre lo ya aprobado, y no sobre nuevos compromisos”, indicando su posición favorable al texto desprovisto de menciones a los fósiles. Lo mismo señaló India, que, además de “felicitar a la presidencia por su arduo trabajo”, indicó que “se dejaría un precedente peligroso si se abriera un ítem ya aprobado”. La peor imagen que terminó de derrumbar la impresión de la conferencia fue cuando el representante de Rusia, Sergei Kononuchenko, tomó la palabra. “Voy a hablarles en español, así los países latinoamericanos me entienden [...] ustedes se comportan como niños que quieren en sus manos todos los dulces”, lanzó. Ana Aguilar de Panamá respondió diciendo que “ojalá todos aquí nos comportáramos como niños hacia un futuro, en vez de viejos adultos sin futuro”.
Al final, la presidencia brasileña se limitó a informar que “incluirá las intervenciones en el reporte de la plenaria” y prosiguió con las votaciones. Colombia no volvió a intervenir, pero su presidente, Gustavo Petro, utilizó las redes sociales para reiterar la oposición de su país. Ya durante la cumbre de líderes, comentarios de Petro sobre atar un fondo de protección de bosques amazónicos al abandono de los fósiles había disgustado a Lula, de acuerdo con testigos de la reunión. Apenas dos semanas antes de la COP30, Brasil había aprobado perforaciones en el inicio de la cuenca de la Amazonía.
Carola Mejía, coordinadora de Justicia Climática de la organización Latindadd, fue tajante al afirmar que “Brasil desperdició la oportunidad histórica para que una COP finalmente conduzca a soluciones reales para frenar la crisis climática que afecta a millones”. Cuando las más de 50.000 personas empezamos a abandonar Belém do Para el fin de semana, sentimos en la piel la única certeza que tuvimos desde el primer día. Como cada jornada a las cuatro de la tarde, el tráfico de la ciudad colapsó debido a una breve e intensa lluvia. Fuera de esto, será difícil predecir si el próximo año en Turquía habrá tanta buena voluntad como la que se desperdició en Brasil.
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Maximiliano Manzoni es un periodista uruguayo que vive en Paraguay, especializado en clima y ambiente. Publicó investigaciones en El Surtidor, con las que ganó el Premio Gabo en 2018. Dirige Consenso, un medio sobre clima, justicia y desinformación ganador del Premio Nacional de Periodismo Científico. Ha obtenido becas del Lincoln Institute for Land Policy y del European Forest Institute, y es miembro de la Red de Periodismo Climático de Oxford y Bertha Fellow 2025. Estuvo presente en la COP30.