“Cuando bebo en la quebrada/ tus tragos de agua fresquita/ yo siento para mi gusto/ que estoy bebiendo la vida”. Las palabras escritas por Víctor Lima, poeta y referente del canto popular, pueden llegar a convertirse en las primeras palabras que una persona piensa al conocer las nacientes del río Tacuarí. En la mañana del sábado 1º de noviembre, un grupo de niños, niñas y adultos miran cómo el agua brota del suelo, fresquita, para después convertirse en un curso de agua importantísimo en la región. Muchos quedan fascinados con la escena, que les produce una mezcla de ganas de entender cómo funciona la naturaleza y también de cargar sus botellas. El evento es significativo porque, esa misma tarde, sesionó por primera vez la Comisión de Cuenca del río Tacuarí en la escuela 8 de Puntas del Parao, localidad de Treinta y Tres, que se encuentra en el límite con Cerro Largo.
La creación de este espacio de participación era un pedido de la Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín desde hace varios años. La organización considera que es una de las cuencas “más importantes en la región como fuente proveedora de servicios ecosistémicos fundamentales y de agua dulce para consumo humano de una gran cantidad de población”. Además, sostiene que “está impactada por distintas actividades forestales, agrícolas, ganaderas, industriales y donde se prevén proyectos de alto impacto, como emprendimientos industriales o terminales portuarias”. Hasta este año, su pedido no había tenido receptividad. Tras el cambio de administración, la directora nacional de Aguas, Teresa Sastre, cambió la postura institucional. Ella participó en la primera sesión y su actitud fue más que nada de escucha. La tomadora de decisiones expresó que su intención es “poder transformar estos espacios”, porque “en general se convirtieron en espacios de queja y catarsis” y la idea es que sean “constructivos” para todas las partes.
La ubicación del encuentro tampoco fue inocente. Desde comienzos de este año, vecinos y vecinas de Puntas del Parao denuncian que en las inmediaciones de su localidad se está dando un avance forestal “silencioso” que contamina, pone en peligro ecosistemas relevantes y no respeta a las comunidades. Las últimas alertas se han centrado en las actividades de dos empresas: FEUS Negocios Forestales y Forestal Las Flores. Afirman que en el territorio donde se instalaron están las nacientes de siete cursos de agua vitales para la región y el país; una de ellas es la del río Tacuarí. A fines de setiembre, el Ministerio de Ambiente confirmó a la comunidad que ambas compañías habían desplegado actividades sin autorización. Nuevos informes elaborados por la cartera, a los que accedió la diaria, brindan más detalles sobre el manejo de las empresas y las multas y las acciones que exigirán a los privados. Sin embargo, los vecinos y vecinas plantearon durante la instancia de participación que aún sufren las consecuencias de la falta de control en sus territorios y la necesidad de acción inmediata.
Más de 700 toneladas de leña versus una mirada ecosistémica
El proyecto de FEUS Negocios Forestales, que se llama Don Charly, fue categorizado como B por el Ministerio de Ambiente el 14 de noviembre de 2024. En mayo de este año, la cartera recibió denuncias por tala de monte nativo, la construcción de caminería interna, la aplicación de herbicidas y la plantación de eucaliptos en un predio de la compañía. En los nuevos informes, describe que hizo inspecciones en las que constató la situación. A su vez, le advierte a la empresa que debe “suspender en forma inmediata” todas las actividades asociadas al proyecto y le indica que será sancionada por haber llevado adelante la iniciativa forestal “sin contar con autorización ambiental previa”. El privado, luego de vencidos los plazos, respondió que “tomó la decisión de plantar debido a compromisos asumidos con viveros, servicios y banco, no pudiendo dilatar la plantación en el tiempo a la espera de la autorización”.
Beatriz Rivero llenando un bidón en las nacientes del río Tacuarí.
Foto: Camila Méndez
FEUS Negocios Forestales adjuntó permisos de tala emitidos por la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). El primero, según versa en el informe del Ministerio de Ambiente, fue otorgado el 20 de febrero de 2024 y autorizó “en una primera etapa la intervención de 229,1 hectáreas de limpieza de espinillo de bajo porte con una extracción de 700 toneladas de leña”. Una segunda resolución, del 8 de agosto de 2024, permitió “la intervención de 45,33 hectáreas de limpieza de bosque nativo a tala rasa con una extracción de 60 toneladas de leña”. La cartera ambiental sostiene que en las resoluciones se advierte que la compañía no está exonerada “de las autorizaciones y aprobaciones que se requieren por normas dictadas, ya sea por las autoridades nacionales como municipales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”. En este contexto, el Área de Evaluación Ambiental considera que “la conversión de áreas boscosas a un cultivo forestal genera fragmentación del ecosistema, erosión del suelo y pérdida de biodiversidad, entre otros impactos, los cuales no son tenidos en cuenta para la autorización de corta que le compete al MGAP”. Por si fuera poco, durante la recorrida de campo en el padrón, la cartera observó la “tala de bosque nativo en un área mayor de 100 hectáreas”, “ausencia de áreas de amortiguación entre el bosque nativo y el área plantada” y “el derribo de un tramo del muro de piedra, siendo este un bien patrimonial”.
El informe reconoce que “el 95% de las actividades a realizar en el padrón ya fueron ejecutadas, restando únicamente el control de malezas y de hormiga posplantación, por tanto no existen actividades a suspender en el corto plazo”. “La titular ejecutó una plantación que no cuenta con la correspondiente autorización ambiental previa, que ni siquiera inició la tramitación, que inclusive en el certificado de clasificación se estableció que el proyecto debía ser ajustado evitando afectación a ecosistemas prioritarios en buen estado de conservación. Por tanto, la titular cometió infracción grave”, describe el documento del Ministerio de Ambiente. Recomienda elevar una multa de 1.000 unidades reajustables –aproximadamente 46.000 dólares– por haber plantado sin autorización ambiental previa, “afectando sitios priorizados para la conservación y patrimonio arqueológico”. También intima “a regularizar la plantación presentando el estudio de impacto ambiental de acuerdo al certificado de clasificación emitido e incluyendo el plan de restauración resultante de esta evaluación en un plazo máximo de un mes”.
El informe de la otra compañía, Forestal Las Flores, expresa que el 95% de su plantación “se ha desarrollado en suelos de no prioridad forestal, incumpliendo las directrices departamentales de Treinta y Tres”. El Ministerio de Ambiente afirma que la plantación “no podrá regularizarse” y multa con 200 unidades reajustables –cifra que equivale a 9.190 dólares– “por haber plantado sin tramitar el registro ambiental de la plantación”. También intima al privado a “restaurar el área plantada en un plazo máximo de seis meses”.
Presiones en el cuerpo, en el ecosistema y un llamado a la acción
El agua es protagonista en los dibujos que adornan la escuela 8 de Puntas del Parao. La reunión de la Comisión de Cuenca del Río Tacuarí comenzó con dos alumnas del centro educativo que recitaron un poema que trata sobre el bien común. Las primeras horas fueron protocolares: era la primera vez que funcionaba el espacio. Un punto no menor es que sesionó en forma conjunta con la Comisión de Cuenca del Río Cebollatí, que se creó en 2014, pero en los últimos cinco años no se convocó ni una sola vez. “Esta instancia es histórica. El río Tacuarí abastece a una población muy grande, con mucha historia en este territorio”, dijo Bruno Coiro, integrante de la Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín. Enseguida, destacó que en las nacientes se pueden ver aguas “cristalinas, puras”. Sin embargo, la situación cambia al alejarse. “Escuchamos muchos testimonios de maestras en escuelas rurales. Cuentan que no se puede tomar el agua, que se bañan y les pica el cuerpo, que tienen que tomar agua embotellada. Todo esto en un lugar donde el agua es riquísima y abundante”, agregó.
La escuela estaba llena de personas; una era Richard Olivera, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines y delegado sindical de Arrozal 33. “Vinimos a plantear el asunto de la contaminación del agua, a luchar para que no contaminen mucho con el uso de agrotóxicos. Hay muchos de ellos, casi todos, que son cancerígenos. También porque hay que achicar el área de riego. Dicen que nosotros regamos 50 hectáreas, pero no es así; como aguador me ha tocado regar entre 100 y 150. Son muchas hectáreas. Hoy en día, con los apuros que hay, no te entregan la zona como tiene que estar y tenés que trabajar mucho. Si uno riega 150 hectáreas se cansa y no trabaja bien. El calentamiento también es muy fuerte, viene con mucha temperatura, olas de calor. Agota la salud. Tenemos el calor, tenemos los tóxicos de abajo. Es mucho, son muchas las presiones”, planteó el trabajador rural.
Reunión de la Comisión de Cuenca del río Tacuarí en la escuela 8 de Puntas del Parao.
Foto: Camila Méndez
La segunda reunión de la Comisión de Cuenca del Río Tacuarí está prevista para la segunda quincena de febrero. Alcides Fernández, vecino de la zona, comentó que no entiende esta decisión. “No entiendo absolutamente nada porque la inquietud nuestra es la forestación y cómo nos viene avasallando, cómo nos viene encerrando, cómo en un momento nos va a abrazar y vamos a estar contaminados hasta el cabello [...]. Nosotros estamos con otra necesidad, con otra urgencia. No sé si realmente las cosas se están tomando con la urgencia que se necesita. Nosotros hicimos denuncias de forestaciones que consideramos, de acuerdo a nuestro escaso conocimiento, que reglamentariamente no están bien y no se han tomado las medidas necesarias”, lamentó. Enseguida, inquiere: “¿Quién controla la forestación? ¿Quién controla la contaminación?”.
Beatriz Rivero, también vecina de Puntas del Parao, señaló que “los árboles siguen creciendo” y “las forestales no pararon, destruyeron todo”. “Hay un vecino que hizo una petición; él no pudo venir, pero vive frente a la forestación. Él pide retirar porque está muy próximo a su domicilio, dice que la distancia es mínima”, expresó. Esta situación, quizás, podría servir de impulso para pensar en una normativa que proteja a la población rural dispersa.
Momento de cambiar prioridades
Leticia Chiglino es geóloga, investigadora, docente e integrante del departamento de Modelización Estadística de Datos e Inteligencia Artificial del Centro Universitario Regional del Este. Durante gran parte de su vida ha habitado y estudiado el territorio donde se instalaron las empresas forestales. Desde el comienzo, advierte que “la zona de las sierras del Yerbal y su entorno, incluidas las nacientes del Tacuarí, tiene una geología compleja”. “Esta zona vendría a ser parte de las serranías del este. Tiene una unidad geológica que se llama Grupo Arroyo El Soldado y, dentro de esa unidad, tiene rocas carbonáticas. Las rocas carbonáticas desarrollan lo que conocemos como acuíferos kársticos. La composición química de esas rocas, mayoritariamente carbonato de calcio, genera que cuando se fisuran, el agua entra, circula y hace que se vaya disolviendo la propia roca. Al disolverse la roca, genera estructuras tanto en la superficie como internamente. Es uno de los acuíferos más vulnerables y es difícil determinar cuál es su flujo y su dirección”, cuenta.
A su vez, dice que las nacientes del Tacuarí permiten “ver cómo se interconecta el agua subterránea con el agua superficial” en el territorio. La geóloga insiste en que es un ecosistema “particular”, “frágil”, donde se ubican las nacientes de varios ríos y hay manantiales. Piensa que es momento de “empezar a resignificar la prioridad” que tienen este tipo de lugares. La investigadora explica que, al instalar plantaciones forestales, “estás alterando el ciclo hidrológico superficial y subterráneo”. “Hay que reflexionar más, hacer análisis a detalle a la hora de definir cuáles son las zonas de prioridad forestal. Incluso me parece que hay que empezar a poner el agua como prioridad [...] Hay que empezar a proteger zonas en función del bien común, que es el agua. Hay que cambiar el enfoque”, afirma.