En 2019 el PIT-CNT convocó a un Grupo de Trabajo por la Implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos aprobada el mismo año. Desde entonces, la central sindical junto con la Universidad de la República, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y otros participantes de organizaciones sociales se reúnen para pensar sobre cuál es el mejor camino que debería seguir el país en materia de gestión de residuos y hacen propuestas a los tomadores de decisiones.
En un comunicado que el equipo compartió con la diaria, manifiesta que su posición es “resultado de cinco años de análisis, discusión y elaboración”, pero, “lamentablemente, nuestros aportes han tenido poco eco entre las autoridades a las que se han remitido”. Sin más, apunta que la normativa aprobada hace seis años propone un trabajo “integral” que busca “considerar y armonizar todos los aspectos de la gestión” de residuos. Por ejemplo, contempla la “minimización de la generación”, la optimización de la logística de recolección y transporte”, el “tratamiento adecuado”, la “participación de la población” y también la “inclusión efectiva de los clasificadores”.
El grupo considera que la reducción de residuos “exige un fuerte énfasis en la educación de la población y en la implementación de exigencias a las empresas que fabrican bienes de los que se derivan residuos (envases, embalajes, material de descarte)”. Subraya que “no se ha avanzado mucho en este punto”, que “no existen campañas públicas orientadas a disminuir el consumismo de artículos no esenciales”, y tampoco se “imponen medidas a productores e importadores para optimizar el diseño de sus productos, minimizando posibles residuos”.
Un punto importante que destaca el conjunto de agrupaciones es la “valorización mediante reciclaje”. Entiende que el proceso “debe contemplar la mayor cantidad y variedad posible de residuos, promover la creación de trabajos genuinos, desarrollar la infraestructura necesaria para una efectiva valorización y garantizar un destino final seguro para los productos resultantes, sin dejarlos a merced del mercado”. Insiste en que es “imprescindible” generar “puestos de trabajo dignos para la gran mayoría de los clasificadores que hoy trabajan en la informalidad y en condiciones de marginación y miseria”. Asimismo, considera que esto podría potenciarse mediante la formación de colectivos de trabajo, como cooperativas. “Debe priorizarse fuertemente el máximo agregado de valor en el territorio nacional, dejando la exportación con valor agregado como última solución”, esgrime.
Una “firme” política pública con “recursos adecuados”
El Grupo de Trabajo por la Implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos insiste con que para alcanzar los objetivos de la ley es necesaria una “firme política pública” respaldada por “recursos adecuados”. Manifiesta que “hasta ahora se ha quitado la posibilidad de generar recursos genuinos” al “no implementar” el Fondo Nacional de Gestión de Residuos, creado por la normativa. “Esto ha dejado la iniciativa en manos de las empresas privadas”, lamenta.
“La falta de recursos ha dejado en letra muerta el propósito de inclusión social. En los últimos cinco años casi no se generaron nuevos puestos de trabajo por iniciativa del Ministerio de Ambiente. En Montevideo no ha variado la plantilla de las plantas de clasificación –que ya existían– y sólo se han creado unos 150 puestos para motocarros –con derechos laborales recortados– y poco más de 20 puestos en emprendimientos cooperativos, cuyos ingresos dependen de las ventas de material recuperado”, señala.
A su vez, pone sobre la mesa que el grupo de clasificadores que trabaja en las inmediaciones de la usina Felipe Cardoso, ubicada en Montevideo, “se mantiene en condiciones más que precarias, sin protección a intemperie, con esfuerzos excesivos y condiciones de seguridad deficientes”. “No tienen otro salario que lo que saquen de sus ventas, afectadas por la cantidad de camiones que ingresan y la calidad de lo que traen y condicionadas por los precios que manejan los intermediarios”, describe.
El equipo también declara que las condiciones de trabajo en los vertederos a cielo abierto en los otros departamentos del país es todavía “peor” y afirma que “si bien está previsto cerrarlos, eso sólo sería compatible con una política de inclusión, si se garantiza trabajo digno a todos los clasificadores que trabajan en ellos y no vemos planes para lograrlo”.
Durante la campaña por las elecciones departamentales en Montevideo, la gestión de los residuos ocupó un lugar central. Sin embargo, desde el grupo de trabajo subrayan que “las manifestaciones de los principales candidatos a intendente se centran más en los sistemas de recolección, hablando poco del papel esencial que desempeñan los clasificadores”.
El equipo no considera que el mejor camino sea poner el “acento” en la privatización de la limpieza de la ciudad, sino “basarse ante todo en una sólida plantilla de empleados municipales”. “Las privatizaciones de los últimos períodos han favorecido sobre todo a grandes empresas, incluidas algunas transnacionales, lo que ha reducido fuertemente la cantidad y calidad de residuos que llegan a manos de clasificadores. Es decir, se favoreció el lucro empresarial por sobre la inclusión social, sin que esto tampoco haya dado resultados satisfactorios”, expresa.
El grupo señala que el “cambio de paradigma” en el manejo de los residuos fue propuesto a “todos los candidatos a intendente en la elección”. “Nuestros planteos no surgieron de la improvisación, sino que recogieron el fruto de años de trabajo, debate y elaboración acumulados desde principios de siglo, y a partir de ellos propusimos medidas y emprendimientos concretos a lo largo de estos cinco últimos años”, indica. Finalmente, reafirma su compromiso “no sólo para mejorar la gestión de residuos, sino muy especialmente para procurar trabajo digno para todos los clasificadores”.
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