La Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el Yasyry generó una propuesta que tiene como objetivo ingresar a la Laguna del Cisne y su entorno al Sistema Departamental de Áreas de Protección Ambiental (APA) de Canelones y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). En un documento, al que accedió la diaria, pide que la incorporación sea “inmediata” y que el sitio tenga una “gestión pública y comunitaria para preservar el interés general y ejercer el derecho humano al agua en cantidad y calidad”. El cuerpo de agua es la única laguna natural de Canelones y provee desde 1970 agua potable a la población de la Costa de Oro. La organización reflexiona que el sistema ha “sufrido amenazas sostenidas”, afirma que es un “reservorio de biodiversidad, regulador ambiental” y que podría convertirse en un “espacio de integración social y cultural”. Entiende que “los peligros se han acrecentado en los últimos años por varias razones: las inherentes al modelo productivo nacional, la crisis hídrica, el destacado crecimiento demográfico experimentado en la costa y los proyectos inmobiliarios de fraccionamientos privados”.
En el texto señala que los cambios “tuvieron lugar en un marco estructural carente de sistema de saneamiento seguro en la zona”. “La migración de población permanente a la costa produjo un aumento de conexiones a la red de OSE sin que se haya actualizado la infraestructura existente. Por otro lado, las medidas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial para la Costa de Oro se han mostrado insuficientes para mitigar las fuentes contaminantes, así como para poner freno al avance inmobiliario desmedido. Para avanzar en la solución de los problemas, es de vital importancia la participación ciudadana real y efectiva en la planificación, gestión y control de los bienes hídricos, priorizando las razones sociales a las económicas para la preservación del agua como derecho humano fundamental”, subraya y aclara que la propuesta se ampara en el artículo 47 de la Constitución y la Ley de Política Nacional de Aguas.
La organización indica que presentaron un “proyecto alternativo de planificación estratégica”. Uno de los ejes aspira a que haya “saneamiento global e integral para toda la Costa de Oro”, aunque aclara en el documento que en la planificación “debe garantizarse la participación de las organizaciones sociales en la Comisión de Cuenca para determinar qué tipo de saneamiento puede adoptarse, cómo construirlo y para quiénes garantizarlo en forma prioritaria”. Insiste en que las prioridades “deben atender las razones sociales y de salud (no solo por atracción turística), comenzando por el Municipio de Salinas para contribuir a preservar y revertir la situación de la Laguna del Cisne en forma urgente”. A su vez, ve necesaria la “expropiación de los padrones colindantes a la Laguna del Cisne y a la planta potabilizadora de OSE”. Argumenta que “esta expropiación es una inversión estratégica en salud pública, resiliencia climática y soberanía hídrica, garantizando a la vez el acceso público responsable con monitoreo permanente”.
Finalmente, expresa que sería buena idea la “construcción en los predios de un Centro de Formación Popular en Agroecología” donde se aborden temáticas como “restauración ambiental, saberes locales, bioconstrucción y oficios vinculados a la transición ecológica llevados adelante y cogestionados por organizaciones sociales, estudiantes y académicos involucrados en el tema”. “Este espacio educativo se integraría a la política pública de protección de la Laguna del Cisne, fortaleciendo el arraigo local, la formación de jóvenes y la producción de conocimiento situado, evitando su privatización y promoviendo la reconversión productiva hacia la agroecología con incentivos desde el Estado”, propone. La organización enfatiza que el centro “podría convertirse en fuente de iniciativas para los docentes de las instituciones educativas de la zona en todos sus niveles, por ejemplo, enriqueciendo en la práctica el programa actual de UTU Aulas agroecológicas orientadas a carreras agrícolas, la formación de técnico en Producción Vegetal en los Centros Regionales de Profesores, etcétera”. En concreto, la propuesta tiene como objetivo la “defensa y consolidación del área protegida departamental y nacional de la cuenca de la Laguna del Cisne”.
Las presiones que fluctuaron con el tiempo
Tradicionalmente, los usos del suelo en la cuenca eran agropecuarios, con un fuerte uso de plaguicidas. En 2016, tras detectar que la cuenca se encontraba en graves problemas derivados de las actividades que llevamos adelante los seres humanos, la Junta Departamental de Canelones decidió impulsar una serie de medidas cautelares con el objetivo de reducir el uso de productos químicos que afecten la salud y el ambiente para, de esta forma, preservar la calidad del agua. En concreto, determinó que los sistemas productivos que estaban vigentes hasta aquel momento debían transitar hacia otros más sustentables, como la producción agroecológica y orgánica.
Sin embargo, investigaciones académicas recientes detectaron que las medidas no fueron suficientes para detener la degradación. Por ejemplo, uno de los trabajos detectó que el herbicida glifosato y otros 27 pesticidas abundan en el agua y peces de la Laguna del Cisne, donde OSE tiene la toma de agua potable.
A su vez, en 2024, se publicó el informe Sistemas acuáticos canarios: estado del conocimiento y gestión ambiental. Nació a partir de un convenio entre el Centro Universitario Regional Este y la Intendencia de Canelones; su coordinación general estuvo a cargo del investigador Guillermo Goyenola. En el texto decía: “El mantenimiento de la calidad ecosistémica de la Laguna del Cisne debe ser entendido como un objetivo central en la gestión ambiental del Departamento. Resulta imprescindible tomar los recaudos necesarios para disminuir la presión hacia la intensificación del suelo en la cuenca y aumentar el nivel de cumplimiento de la normativa de protección ambiental vigente. Resulta necesario redoblar los esfuerzos públicos para revertir la tendencia hacia el deterioro ambiental y ajustar las medidas que aseguren la restauración ecosistémica y los servicios insustituibles que brinda a la sociedad”. Los científicos afirmaron en el documento que la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne es “sin duda el ámbito para avanzar hacia un proyecto que asegure la calidad ambiental de la cuenca y que la Laguna pueda continuar siendo fuente de agua potable segura”.
En 2024, unos meses después de la publicación científica, La Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el Yasyry denunció que un fraccionamiento pone en peligro la principal fuente de agua potable de la Costa de Oro. Comenzó a gestarse un conflicto ambiental, que está agudizado por el proyecto de urbanización que pretende instalar más de 70 chacras alrededor del ecosistema.
Pasar de la denuncia a una actitud “propositiva”
Eduardo Carabelli es integrante de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el Yasyry, organización que generó la propuesta para que el cuerpo de agua y su zona de influencia se conviertan en un área protegida departamental y nacional. En diálogo con la diaria dice que “es importante situar la importancia que tiene para la costa de Canelones” el sistema y puso sobre la mesa que lo que buscan salvaguardar es “la laguna que nos provee de agua”. Recuerda que durante muchos años hubo en el sitio actividades que “vertieron agrotóxicos hasta la orilla”.
Manifiesta que el “proceso de reconversión hacia la agroecología” tuvo un impulso durante el período inicial, pero “posteriormente naufragó”. “No hay que olvidar que pasamos por un período donde este espacio estuvo en riesgo con la proyección de una autopista. Es una fuente de agua muy castigada también por las obras que se hicieron previo al trasvase durante la crisis hídrica, también por lo que es la propuesta de barrio privado, de chacras”, apunta. Es decir, a las presiones tradicionales, como la agricultura intensiva, se les sumaron nuevas vinculadas al incremento de población que tuvo la zona. Ante esta situación, el colectivo entiende que es momento de “pasar a un nivel propositivo”. “Estamos defendiendo el elemento vital, el agua”, insiste. Menciona que el artículo 47 de la Constitución se logró modificar gracias a la “ciudadanía organizada” y logró amplias mayorías durante el plebiscito que tuvo lugar en 2004. “La institucionalidad en todos los temas vinculados con el agua tiene como eje vertebral el artículo 47. Esto es un planteo político profundo en el cual estamos asentados. [...] En lo que refiere a la crisis hídrica, que parece permanente, no se han dado pasos concretos, por lo que se impone primero cuidar lo que tenemos”, agrega.
El nacimiento de la idea
En diciembre, el colectivo tuvo una asamblea en Pinamar donde acordó que sería una buena idea generar una propuesta para que el sitio integre el Sistema Departamental de Áreas de Protección Ambiental y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. “La propuesta fue refrendada en otra asamblea que tuvimos en Marindia. Creemos que tiene que pasar esto al ámbito público, que los padrones colindantes deben expropiarse. La propuesta excede lo del Grupo Laguna [refiere al proyecto urbanístico que pretende construir chacras en predios ubicados alrededor del cuerpo de agua y generó un conflicto socioambiental]; son los padrones colindantes a la fuente de agua potable de la Costa de Canelones. Es la única que disponemos y debe pasar al ámbito público, no puede mantenerse en manos privadas”, acota Carabelli.
El objetivo es “generar la restauración del espacio y conservarlo”. Creen que podría ser una oportunidad para “fortalecer espacios educativos vinculados con el cuidado del agua y el ambiente, que puedan estar cogestionados por la Universidad, CURE, UTU”. “Queremos que sea un polo de referencia, que realmente valorice el espacio desde esa perspectiva. Es una zona de reconversión agroecológica [...] Muy cerca de ahí tenemos la escuela rural 169, Sosa Díaz. Queremos pensar en las posibilidades de nuestros niños, jóvenes y técnicos”, señala. Dice que el avance inmobiliario está “privatizando” el cuerpo de agua y “aumenta la cotización de las tierras en una zona que era de agricultura familiar, de pequeños emprendimientos y aumenta el desarraigo y una separación social a la que no nos queremos acostumbrar en el departamento de Canelones”.
La idea de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el Yasyry es comenzar a difundir la idea en los espacios de representación locales y nacionales para que ingrese al debate público. Sus integrantes aspiran a ser recibidos por la Junta Departamental, la Cámara de Representantes y de Senadores. “Entendemos que el tema del agua es central en este momento. A partir de ahora, en todas las reuniones que tengamos, la propuesta va a ser la base sobre la cual empezamos a trabajar”, subraya. También reafirma la importancia de que las Comisiones de Cuenca cuenten con “la mirada y participación de la academia y técnica, pero también de las organizaciones sociales, ambientales, de los diferentes territorios”.
¿Bajo la lupa?
Josefina Villamarzo, directora de Ecosistemas de la Dirección de Gestión Ambiental de la comuna canaria, contó que aún no han recibido la propuesta formal y que no estaba al tanto de la reciente iniciativa. “Yo no puedo tener una opinión formal al respecto porque la Intendencia, o por lo menos a mi dirección, todavía no ingresó. Esto no es un análisis que se haga solamente desde mi punto de vista, requiere un análisis integral tanto del equipo técnico nuestro como de la gente de Desarrollo Rural, Planificación y otras áreas”, planteó. Enseguida, puso sobre la mesa la historia de gestión de la Laguna del Cisne, las propuestas de protección que tienen “varios años” y priorizan la agroecología.
“Nadie se esperaba, lo habíamos hablado en muchas Comisiones de Cuenca, el avance inmobiliario que iba a haber sobre los padrones rurales, que se iban a llevar hasta el límite de lo que permite la legalidad, porque en realidad hacer padrones rurales de hasta tres hectáreas es dentro de lo que está articulado por normativa [...]. Estamos trabajando desde la Intendencia en tratar de regular el uso sobre esos padrones, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no”, resaltó, en referencia a los proyectos urbanísticos que tienen lugar en la zona.
Comentó que, junto con el Ministerio de Ambiente y otras direcciones de la Intendencia de Canelones, están formulando una “propuesta integral que aspire al cuidado de esta cuenca”, más allá del proyecto particular que ha generado conflicto. Por otro lado, recordó que el Sistema Departamental de Áreas de Protección Ambiental de la comuna tiene dos sitios bajo su protección: la Cuenca Media del Arroyo Solís Grande y la Laguna Blanca. Comentó que “ninguna tiene expedientes de expropiación de tierra” y que se suele acordar con los propietarios las “reglas del juego” a través de una comisión administradora que está integrada por organizaciones, la academia, representantes de la gestión y los privados.
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