Aire fresco
El director de Rentas se refirió al seminario que tuvo lugar en Madrid destacando que, durante sus exposiciones, las delegaciones habían mostrado “serias dificultades en materia económica”, dando cuenta de “importantes caídas del PIB y de la recaudación fuertemente por encima de la caída del PIB”. Como ejemplo mencionó a España, que tuvo una recaudación 13% por debajo de su PIB en 2008 y que, estima, tendrá en 2009 un deterioro del 16% inferior a la evolución de su ya deteriorado Producto. Pero el jerarca destacó que la disertación de Uruguay marcó la nota distintiva entre las exposiciones, porque significó “un poco de aire fresco en una reunión en que las noticias eran todas malas”.
El director general de Rentas, Nelson Hernández, participó a mediados de octubre en una conferencia internacional denominada “Estrategias de las administraciones tributarias frente a la crisis”, que se desarrolló en Madrid, en la que los asistentes “compararon de qué forma habían actuado las distintas administraciones fiscales” y analizaron “sus efectos sobre la economía” (ver recuadro). Los resultados de esa participación y el diagnóstico de la situación local fueron expuestos ayer, ante funcionarios del organismo, en el marco de una presentación en la que estuvo presente la diaria.
En esa instancia se destacó la evolución de la economía uruguaya durante la crisis, subrayándose que si bien el crecimiento se desaceleró fuertemente desde el último trimestre de 2008, el país no entró en recesión, el desempleo permaneció bajo en su comparación histórica y se ha logrado mantener la recaudación por encima de la evolución del PIB.
Hernández aseguró que, para atravesar la crisis sin sobresaltos, se adoptaron distintos tipos de medidas, que en su conjunto tendrán un impacto negativo, a lo largo de 2009, de 11.056.999.000 pesos (529.321.605 dólares), lo que equivale al 9% de la recaudación total de la DGI y al 1,6% del PIB.
No obstante, desde la Impositiva se destacó que casi siete de esos nueve puntos porcentuales son explicados por medidas estructurales que se adoptaron para promover el empleo, la inversión y la innovación, y que no obedecen a acciones puntuales para mitigar los efectos de la coyuntura mundial adversa.
Centro abierto
La red de cobranzas Redpagos fue la adjudicataria de la licitación realizada por la DGI para brindar el servicio de recaudación descentralizada de impuestos, aunque otras empresas que se presentaron también podrán brindar el servicio, siempre y cuando cumplan con las condiciones ofertadas por la firma citada.
No cambiás más
Según explicó González a la diaria, se partió de un diagnóstico de “desaceleración del crecimiento económico, un leve deterioro en el empleo y, por otro lado, de que determinados sectores fueron particularmente afectados, principalmente vinculados a la actividad exportadora: curtiembres, autopartes, neumáticos, lechero, frigorífico, textiles”.
En ese entendido se determinó la aplicación de “medidas puntuales de carácter circunstancial, que tienen que ver con esos sectores; pero luego, el resto de las medidas, la inmensa mayoría, es de carácter estructural, porque forman parte de una estrategia de desarrollo que ya venía gestándose desde antes y lo que se hizo fue aprovechar la plataforma de las reformas que ya existían”, en su mayoría “introducidas en oportunidad de la Reforma Tributaria”.
De acuerdo a la diferenciación realizada por la Impositiva, las medidas aplicadas específicamente para los sectores más golpeados por la coyuntura económica implicarán, durante este año, un costo fiscal de 2.633.858.000 pesos (126.088.276 dólares), lo que equivale al 2,1% de la renta total anual del organismo. Por el otro lado, las medidas estructurales aplicadas implican un sacrificio fiscal de 8.423.141.000 pesos (403.233.328 dólares), el equivalente al 6,9% del total de la recaudación anual de la DGI y el 76,18% del costo total de las políticas tomadas.
Renuncio
La mayoría de los grandes impuestos (consumo, renta y patrimonio) mostraron un desempeño creciente en comparación con el PIB, según explicó González, quien destacó además la reducción de la carga tributaria del IVA y del Imesi como consecuencia del nuevo régimen tributario. También se refirió al “comportamiento a la baja en el IRAE de las empresas públicas”, que también implicó “renuncias fiscales muy significativas”.
A medida
Hernández, por su parte, realizó una contextualización de las diferentes acciones adoptadas por el gobierno para mitigar el impacto de la crisis, como el incremento de las obras públicas; medidas monetarias y financieras; expansión del crédito; promoción de actividades específicas en vivienda, sector agropecuario, exportador, turismo, industrial, y de pequeñas y medianas empresas (pymes); políticas laborales y sociales; y medidas fiscales.
Sobre este último aspecto se focalizó el director de Rentas, detallando que los objetivos de las políticas fiscales aplicadas se orientaron a preservar los ingresos del Estado, facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y estimular la inversión privada.
Hernández señaló que para mantener la recaudación la DGI decidió “continuar con la gestión de lucha contra la evasión fiscal”, lo cual “se ha visto reflejado en la caída de la evasión del IVA y en el aumento de la formalización de la economía”.
Para facilitar el cumplimiento voluntario se ampliaron los regímenes de retención y percepción, se procuró una mayor formalización de las pymes, se puso en funcionamiento el régimen de precios de transferencia y se continuó con los beneficios a los buenos pagadores de aportes a la Seguridad Social.
En lo que respecta a los estímulos a la inversión privada, el jerarca destacó la aplicación de beneficios fiscales con mayor impacto en las exportaciones y en la generación de empleo; la bonificación especial aplicada a las inversiones que se radiquen en 2009; la exoneración de tributos para la fabricación de equipos de producción de energía; la bonificación de gastos en inversión y desarrollo; la deducción del IVA al gasoil para las industrias; y los beneficios fiscales para las actividades que promueven el empleo y la capacitación de personal.