Tres expertos en derecho laboral mostraron críticas coincidentes a la reciente medida oficial para evitar las ocupaciones en dependencias públicas, y no porque ello esté mal sino porque consideran que debió extenderse también al sector privado.
El título de la disertación que tuvo lugar ayer en la CNCS adelantaba el contenido de las exposiciones. “Nuevo decreto que regula las ocupaciones de oficinas públicas. Sus diferencias con el sector privado. La necesidad de una regulación única que proteja las inversiones”.
El 2 de diciembre el presidente José Mujica emitió un decreto para poner freno a las ocupaciones de oficinas estatales por los sindicatos que integran COFE, autorizando el uso de la fuerza policial para desalojarlos. Sin embargo, únicamente se aplica para las oficinas públicas, en el entendido de que entre “los fines principales del gobierno se encuentra el mantenimiento y protección de la totalidad de los derechos humanos fundamentales” y que “la mayoría de los inmuebles donde tiene asiento la Administración” alberga “la promoción, desarrollo y salvaguarda de esos derechos”.
Pero los juristas entienden que la validez de ese argumento también es aplicable al sector privado.
Haz lo que digo
Eduardo Ameglio, docente de la Universidad de la República y socio del estudio Guyer & Regules, recordó que en 1966 se dictó un decreto regulando las ocupaciones para “desalojar en defensa del orden público y la violación a la propiedad privada”, norma que estuvo “silenciosamente vigente” hasta 2005. Su eliminación en los primeros meses de aquel año provocó “una explosión de ocupaciones”, por lo que en 2006 la administración de Tabaré Vázquez aprobó el decreto regulatorio para el sector privado, que, contrariamente a su fin, “terminó fomentando” el uso de esa medida de fuerza.
Dijo que se trata de una norma inconstitucional, ya que si bien sería parte del derecho de huelga (aunque Ameglio no comparte esa visión), igualmente viola la libertad del trabajo de los no huelguistas, la propiedad privada y la libertad de comercio. “Pierde tres a uno”.
En la misma línea, comentó que, en los hechos, no se cumple con la exigencia de un preaviso de siete días antes de ocupar y fundamentó que hacerlo cumplir evitaría ocupaciones porque instaría a las partes a negociar. “Hay que darle efecto jurídico al preaviso, y si se incumple, la huelga es ilícita y, por tanto, caen todos los beneficios de la negociación colectiva automáticamente”, reflexionó.
Respecto del último decreto oficial para el sector público, evaluó que provoca “un efecto espejo”, generando todo lo contrario que en el privado, pero celebró que implica “un primer paso en la deslegitimación de la ocupación”. “Nunca pensé que esta administración iba a aprobar un decreto de esas características”, admitió.
Igual valoración realizó el laboralista Nelson Larrañaga, de Ferrere Abogados, para quien el nuevo decreto es “un primer paso para empezar a poner límites por la vía de los hechos a las ocupaciones”, que “son ilegítimas”. Posteriormente reclamó al gobierno “imponer un procedimiento de desocupación en el sector privado”, enfatizando que tiene “facultades legales para hacerlo: sólo tiene que animarse a aplicarlo”.
Agregó que los justificativos del decreto para el sector público “son trasladables” al privado, y que actualmente se viola el principio constitucional de igualdad ante la ley.
En tanto, Augusto Durán Martínez, del departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Católica, opinó que el Poder Ejecutivo “niega a los funcionarios públicos el derecho a ocupar que les había dado a los trabajadores privados”. También rechazó el concepto de que la ocupación sea parte del derecho de huelga, porque esta medida “es un no hacer” mientras que la primera es “un hacer”. Señaló que el problema del nuevo decreto “no está en lo que dice sino en lo que no dice”, y es que “se debió extender al sector privado”. Calificó la norma de arbitraria y graficó la idea indicando que “ignora el derecho de la competencia”, ya que es aplicable a todas las dependencias públicas incluidas las que compiten con privados en el mercado. “La falta de coherencia es tal que vicia por irracional”, sentenció.
¿Sabremos cumplir?
Tras la conferencia, Varela comentó a la diaria que “toda la situación de conflictividad que se está viviendo en el país es algo que las propias normativas fueron alentando”, para luego resumir la percepción general de la CNCS: “Este escenario de conflictividad está atentando en contra del buen funcionamiento [de la economía] y, en definitiva, contra el trabajo”. Luego matizó: “Hoy estamos en una situación fantástica, sin desocupación y con una cantidad de actividades que son importantes, pero ya se están empezando a sentir los síntomas de inversores del exterior que dicen que acá hay un punto flaco”, comentó.
Aseguró que “hay proyectos que se han detenido, otros que se han ido”, aunque el principal “temor” refiere a la eventualidad de “un cambio en el escenario mundial, donde los demás beneficios de Uruguay no sean tan grandes”. Sugirió contemplar “un momento de reflexión” y explicitó su reclamo al gobierno: “Que cumpla con la Constitución, que defienda el derecho de propiedad, al trabajo y la libertad de comercio”.
Sobre el argumento que explica la conflictividad actual en el debate por el Presupuesto y la primera ronda de Consejos de Salarios, próxima a su culminación, recordó que la segunda ronda de negociaciones comenzará en enero, “por lo que no hay garantías de que esta conflictividad termine”. “Nada nos asegura que la conflictividad se termine ahora. En enero se convocan los Consejos de Salarios, se está hablando de negociar en abril y mayo, y eso implica una situación de conflictividad al menos hasta mitad de año”.