A escala
El senador brasileño Eduardo Suplicy se manifestó partidario de que Uruguay comience a aplicar este tipo de rentas universales, en el entendido de que por su tamaño y población se puede convertir en “un ejemplo pionero para las Américas”. En ese sentido destacó la instancia generada en el país para comenzar a debatir el tema en cuestión.
El debate que se busca promover en Uruguay surge a raíz de la publicación del libro Renta básica Universal: ¿derecho de ciudadanía?, basado en un seminario realizado en noviembre de 2008, en el que se expusieron las perspectivas europeas y latinoamericanas en la materia.
La renta básica universal es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles sean sus otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva.
El español Daniel Raventos, presidente de la Basic Income Earth Network, Red Mundial de Renta Básica, se centró en las “reacciones políticas que provoca la renta básica: de la justicia a la viabilidad económica”. Explicó que la organización se fundó en 1986 y que, desde su creación, la discusión ideológica se dividió en dos mitades; primero para responder a la pregunta: “¿Es justa la medida?”, y luego para determinar: “¿Es financiable?”.
A su entender la medida es justa, desde la argumentación de que ello se basa en su concepción republicana y democrática de la libertad, concretamente en cuanto a que “nadie es libre si no tiene la existencia material garantizada”.
Sobre la viabilidad económica de la propuesta explicó: “Dinero hay, y mucho más que el que nos imaginamos, para financiar la renta básica [...]. Es una cuestión de prioridades. Unos pretenden una cosa y otros pretenden otra”.
Raventos, quien además es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, aseguró que en su país la discusión también estuvo caracterizada por un debate ideológico entre izquierda y derecha. En esa línea, criticó con dureza las “descalificaciones” realizadas por “la derecha”, que “intentó ridiculizar la propuesta en los medios de comunicación” a partir de valoraciones como que “mantendríamos a vagos”. “He quedado impresionado con lo clara que la derecha tiene esta propuesta de la renta básica: la derecha capta perfectamente sus posibilidades y por esto está visceralmente en contra. La izquierda, curiosamente, es más insegura al respecto”, describió.
Formalicemos
De Argentina participó Rubén Lo Vuolo, investigador del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, quien defendió el debate y la aplicación de una renta básica. Mencionó diferencias existentes entre América Latina y Europa como la falta de una estructura fiscal capaz de provocar un impacto distributivo, tal como sucede en el viejo continente. En ese sentido, aseveró que las políticas social y tributaria “manejan lógicas distintas” y, por ello, “el ingreso ciudadano aparece como una forma eficiente de combinarlas para lograr un impacto progresivo sobre la distribución de los ingresos”. También se refirió a la informalidad laboral existente en la región, asegurando que, al menos en el corto plazo, el continente no tiene posibilidades de llegar a niveles de formalización similares a los de los mercados de empleo europeos. Este problema también implica, a su entender, un argumento a favor de la renta básica universal. “No tiene fundamento decir que una persona no tiene derecho a una jubilación porque no trabajó, cuando en realidad es que no aportó. Este tipo de concepción es inaceptable e insostenible”, sostuvo. Además, afirmó que el peso mayor de la estructura fiscal se descarga sobre la idea de “un padre de familia” y de “dependientes”, cuando la realidad es muy diferente. Explicó que cada vez hay mayor carga monoparental, sobre todo en los sectores más vulnerables, que cae la tasa de fertilidad, principalmente en los sectores de ingresos medios y altos, y que se incrementa la tasa de divorcios aunque los sectores populares no lo legalizan, por lo que tampoco reciben los derechos que implica legalmente el divorcio. “Hay que pensar mecanismos que distribuyan mejor el empleo, que no interfieran con los arreglos familiares, que protejan a la población independientemente de su situación familiar y laboral, entre otros criterios. Y el ingreso ciudadano califica bien frente a estos cambios”, fundamentó.
Cambio climático
En América Latina, durante los últimos años y con diversos grados de profundidad, se han llevado adelante experiencias que implican el pago de un ingreso ciudadano incondicional, pero focalizadas en sectores sociales más vulnerables, ya sea en los más pobres, como Brasil, o en los más viejos, como el caso de México.
A este último se refirió Pablo Yanes, presidente de la asociación civil Ingreso Ciudadano Universal México, quien recordó que “la discusión viene de lejos y va para lejos”. “Se está aclimatando cada vez más en América Latina, estoy convencido de que va a estar presente en muchos de los debates que tengamos en toda la región”, indicó. Se remitió a una experiencia en la materia realizada en México, para lo cual mencionó previamente el “elogiado Programa Oportunidades”, que era focalizado, condicionado y consistía en transferencias a los hogares con una cobertura significativa (5.000.000 de familias con una transferencia mensual de 50 dólares). Sin embargo, criticó que su aplicación “no bajó la pobreza sino la intensidad de la pobreza”.
Ante esta situación, detalló que en Ciudad de México se realizó una experiencia de transferencias universales no condicionadas; desde 2001 se comenzó con la pensión ciudadana de adultos mayores, que consistía en una transferencia de 65 dólares por persona mayor de 70 años (se bajó a 68 años desde 2009) y con tres de residencia en el Distrito Federal. “Lo importante es que la pensión ciudadana fue institucionalizada como un derecho, está reconocida en la legislación: no es el favor de un grupo de políticos que llegó y lo mismo lo pone que lo quita. Ahora está convertida en un derecho exigible”, destacó Yanes.
Valoró, además, la importancia de este ingreso universal como “pérdida de dependencia”, y mencionó el caso de mujeres “que viven en zonas ricas de la ciudad, que tenían todo y no tenían nada”. “Vivían en casas muy cómodas pero en una dependencia absoluta del marido, y empezaron a pedir la pensión ciudadana”, evocó. En ese sentido, la cuestión es “empezar a caminar” y ver “qué tan rápido se va a ir ampliando hacia otros grupos de edad”.
Hace mucho tiempo...
Respecto de la experiencia brasileña disertó el senador del Partido de los Trabajadores y promotor de este tipo de normas en su país, Eduardo Suplicy, quien aseguró que el debate sobre el tema “viene de muy lejos, del principio de la historia de la humanidad”. “En Brasil, en los años 40, 50, 60, economistas y cientistas sociales [...] fueron pioneros precursores de la renta básica”, aseguró el legislador, quien añadió que el economista Josué de Castro realizó en 1956 un discurso sobre los desniveles de renta en Brasil, en el que abogó por “el derecho de todos los brasileños a tener un ingreso acorde con sus necesidades básicas como un derecho por ser brasileños”.
En esa línea, durante su primer año como senador, en 1991, Suplicy presentó el primer proyecto sobre el tema, que fue aprobado por el Senado y luego fue “objeto de gran debate en la Cámara de Diputados y en la sociedad”, a partir de lo cual se desarrollaron “innumerables programas de garantía de ingreso mínimo, condicionado a las oportunidades de educación, para las familias más pobres”; ese programa fue denominado Bolsa Escola.
Sin embargo, Suplicy se “entusiasmó” con la idea del ingreso básico ciudadano y en 2001 presentó la iniciativa de aplicar una renta básica como un derecho de la ciudadanía para todos los brasileños a partir de 2005. Pero para hacerlo fiscalmente sostenible se comenzó a aplicar para los más necesitados, como lo hace el programa Bolsa Familia, que atiende a 11.100.000 familias, un cuarto de la población brasileña.
Entre las ventajas se destaca que es un programa “fácil de explicar” y que “elimina la burocracia involucrada en saber cuánto gana cada uno en el mercado formal o informal”, lo que “termina con el sentimiento de estigma o de vergüenza de la persona al tener que decir ‘yo recibo solamente tanto, por eso necesito recibir tal complemento de ingreso’”.