El tema fue analizado en una conferencia organizada por CADE, en la que se abordó el dictamen de la OIT desde ópticas diferentes. Desde la administración, Loustaunau enfatizó que “el Estado uruguayo siempre fue cumplidor con los organismos internacionales” y que “esta vez no será la excepción”; destacó que no se trató de “una derrota” ya que “el corazón de la ley ha quedado” libre de objeciones y fue ratificado por aquel comité. Respecto de los pasos que se están dando, aseguró a la diaria que “aún no se puede decir que se va a realizar tal o cual modificación” porque el momento actual es de discusión interna, pero aclaró que “el gobierno ha realizado un estudio del tema, lo ha desguazado y cotejado, en cada caso, si estaba bien, si estaba mal, qué salidas podía haber y cómo se pueden superar” los nudos del texto. Explicó que el siguiente movimiento será “comenzar a consultar” a trabajadores y empresarios, proceso iniciado informalmente, para “tratar de construir” acuerdos por punto. Fuentes laborales consultadas por la diaria confirmaron que se “conversó” con “integrantes de la Cámara de Comercio y algunos representantes sindicales”.
No obstante, Loustaunau explicó que esta discusión será posterior a la primera ronda de Consejos de Salarios de la administración Mujica, debido al tiempo que puede llevar. “Si se llegara a acordar una cuestión muy específica, después será sometida a todo un proceso legislativo”, explicó. Más allá de eso, apuntó que el diálogo “no implica la obligación de acordar, sino que se van a hacer los mayores esfuerzos posibles”.
Perro y gato
Desde el sector privado, Juan Mai-lhos, de la Cámara de Comercio (CNCS), y Gonzalo Irrazábal, de la Cámara de Industrias (CIU), coincidieron en rechazar la norma y convocaron a negociar nuevamente para modificarla. “Vamos a bregar para que el gobierno acepte las recomendaciones de la OIT”, sostuvo Mailhos, asegurando que es “una ley que no le gusta al sector empresarial”. Desde su perspectiva “es preocupante avanzar en una nueva negociación de salarios con esta ley” vigente, aunque el sector asistirá a la ronda porque “las leyes hay que respetarlas”.
Por su parte, los representantes del PIT-CNT, Milton Castellano y Richard Read, ratificaron su disposición a negociar aunque realizaron duras críticas a ambas gremiales.
Castellano señaló que “todos los cambios generan resistencia” y que a comienzos del siglo XX, cuando se instauró la ley de ocho horas, “se veía a los Mailhos y los Irrazábal de esas épocas decir que se venía el mundo abajo”. Asimismo, criticó “los años de silencio” durante los cuales “nunca se escuchó a los empresarios reclamar las rondas de negociación”, para disparar después que esas dos cámaras “no representan a todos” los empresarios del comercio y la industria.
Read, en tanto, subrayó la importancia de debatir, pero aclaró que el dictamen de la OIT no le “quita el sueño”, ya que la ley “es un león al que apenas le cortaron un poco el cerquillo, pero sigue siendo un león”. También fustigó al sector empresarial valorando que “nunca demostró voluntad, y si no lo obligan, no se sienta a negociar”.
Los gremialistas se refirieron al discurso del presidente José Mujica en el hotel Conrad frente a un gran número de empresarios que destacaron las palabras del mandatario, y les pasaron factura a la CNCS y a la CIU por no haber asistido. Mailhos recogió el guante para responder que su gremial de pertenencia “no le tiene que dar explicaciones al PIT-CNT de adónde va”. Loustaunau buscó tranquilizar las aguas. “En estos términos no se construye el diálogo social”, exhortó.
Hacé caso
Desde el ámbito académico coincidieron en que el gobierno debe hacer caso a las recomendaciones.
Juan Raso evaluó que es un “pronunciamiento de mucha relevancia en el plano internacional” y que “fija jurisprudencia”. Lamentó que el gobierno realizara su defensa mediante un “informe epistolar, en un juego en que se manejan diferentes estrategias”, y también al sector sindical por no hacer “su lobby” y mantenerse al margen de la controversia. Destacó que la CIU y la CNCS se presentaron junto con la Organización Internacional de Empleadores: “Bajaron al patio con unos forzudos”, graficó. Valoró que “le haría muy mal al gobierno minimizar el dictamen” en virtud de que es “un informe con una severidad brutal”. “La peor estrategia del gobierno y del sindicato sería no darle al informe la importancia que tiene”, puntualizó, sugiriendo que “de esta situación se sale negociando”.
Por su parte, Óscar Ermida sostuvo que la sustancia de la norma se enfoca en cuatro aspectos centrales, “muchos con los cuales discrepo”, pero que “se deben respetar” y el gobierno debe “levantarlos de inmediato”. No obstante, resaltó que “el espíritu de la ley no está objetado” y recomendó que ello debe ser lo más destacado para las autoridades. “Me da la impresión de que hubo mucho ruido y pocas nueces”, afirmó Ermida, aunque agregó que las cuatro modificaciones son necesarias “para que las nueces no crezcan”.