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En lo que refiere a la política minera del gobierno, Ortuño describió que se está trabajando sobre cuatro ejes. El primero busca desarrollar la actividad como cadena de valor para que apunte “no sólo a lo que se extrae, sino a todo lo que se puede generar alrededor” en materia de servicios logísticos. En segundo lugar, abogó por el desarrollo del conocimiento técnico y científico de las potencialidades que tiene Uruguay en el contexto internacional. Según detalló, el país está en una etapa de transición hacia una “nueva minería” de metales, en virtud de una coyuntura internacional que registrará un “importante aumento de la demanda y una baja de la oferta”. El tercer eje apunta al fortalecimiento del marco regulatorio y normativo, que incluye la reforma del Código Minero para asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales. Por último, subrayó la necesidad de fortalecer al Estado para promover, orientar y fiscalizar las inversiones que se realicen, para lo cual se prevé aumentar el presupuesto. Ortuño aseguró que se recibieron consultas y propuestas de distintos proyectos de inversión en el país de parte de compañías extranjeras, tanto en lo que refiere a la explotación de hierro como de granito.
Chulepin realizó una presentación del proyecto de Aratirí el pasado viernes, en la celebración del Día del Geólogo organizada por la Sociedad Uruguaya de Geología, donde se entregó un reconocimiento a los expertos que cumplían 25 años en la profesión. Allí evaluó que el proyecto de Aratirí es algo “que venimos buscando hace tantos años”, y que implica la generación de “importantes fuentes de trabajo para los geólogos” locales. Aratirí pertenece a la firma Zamin Ferrous, integrada con capitales de India, y tiene planes de inversión similares en Brasil, Chile y África, en la frontera entre Malaui y Mozambique. El nombre Aratirí significa “relámpago” en guaraní y fue elegido por la gran actividad eléctrica que se registra en las zonas donde hay yacimientos de hierro. Su objetivo central es exportar concentrado de hierro (polvo con 65% de hierro) y el sitio elegido se ubica en un territorio que abarca Durazno, Florida, Treinta y Tres, y Cerro Largo.
El plan se encuentra en su etapa de prospección y exploración, para determinar la calidad y la cantidad de hierro que hay en la zona; consta de dos partes: el estudio de prefactibilidad, finalizado y cuyos resultados fueron positivos; y el de factibilidad, que está en marcha y a partir de cuyos resultados se tomará la decisión final. En esa instancia se considerarán infraestructura, logística, medio ambiente y permisos, entre otras necesidades. Se espera que en mayo o junio de 2011 estén prontos esos resultados para iniciar la fase de explotación o bien dar por concluido el proyecto.
Si la respuesta es afirmativa, se activaría la búsqueda de financiamiento y la construcción de instalaciones, proyectándose el comienzo de las operaciones para fines de 2013 o principios de 2014. Chulepin evaluó que se trata de un “ambicioso cronograma” que requerirá celeridad en lo concerniente a los permisos que debe otorgar el gobierno. Es que la empresa prevé que en ese período habrá una “gran oportunidad” por el aumento de la demanda de hierro, sobrepasando la oferta existente. En conversación con la diaria Chulepin reconoció que la burocracia estatal puede llegar a ser una traba para la concreción de la inversión, pero matizó que han recibido apoyo “desde el primer día” desde el gobierno para sortear esas dificultades.
Despacito por las piedras
Además de la mina y la planta de producción se requiere agua para abastecer al mineroducto, 250 megavatios de electricidad y un puerto de aguas profundas con capacidad para sustentar la movilización de 10 millones de toneladas anuales.
Chulepin aseguró que el cuidado medioambiental es transversal a todo el proceso, un factor abordado con “la mayor calidad posible”.
En cuanto a la elevada demanda de electricidad planteada por la inversión, informó la existencia de otro proyecto para la construcción, por Aratirí, de una planta de producción a base de carbón, que estuvo a estudio del gobierno anterior y quedó en manos del actual, asunto que generó un enlentecimiento porque “hubo que empezar de cero”. Aseguró que las autoridades nacionales analizan la opción de hacerse cargo de la generación de la energía necesaria y luego vendérsela a Aratirí, debido a que al gobierno “no le gusta demasiado la idea de carbón” y tampoco “el lugar elegido” (en el proyecto de la minera el complejo estaría junto a la terminal portuaria).
Al respecto, el subsecretario de Industria aseveró a la diaria que “no hay nada planeado todavía”, y que hasta ahora el gobierno está trabajando “sobre la base de una planta de generación a carbón”. No obstante, reconoció que “el gobierno es más proclive a las energías renovables” y, en particular, “es prioritario” el acceso uruguayo al gas que produce Bolivia, para lo cual se mantienen negociaciones de alto nivel con Argentina ya que el fluido debe pasar por el vecino. “No descartamos nada”, opinó Ortuño, quien enfatizó la necesidad de que la planta “responda a los estándares de mayor calidad a nivel internacional”.
Entre los escollos para que sea el sector público el que suministre energía al proyecto, mencionó que el país no cuenta con capacidad suficiente para generarla en la cantidad requerida, y que los planes del gobierno en materia energética se hacen con un horizonte de largo plazo, mientras que Aratirí piensa en una inversión que esté en funcionamiento en el corto plazo.
De acuerdo al culminado estudio de prefactibilidad, la inversión del proyecto es de 1.800 millones de dólares sin incluir la planta de energía, y llega a los 2.100 millones si ésta se torna indispensable. Esto representa 600 millones de dólares más que lo estimado al comienzo del proyecto (1.500 millones).
Hasta el momento la compañía lleva invertidos 18 millones de dólares, hay “más de un centenar” de personas trabajando directamente más otras 180 de forma indirecta, y, de entrar en funcionamiento, trabajarán unas 1.000 personas en el proyecto más otras 3.000 indirectamente.