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Nelson Hernández. (archivo, agosto de 2007)

Foto: Fernando Morán

Tributo al César

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Privados rechazaron modificaciones impositivas y al secreto bancario; AEBU las respaldó.

Expertos privados criticaron duramente el proyecto de ley oficial que prevé la introducción de cambios al sistema tributario y flexibilizaciones al secreto bancario, argumentando que ello es violatorio de derechos individuales, que genera preocupación en los agentes internacionales y que no logra el objetivo de equidad pregonado por el gobierno. Contrariamente, desde la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) se defendieron los contenidos del texto, valorándose que representan cambios que el país debía realizar para caminar en sintonía con el mundo. En el sindicato bancario opinan que el abordaje de ciertas inequidades del proyecto debe hacerse “para que todos paguen, no para no pagar”. En el gobierno, que no participó en el evento porque informará primero al Parlamento, ven con buenos ojos que la ley sea debatida.

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Después hablamos

Si bien el gobierno fue invitado al evento para transmitir su posición al respecto, desde allí se excusaron de participar debido a que pretenden “informar al Parlamento” antes de involucrarse en el debate. Así lo confirmó a la diaria Nelson Hernández, jefe de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, que explicó que “la intención es darle mayor institucionalidad, dándole la primicia al Parlamento”. Asimismo, el ex director de Rentas aseguró que al gobierno le interesa que se discuta el tema y que se genere “un debate público”. Aclaró que aún no hay una fecha confirmada para la comparecencia y que en el Ministerio aguardan la convocatoria desde la Comisión de Hacienda.

Las exposiciones se realizaron en el marco del evento “Modificación del sistema tributario y flexibilización del secreto bancario”, organizado por CADE y en el que participaron el ex ministro de Economía Ignacio de Posadas, los tributaristas Leonardo Costa y Alberto Varela, los contadores Javier Forte y Juan Pérez Pérez, y el presidente de AEBU, Gustavo Pérez.

De Posadas aseguró que el proyecto “abandona el principio de territorialidad” y “erosiona el secreto bancario”, algo que, a su entender, “es una instancia más en un camino contrario a ciertos principios básicos consagrados en la Constitución” de la República. En esa línea, cuestionó el argumento de “justicia y equidad tributaria que le asigna el gobierno”, ya que no es viable conquistar tales objetivos por la vía impositiva. “La realidad debería habernos demostrado que no es así”, lamentó, en virtud de que “es imposible para cualquier gobierno saber cuáles son exactamente las distintas situaciones humanas y personales para determinar quién debe pagar y cuánto”.

Respecto del secreto bancario, criticó el argumento según el cual “no hay que alarmarse porque el mecanismo previsto en el proyecto es judicial”. “Para hacer algo tan grave como afectar un derecho no basta el argumento de que se va a hacer a través de un procedimiento judicial; es como si yo dijera mañana: ‘vamos a instalar la pena de muerte pero no se preocupen porque va a ser por orden del juez’”, graficó.

Además, sostuvo que los cambios generan “una enorme preocupación en agentes internacionales”. “Hay una reacción de alarma, y lo digo con conocimiento de causa, de muchísima gente, y va a tener un impacto negativo mucho más allá de estas medidas. Uruguay es percibido como habiendo abandonado su política de Estado y su postura de ser un país serio”, advirtió.

Corre piojo

Por su parte, Costa centró sus críticas en que los cambios normativos no logran el objetivo de equidad declarado, porque no se gravan todos los ingresos del exterior y no hubo “necesidad” de salir a firmar tratados internacionales. Por su parte, Pérez Pérez auguró un descenso en el arribo de inversiones al país, pero fundamentalmente fustigó que se “viola un criterio básico” como el principio de territorialidad. Además, aseveró que el gobierno utiliza “argumentos falaces” en la exposición de motivos del proyecto.

Forte se quejó de que “tres cuartos de los artículos se refieren a medidas antielusivas y una pequeña parte son modificaciones tributarias”, y, en esa línea, cuestionó: “¿Hasta qué punto para mejorar la fiscalización vamos a limitar los derechos individuales?”.

En tanto, Varela aseguró que la presión de la OCDE hizo que “todos los gobiernos salieran a firmar tratados: Suiza, Luxemburgo, Austria”, e ironizó sobre el punto: “Nos parecemos a los europeos”. Acto seguido, explicó: “No nos parecemos”, dado que esos países “tuvieron una discusión política seria y acá nadie dijo nada”. Pese a ello, aseguró estar convencido de la necesidad de firmar los convenios. “Si viene Mike Tyson corriendo: [...] Suiza, Austria, Luxemburgo... ¿me quedo esperando a ver qué bicho viene? No, me pongo a correr yo también”, ilustró. A su entender, la ausencia local de discusión se debió a la atención generada por las elecciones internas, además de que “el secreto bancario es algo que nadie defiende”. Evaluó que “Uruguay no tenía opciones” pero matizó que él “hubiese elegido a otros países” para suscribir los acuerdos. “Y hubiese negociado mejor”, aseguró.

¿Quién podrá defenderme?

En cambio, el contrapunto en las exposiciones fue aportado por el presidente de AEBU, quien dijo estar “filosóficamente a favor” del nuevo sistema tributario pese a pertenecer “a un sector al que se incrementó de forma importante la contribución”.

Valoró que las modificaciones “son acertadas en la medida” en que contribuyan “a la equidad”, porque “cuando las cosas suceden se requiere del apoyo del Estado”. Pérez celebró como positivo el hecho de que se discuta sobre equidad tributaria, pero señaló que debe apuntarse a que “todos paguen” y no a “no pagar”. “No hay ninguna razón lógica para que quien tiene sus ahorros en el exterior no pueda aportar por lo que generan sus rentas”, razonó. Asimismo, fundamentó que los cambios están en consonancia con los aplicados a nivel mundial como consecuencia de la crisis financiera, por lo cual “no es malo que Uruguay se adapte a esos cambios: es bueno que genere señales de que pretende ser un país serio”.

Además, el sindicalista negó que el levantamiento del secreto bancario implique una pérdida de estabilidad para las instituciones financieras locales, y apuntó: “Uruguay se tiene que cuidar de capitales que se van cada tres meses, como ya lo vivimos en la peor crisis de la historia del país, que fue la de 2002”. No obstante, evaluó que los instrumentos planteados en el marco del análisis son perfectibles, lo que propicia un “debate público en el que todos podamos contribuir”.

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