Las declaraciones se produjeron en un encuentro con el presidente de la empresa, Héctor Chito Olmos; el vicepresidente, Luis Costa; la directora Jimena Pardo; el gerente general, Carlos Matyszczyk; y el gerente comercial, Diego Moles. Uno de los temas abordados fue la recientemente aprobada ley que amplía las posibilidades de inversión de las administradoras. Los jerarcas fundamentaron que el sistema “había funcionado y viene funcionando bien”, y que los cambios legales se hicieron “justamente para que siga así”.
Detallaron que el Fondo de Ahorro Previsional (FAP) de las cuatro empresas del ramo asciende a 5.781 millones de dólares, equivalentes a 17% del Producto Interno Bruto (PIB), de los que 3.267 millones son administrados por RAFAP. “Sólo 35% son aportes” de los trabajadores y “el 65% son ganancias obtenidas por los afiliados”. La ley agrupa algunos límites a las inversiones que podían concretar, abriendo un mayor margen de acción, y otorga la posibilidad de invertir en el exterior, algo “muy bueno, porque lo peor que podría pasar es tener parte del fondo sin invertir”. Explicaron que el crecimiento del FAP es “muy superior a las necesidades de financiamiento que requiere el país”, evolución que tornó aun más relevante la opción de invertir fuera de fronteras.
Chito
La rentabilidad anual del sistema desde sus comienzos es de 9% en Unidades Reajustables, de 9,38% en Unidades Indexadas y de 11,81% en dólares, cuando la estimación del Banco Central hipotetizaba, “en el mejor de los casos”, un rendimiento de 7%. Subrayaron el valor de apreciar la rentabilidad de largo plazo en lugar de detenerse en las fluctuaciones cortoplacistas porque éstas no evidencian lo que obtendrá el ahorrista. “En el largo plazo la rentabilidad tiende a converger” entre las distintas monedas, precisaron. No obstante, reconocieron que “es muy difícil mantener una rentabilidad de 9%” en el tiempo, por lo cual “es probable que baje un poco”, aunque “lo mismo hubiésemos dicho catorce años atrás y la rentabilidad que tenemos hoy es ésa”.
Otro punto mencionado fue el fuerte incremento de afiliaciones y, en ese sentido, destacaron que RAFAP tiene el 38,06% de los encuadrados al sistema pero el 56,52% del FAP, implicando que la administradora del Estado no sólo tiene “a los que cobran más” sino también a “los que lo hacen de forma más continua”. Precisaron que las rentabilidades de las cuatro empresas “son similares” porque “la regulación te castiga si te separás del resto”, razón por la cual todas “siguen las estrategias de inversión del sistema”. Si bien RAFAP tuvo la mayor rentabilidad y es la que cobra la menor tasa de interés, sus directivos evaluaron que “su mayor activo” es su propiedad estatal. “Son pocos los que se afilian por una cuestión racional: la mayoría busca la confianza del Estado más allá de la comisión o la rentabilidad que se pague”, apuntaron.
Las críticas a las AFAP provienen principalmente del movimiento sindical, que mantiene en agenda el objetivo de su eliminación. Este planteo “es un tema que podría extinguirse en el largo plazo”, aunque es difícil que sea dejado de lado porque “nadie quiere desgastarse en una discusión al respecto” en la interna gremial. En ese sentido, aseguraron que el sistema está “consolidado”, y que la muestra cabal de ello es que “el FA llegó al gobierno y tuvo una discusión interna” sobre el punto, en la que “no sólo se decidió seguir” con el sistema vigente sino que se apostó a “ampliarle las potestades”.
Negaron que en Uruguay pueda ocurrir algo similar a lo que sucedió en Argentina, donde el gobierno eliminó las AFJP, porque “la propia sociedad no lo permitiría”.