En su sano juicio
El viernes, el diario El Observador publicó en tapa unas declaraciones en las que Elvira Domínguez manifestó que, de eliminarse el artículo 178, el Estado se expone a “infinidad de juicios” de empresas que contrata. En la disertación, la representante empresarial expresó su preocupación por las “pérdidas cuantiosas que le pueda generar eso al Estado”. “Nos preocupa que se legisle livianamente sin tener en cuenta estas cosas”, exigió. Al respecto, Pomatta matizó el aserto apuntando que la situación no es nueva, que el Estado “ya tiene” juicios en curso iniciados en su contra y aseguró: “No hay que alarmarse porque está en el derecho la posibilidad de reclamar, y si la Justicia le da la razón, es porque la tenía”.
El argumento para solicitar la eliminación de la norma es que la figura creada por ésta constituye una modalidad habitualmente utilizada para “esconder” relaciones de dependencia laboral bajo la denominación del “trabajo autónomo”.
El debate desnuda un juego de posiciones contrarias bien marcadas con base en intereses diferenciados, que tiene como telón de fondo una confrontación de mayor alcance entre sindicalistas y empresarios, que cruzan reclamos de “falta de diálogo” y comparten, desde fundamentos opuestos, un “desencanto” con las instancias oficiales de negociación.
Los primeros les echan en cara a las patronales una complicidad con los gobiernos anteriores a 2005, sobre todo durante la década de los años 90, que no convocaron al diálogo tripartito y promovieron desregulación y flexibilidad laborales. Los segundos entienden que los gremios obreros, con la complicidad del gobierno frenteamplista, aplicaron una regulación en materia laboral que únicamente contempló las posiciones sindicales. Ambos bandos se encargan de remarcar sus posiciones cada vez que pueden y la última oportunidad que tuvieron fue el evento organizado por CADE el pasado viernes, en el que expusieron directivos privados, jefes sindicales, representantes del gobierno y expertos vinculados a la oposición.
El gerente de asuntos laborales de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, fue enfático al remarcar su rechazo a la iniciativa para la eliminación del artículo 178: “Estamos en contra de la derogación”, puntualizó, porque la norma “brinda certezas jurídicas” y su eliminación “generaría una señal inadecuada a la economía”. Consideró que se esgrimen “males demoníacos respecto a los contratos de unipersonales, pero nunca se mostró un estudio sobre la magnitud del supuesto problema”, que es, a su entender, “mucho menor a la que se cree”.
Por su parte, la representante del sector privado en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Elvira Domínguez, se enfocó en la necesidad de que los empresarios tengan “los mismos derechos que los trabajadores dependientes” y compartió su preocupación por la existencia de “relaciones encubiertas de dependencia”. Sin embargo, valoró que la solución no pasa por eliminar las unipersonales sino por “generar un diálogo nacional” que incluya en el sistema de protección social “al empresariado unipersonal y en general a todo empresario”.
La posición sindical fue expuesta por Mario Pomatta, abogado del PIT-CNT, quien valoró que la aplicación de la norma “ha sido nefasta” y contestando a Mailhos subrayó: “Nosotros sí estamos de acuerdo con la derogación”. Fustigó la ley evocando que su aprobación se produjo en un contexto de “desregulación laboral”, con ausencia de diálogo tripartito y “no convocatoria a los Consejos de Salarios”. Desde ese lugar, lamentó: “Quienes impulsaron esta norma fueron los mismos que no convocaron al diálogo entre las partes para regular las relaciones laborales”, pero no fue todo. “Quienes se resisten [a la derogación] son los mismos que están a favor de la desregulación laboral”, disparó. Respecto de la propuesta de “diálogo nacional” lanzada por Domínguez, Pomatta la relativizó señalando que “el movimiento sindical tiene una experiencia negativa en esa línea”, aunque está abierto a participar en el análisis de iniciativas. No obstante, graficó: “El que se quema con leche, ve la vaca y llora”. Mailhos, a su vez, respondió a Pomatta, y lo hizo defendiendo al empresariado: “Vaya si tenemos argumentos para decir que estamos desencantados con el diálogo social”, aseveró, si bien también manifestó estar dispuesto a dialogar.
Estás tentado
A su turno, Álvaro Rodríguez Azcúe, asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), también recordó el marco histórico de aprobación de la norma, cuando primaba una concepción de “liberalismo económico” que pregonaba, conforme a su doctrina, “cambios en la política laboral y en la seguridad social” en un sentido regresivo e impulsaba la expansión de las tercerizaciones. “Una política de flexibilización y desregulación del trabajo”, resumió el también académico.
Aquel desarrollo generó diversos impactos “nocivos”: en materia laboral tuvo lugar un “elemento de fuga de los contratos de trabajo, y cosas que se hacían de forma dependiente, se tercerizaron”. Asimismo, tuvo efectos sobre la cobertura de seguridad social en virtud de que su aplicación implicó “una clara pérdida de beneficios” y derechos de los trabajadores dependientes. Además, valoró, suprimir la norma “es una forma de dar cumplimiento” a una de las recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo en el sentido de que sean eliminados todos los instrumentos que incentivan relaciones de dependencia encubiertas.
Después expuso Hugo Barreto, otro prestigiado técnico que también asesora al MTSS y durante varios años representó legalmente al movimiento sindical, explicando, “a título personal”, que “el artículo 178 complejiza y desdibuja la frontera” entre el trabajo dependiente y el autónomo “con las consecuencias que ello trae”. “Es una tentación a caer en el fraude”, advirtió. Enumeró luego tres aspectos a ser considerados para “salir del problema” y determinar si se verifica o no una relación de dependencia: en primer lugar, observar la forma en la que se ejecuta el trabajo; en segunda instancia, aportar algunas técnicas e indicios que la legislación laboral podría exigir y, por último, “eliminar las prácticas que incentivan las relaciones de trabajo encubierta”, lo que “pasa por eliminar el artículo 178”.
Por su parte, el titular de la cartera, Eduardo Brenta, quien se hizo presente para cerrar el evento, aseguró que es importante eliminar la norma porque ella genera “mecanismos” para esquivar las responsabilidades empresariales y también porque alienta una competencia desleal para las demás firmas. Destacó que el trabajo autónomo está creciendo en relevancia en la economía y que se debe “aprovechar las nuevas oportunidades a nivel nacional e internacional”, incorporando esos trabajadores al sistema de seguridad social.
No y no
El ex presidente del BPS Rodolfo Saldain declaró que su opinión “no es favorable a la mera derogación” porque “las unipersonales son una realidad instalada en Uruguay”, mientras que el ex colega de Brenta Santiago Pérez del Castillo valoró que esa figura implica “un objeto a ser defendido”. Observó que el concepto de empresas unipersonales es muy antiguo y está estrechamente vinculado al de micro, pequeña y mediana empresa, que en Uruguay “constituyen una gran fuente de generación de empleo”. “Son un factor fundamental para el desarrollo económico y social”, evaluó.