En referencia al título de la conferencia, Fagúndez explicó que los dos caminos que se cruzan son: “la información”, que es aportada por la oficina que dirige, y “las decisiones”, que se toman a partir de la primera, en una acción que corresponde a las autoridades del Ministerio de Ganadería y también al sector privado.
Uruguay debe realizar “obligatoriamente” un censo agropecuario cada diez años, en todos los años terminados en cero, por lo que, en realidad, correspondía la realización de esta actividad el año pasado y no éste, como se está haciendo. En conversación con la diaria, Fagúndez informó que una “traba burocrática” impidió la contratación del personal necesario para realizar el censo y por eso se postergó para 2011.
Recordó que el primer censo agropecuario se realizó en 1852 y desde entonces se concretaron 18 instancias (cuatro grandes censos ganaderos y 14 agropecuarios), realizadas bajo diferentes administraciones e incluso en los períodos dictatoriales. “Uruguay no ha estado huérfano de información a la hora de tomar políticas”, valoró. Ello se debe a la importancia que tiene el sector para el conjunto de la economía, que -incluyendo las actividades industriales vinculadas- representa el 12% del Producto Interno Bruto del país.
Puertas adentro
El principal objetivo que se persigue con el relevamiento consiste en “proporcionar datos de la estructura agropecuaria para el país en su conjunto”, información que luego será utilizada por los sectores público y privado. “Si adopto una política con información fidedigna va a ser mucho mejor y eficiente que si la tomo sobre información que no existe o que es de mala calidad”, argumentó.
En esa línea, mencionó el fuerte incremento de demanda de datos que afrontó la oficina que dirige durante los últimos años, tanto a solicitud del gobierno como de los empresarios.
Entre las 750 preguntas incluidas en el formulario, se “investigan todos los rubros de producción, las relaciones laborales, el uso de maquinaria”, pero también se interroga por “las principales actividades a nivel nacional y por región, y las principales fuentes de ingresos”. Es decir que “se pregunta por todo lo que hay de la puerta de la estancia hacia adentro”, graficó.
Recordó que el Censo General Agropecuario forma parte del Sistema Estadístico Agropecuario, que también está integrado por encuestas continuas, monitoreos y registros. Al respecto, subrayó que tanto las encuestas como los monitoreos “sólo se pueden hacer a través del directorio surgido del censo”. “El censo es la piedra angular”, enfatizó. En el trabajo de campo se censan todas las explotaciones agropecuarias que tienen una hectárea o más de tierra destinada a usos del sector, analizándose “la tierra”, “al productor” y “sus medios de producción”.
Señor, sí, señor
Recordando datos del último censo, realizado en el 2000, mencionó que la superficie agropecuaria total alcanzaba a las 16.400.000 hectáreas, había 57.000 explotaciones y una población rural que ascendía a 189.000 personas, de las que trabajaban unas 157.000.
El censo se divide por departamentos (19), éstos por área de supervisión (103 para todo el país) y en áreas de enumeración (637 en conjunto). El tiempo de la entrevista es de entre 45 minutos y una hora, por lo que, se estima, llevará un plazo de tres meses aproximadamente la realización de todo el trabajo. Se prevé que las actividades comenzarán en agosto o a más tardar en setiembre, buscando tener prontos los resultados preliminares antes de que finalice el año. Los resultados definitivos se conocerán en octubre de 2012.
Explicó que se omitieron en los formularios las preguntas específicas, ya que de esa parte del estudio se encargan las encuestas continuas. Un dato no menor es el personal que se dedica al relevamiento de datos. En un principio se encargaba de esa tarea personal policial, pero luego comenzó a ser realizada por civiles contratados. En esta oportunidad serán militares, quienes están siendo capacitados e incluso ya realizaron una experiencia piloto para ser evaluados, con “resultados positivos”, según Fagúndez.
Por último, aclaró que el censo es “obligatorio”, aunque “no es una declaración jurada”. “Se rige por el secreto estadístico, que obliga a tratar la información individual con la más absoluta confidencialidad”, puntualizó.