Como hace un año, las principales miradas de preocupación en el plano económico están concentradas en Grecia, que continúa atravesando serias dificultades financieras que llevaron nuevamente al país a solicitar la ayuda de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un nuevo rescate. Buscando la aprobación de sus prestamistas las autoridades griegas lanzaron un plan de privatizaciones para captar nuevos recursos y al mismo tiempo concretar nuevos recortes de gastos, apuntando a convencer a aquéllos y a los mercados de que puede pagar su deuda sin reestructurarla. Esta última opción, que consiste en extender los vencimientos de las obligaciones en manos de privados, fue descartada tanto por el gobierno griego como por el Banco Central Europeo (BCE), ya que entienden que la reprogramación provocaría un derrumbe de la economía y del sistema bancario de Grecia y de otros países vulnerables.
En los últimos días algunos funcionarios del BCE se mostraron favorables a una “suave reestructuración”, pero los máximos responsables de la entidad reiteraron su oposición al entender que ello también traería consecuencias negativas al conjunto de la eurozona, dificultando el acceso al crédito para los bancos de los otros países en dificultades. También Grecia ha mostrado una postura negativa a extender los vencimientos.
En la misma línea, la agencia calificadora Moody’s advirtió que incluso una reestructuración en acuerdo con los acreedores tendría serias repercusiones para otros países endeudados en la periferia de la zona, cuyas calificaciones podrían ser rebajadas a “la categoría basura”, informó la agencia británica de noticias Reuters. “Una cesación de pagos griega sería altamente desestabilizadora y tendría implicancias para la solvencia de los emisores a lo largo de toda Europa”, dijo el encargado de créditos de Moody’s para la región, Alastair Wilson, añadiendo que los primeros afectados serían Irlanda y Portugal, este último también recibió un rescate para cubrir su vulnerabilidad fiscal.
Respecto del plan de ajuste griego, los contribuyentes de la UE exigen un amplio consenso político en torno al recorte del gasto y las privatizaciones para desembolsar más recursos. El comisario de Asuntos Económicos del bloque, Olli Rehn, recalcó la condición de que Grecia genere un fuerte consenso político.
Si bien habría un acuerdo relativo sobre el plan de privatizaciones, son muchos los griegos que rechazan más medidas de recorte, y la oposición conservadora critica el plan de austeridad que se busca aplicar. “El gobierno está cargando la economía con nuevos impuestos. Esto trae más recesión, no menores déficits”, comentó el líder conservador Antonis Samaras tras reunirse con el presidente George Papandreu. Esa receta “ha demostrado que está equivocada”, evaluó, agregando que su partido está a favor de las privatizaciones pero no de liquidar los activos del Estado en medio del pánico.
Las privatizaciones a las que apunta el gobierno incluyen a Hellenic Postbank, OTE Telecom y los dos mayores puertos, con lo cual se aspira a recaudar 50.000 millones de euros para disminuir el pasivo y dar una señal positiva al mercado.