A la reunión en Cancillería están invitados integrantes del Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura -cuyo responsable, Alfredo Scafati, estuvo representando a Uruguay en la 22ª sesión-, de la Fundación Braille del Uruguay, la Unión Latinoamericana de Ciegos (Ulac), la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) y de la Cámara Uruguaya del Libro.
Por casa
Antonia Irazábal, presidenta de la Fundación Braille del Uruguay (FBU) dijo a la diaria que en nuestro país hay un vacío legal, que la fundación tiene acuerdos de facto con autores uruguayos que tienen muy buena disponibilidad en que se reproduzcan sus obras en formatos accesibles (Braille o audio) y por las que sortean pagar derechos de autor, pero que es necesario contar con un acuerdo marco que dé garantías para ambas partes. Consultado por la diaria Eduardo de Freitas, representante de Agadu, explicó que "Agadu, autores, artistas y productores no tienen problema en aliarse y encontrar soluciones para que los no videntes accedan a los materiales que sean para uso de ellos específicamente". En este sentido ya se encuentran trabajando con integrantes del Consejo de Derechos de Autor del MEC. En la actualidad la FBU imprime únicamente libros infantiles, que llegan gratuitamente a los usuarios. La reproducción de un texto en audio para adultos sólo se hace en una versión para préstamo y se prohíbe la reproducción. Irazábal indicó que las organizaciones nacionales de ciegos están trabajando para formar una fundación que se llamará Federación Uruguaya de Institutos de Ciegos y que cuando se conforme, esperan que sea en agosto, plantearán crear excepciones a nivel nacional para que se puedan editar libros en sistemas accesibles para personas con discapacidad visual o a las que no pueden acceder a la lectura en tinta de manera temporal o duradera, por problemas de motricidad, dislexia o un accidente.
El tema de aprobar excepciones y limitaciones a las leyes de derecho de autor es impulsado a nivel mundial por las asociaciones de no videntes, porque pese a todos los adelantos tecnológicos sólo 1% de los libros producidos mundialmente es accesible para esa población (en formatos como Braille, macrotipos o audio).
Uruguay plantea este tema en la OMPI desde 2006 y copatrocinó las propuestas de limitaciones y excepciones presentadas en sesiones de 2008 y 2009 junto con otros latinoamericanos como Brasil, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, México y Argentina, y en base a la de 2009 trabajó la 22ª sesión. En ella se logró un texto consensuado que contempla los dos puntos solicitados por la Unión Mundial de Ciegos. Se propone que los estados establezcan en sus legislaciones nacionales de derecho de autor una excepción o limitación a los derechos de reproducción, distribución y puesta a disposición del público. De ese modo, las entidades autorizadas (organismos gubernamentales o asociaciones de ciegos) podrían reproducir la obra en formato accesible para personas discapacitadas visuales, siempre que los ejemplares se suministren exclusivamente a los beneficiarios y que no haya fines de lucro; cada país determinaría si las excepciones y limitaciones están sujetas a remuneración. El otro punto propone el intercambio transfronterizo de textos en formatos accesibles entre entidades autorizadas y personas con discapacidad visual de otros países, para el uso de los beneficiarios y sin ánimos de lucro.
Scafati explicó a la diaria que el texto logró un amplio consenso, que fue respaldado por 39 países, entre ellos Estados Unidos (EEUU), la Unión Europea (UE), Australia y varios países latinoamericanos y europeos; dijo que recibió también "apoyos del Grupo B [de países más ricos] y del Grupo Asiático y China. Lamentablemente el Grupo Africano no se sumó, más que nada porque no se tomaron en cuenta sus comentarios y esto en definitiva hizo naufragar la posibilidad de que el Comité adoptara una posición sobre la propuesta". En noviembre se abordará si ese documento consensuado se transforma en en un tratado vinculante o en una recomendación (esta última no tiene carácter obligatorio como sí lo tiene un tratado).
Más que una sugerencia
“Uruguay propugna por un tratado o instrumento internacional de carácter vinculante, como lo reclaman las organizaciones de discapacitados visuales. Pero esto se veía difícil de lograr, por cuanto la Unión Europea quería que se tratara de una recomendación a largo plazo en que los países adoptaran limitaciones y excepciones en sus legislaciones para discapacitados visuales, con una evaluación a los cinco años; EEUU y el Grulac [Grupo Latinoamericano] podían llegar a un acuerdo en que hubiera una recomendación de que los países consagren limitaciones y excepciones en su legislación, pero que finalizado un plazo determinado, se convocara una conferencia diplomática para aprobar un Tratado Internacional”, detalló Scafati.
Pablo Lecuona es integrante de Ulac-Argentina (allí donde reside y dirige Tiflolibros, la primera biblioteca digital para ciegos de habla hispana) y representó a su organización en la 22ª sesión. En diálogo con la diaria explicó que si bien se vienen produciendo avances lentamente, no considera bueno que se vaya hacia una recomendación como proponen EEUU y la UE porque “hace más de 25 años tuvimos ya una recomendación de OMPI y UNESCO, y no sirvió para nada, todo sigue igual” expresó. Agregó que “es un poco desesperante, es la quinta vez que voy a una sesión del comité y todo cuesta tanto” y acusó a la UE y a EEUU de trabar y demorar las soluciones reales. Lecuona dijo en su intervención en la 22ª sesión: “Nos piden otra vez que aceptemos una declaración y esperemos tres años para ver si funciona. Si están dispuestos a dentro de tres años llegar a un tratado si la recomendación no funciona, ¿por qué no ir ahora hacia la solución completa que buscamos? Yo propongo a quienes quieren demorar la solución de este problema, que pasen tres años pudiendo acceder solo a uno de cada cien libros que hoy están disponibles”.