Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países que forman la UE reconocieron que la austeridad fiscal no es suficiente para superar la crisis de deuda que enfrenta la región; por ello reclamaron una estrategia para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, no han previsto ningún respaldo presupuestario adicional para logar ese objetivo ni detallaron medidas concretas.
¡Joder!
La economía española cayó 0,3% en el cuarto trimestre de 2011 respecto del trimestre anterior, aunque cerró en el conjunto del año con un crecimiento de 0,7%, según datos oficiales. Si se registra un nuevo deterioro del Producto Interno Bruto español en el primer trimestre de 2012, se considerará técnicamente que el país ha vuelto a entrar en recesión económica. La caída registrada "se produce como consecuencia de una contribución más negativa de la demanda nacional, compensada en parte por la aportación positiva del sector exterior que ha crecido respecto del trimestre anterior".
La declaración aprobada señala que "en los últimos meses ha habido signos preliminares de estabilización económica, pero las tensiones en los mercados financieros continúan dificultando la actividad económica y la incertidumbre sigue siendo alta".
Los líderes europeos aseguran que la consolidación fiscal "es una condición necesaria para volver a un mayor crecimiento y empleo, pero no es suficiente por sí misma: tenemos que modernizar nuestras economías y reforzar nuestra competitividad para garantizar un crecimiento sostenible".
Ante la elevada deuda y altos déficits de muchos países del bloque, se han exigido fuertes recortes presupuestales para equilibrar las cuentas y consolidar sus finanzas. Sin embargo, no son pocos los que advierten que los "ajustes fiscales" constituyen un "freno de mano" para la actividad económica de estas naciones, que les impide salir de la crisis.
En las conclusiones de la reunión se afirma: "El crecimiento y el empleo sólo se reanudarán si proseguimos un enfoque coherente y completo, combinando una consolidación fiscal inteligente que preserve la inversión para el crecimiento futuro, políticas macroeconómicas sólidas y una estrategia de empleo activa".
Los líderes europeos aceptaron que los países con problemas redirijan los fondos estructurales asignados que todavía no han gastado "hacia el crecimiento y el empleo", pero dejaron claro que no habrá ayudas adicionales.
Los mandatarios consideran prioritario reducir el desempleo que afecta en Europa a más de 23 millones de trabajadores. En ese sentido, recomendaron reformas laborales orientadas a acortar la temporalidad, ajustar salarios en función de la productividad y reducir la carga fiscal sobre el trabajo.
Para los chicos
Respecto de las pequeñas y medianas empresas (pymes), los líderes europeos reclamaron iniciativas para facilitarles el acceso a financiamiento; por eso respaldaron la política del Banco Central Europeo de suministrar liquidez a largo plazo a la banca y han pedido a los supervisores “garantizar que la recapitalización bancaria no conduzca a un desendeudamiento que afecte negativamente la financiación de la economía”.
También defienden concentrar los fondos europeos en proyectos que ayuden a las pymes, revisar el techo de crédito del Banco Europeo de Inversiones y poner en marcha lo antes posible los bonos comunitarios para financiar infraestructuras prioritarias.
En otro orden, los líderes europeos acordaron el nuevo “pacto fiscal”, aunque República Checa se sumó a Reino Unido en su negativa, según anunció el primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt. La conocida como “regla de oro” establece que “la posición presupuestaria de los gobiernos será equilibrada o de superávit”, lo que implica que los Estados podrán tener un déficit máximo de 0,5% de su PIB. De lo contrario, se aplicarán sanciones automáticas.
Por último, los gobernantes aprobaron el fondo de rescate permanente para el euro, con el que pretenden otorgar seguridad al sistema financiero del continente. El Mecanismo Europeo de Estabilidad será el cortafuegos permanente de la zona euro contra las crisis de la deuda y reemplazará al actual Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. En marzo se decidirá si el monto actual de 500.000 millones de euros con el que cuenta es suficiente para afrontar posibles nuevas crisis de deuda en socios como Italia o España.