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Participante del funeral del joven asesinado Daniel Zamudio el viernes en Santiago (Chile).

Foto: Efe, Felipe Trueba

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Referentes de diversas áreas refexionan sobre el alcance en la sociedad uruguaya del caso Zamudio.

La sociedad uruguaya parece no reconocerse en hechos como el asesinato del joven homosexual Daniel Zamudio en Chile. Porque la ajenidad no despierta alarma social. Porque se ve como “un hecho aislado” y no como parte de una práctica sistemática de discriminación por orientación sexual o identidad de género. O porque la construcción de orden social jerárquico de prestigio hace que se privilegie un tipo de violencia sobre otros. Éstos son algunos de los conceptos sobre los que reflexionaron en diálogo con la diaria referentes de distintos ámbitos.

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“Un paréntesis en el silencio”. Federico Graña, integrante de Ovejas Negras y del Partido Comunista del Uruguay, tituló así una nota que publicó en Facebook, en la que narra cómo fue atacado por sus pares en su adolescencia por ser gay. Diego Sempol, Álvaro Queiruga, Yanina Azzolina y Fabiana Rodríguez, también militantes de la organización LGTB (Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales), enviaron sus relatos a la diaria. Hablan de “dejar de callar”, de sus estrategias para no ser “identificados” o evitar “exponerse”, del aislamiento, de los momentos en los que parece no haber salida, de la salida del armario. Hablan porque sienten la obligación de demostrar que “estas cosas” acá también pasaron y pasan, y porque pese a que vivimos en un mundo “menos heterosexual” que antes, decir “soy gay” o “soy lesbiana” tiene costos (ver nota vinculada).

Solo en la multitud

Fueron cientos los que acompañaron el viernes el recorrido del cortejo fúnebre de Daniel Zamudio, el joven chileno de 24 años que el 27 de marzo murió tras agonizar desde el 3, cuando fue atacado a golpes por otros cuatro jóvenes chilenos de entre 20 y 26 años en el parque San Borja de Santiago. Lo atacaron por ser homosexual. La caravana partió desde la casa de la víctima compuesta por 60 vehículos y siete buses que dispuso el municipio. Varias veces fue necesario detener la marcha para que familiares y amigos pudieran responder las muestras de solidaridad que brindaban los transeúntes. Las crónicas de los medios chilenos indican que la mayoría de las personas agitaba pañuelos blancos y banderas del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), organización que se puso al frente del reclamo de Justicia y de la necesidad de que se apruebe una Ley Antidiscriminación.

El crimen alentó el debate sobre los derechos de las minorías, la discriminación y la tolerancia en la sociedad chilena. El gobierno acusó recibo y anunció la disposición de la bancada oficialista para aprobar rápidamente la norma. Sin embargo, el Movilh expresó reparos. Mediante un comunicado expresó, según reprodujo ayer el diario La Tercera, que “nuestros esfuerzos no sólo se concentrarán en acelerar la tramitación, sino especialmente en el perfeccionamiento de la norma, de manera que ésta cumpla mínimamente el espíritu que le dio origen en 2005, cuando la creamos junto al gobierno de Ricardo Lagos”. “La versión actual del proyecto es incluso discriminatoria, por cuanto asocia a la diversidad sexual con delitos de connotación sexual”, aseguró el grupo que preside Rolando Jiménez.

El sociólogo Luis Eduardo Morás sostiene que el “estas cosas acá no pasan” es un “mecanismo retórico” habitual tendiente a “opacar la existencia de los conflictos y violencias que actualmente sufren importantes sectores de la población y las estigmatizaciones que se elaboran sobre grupos minoritarios y alternativos” como los LGTB. “Es una forma de banalizar ese dolor, eludir responsabilidades colectivas y elaborar una agenda que obsesionada por la ‘inseguridad’ privilegia un tipo de violencia sobre otros”, apuntó.

Incluso, añadió Morás, los noticieros parecen reservar sus portadas “sólo a un tipo específico de víctima”. En opinión del sociólogo, los relatos elaborados por los medios de comunicación en general transmiten la idea de que determinadas víctimas sufren episodios de violencia física o simbólica porque “algo habrán hecho”, “se la buscaron”, “estaban en el lugar equivocado en el momento justo”. Ejemplificó con los asesinatos de las dos mujeres trans en el Parque Roosevelt ocurridos en marzo y señaló que “son el emergente más extremo de una sumatoria de violencias cotidianas”. “Parece que, en definitiva, son hechos aislados cometidos por sujetos alienados que no hacen parte de la realidad cotidiana. Y eso es falso”, sostuvo.

En la misma línea, el psicólogo Néstor Rodríguez, especialista en masculinidades, apunta que lo ocurrido en Chile “no deja de verse como hechos aislados y no como prácticas sistemáticas de discriminación y violencia que la población LGTB sufre en el mundo”. “Acá en Uruguay dos chicas trans fueron asesinadas y nadie se conmocionó por ello. Tampoco parece haber mucha conmoción por los crímenes de mujeres como consecuencia de delitos de violencia doméstica. Es grave porque pareciera haber diferentes categorías de ciudadanos y ciudadanas”, evaluó.

Rodríguez afirma que, al parecer, determinados delitos “no adquieren el carácter de infracción”. “No se trata de un acto que comete un individuo contra otro, sino de un daño y delito que comete ese individuo contra todo el Estado, contra todo un orden y contra la sociedad en su conjunto”, explicó. La abogada Diana González, candidata a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, hizo notar que los delitos que involucran desvaloración, desconocimiento, odio o violencia son inconstitucionales, pero con eso “no alcanza”. “Es que los violentos, como todas las demás personas, suelen saber calcular cuáles son las conductas que pueden realizar sin riesgos ni perjuicios. Para ello no se fijan en las leyes sino en nuestra reacción. Saben que si la conducta discriminatoria no desequilibra nuestra cotidianidad pueden dar rienda suelta a la peor versión de sí mismos”, manifestó. Por esa razón, todos los días ocupan los medios de comunicación los procesamientos por hurto y “la energía de los gobernantes y de la población” para evitar ese delito. “Nulas o muy escasas son las reacciones ante la discriminación, mucho menos son las que dan relevancia a la gravedad de estas conductas y el daño que provocan”, graficó.

Jerarquías

La primera reflexión de la asistente social Andrea Tuana, integrante de la comisión que estudia los cambios de nombre y sexo en el Registro Civil, también estuvo relacionada con el homicidio de las dos mujeres trans. “Es una noticia que no tuvo demasiado impacto en la opinión pública. Da la sensación de que es ajena a uno. Para la sociedad uruguaya [esos crímenes] no representan una alarma, ni indignación, ni una búsqueda de justicia, de prevención; todas estas movilizaciones ocurren cuando se asesina a un comerciante”, señaló. Tuana expresó que si es posible hablar de un orden social de prestigio, las personas trans están en el último peldaño.

“Uruguay sigue siendo en este sentido asquerosamente conservador, pero también un país con una doble moral, porque muchos de los clientes de las trans son los mismos que al día siguiente de mañana plantean estas cuestiones. Como sociedad estamos a años luz de poder integrar la homosexualidad o el lesbianismo como acción de las personas. Pero la transexualidad la veo más lejos aún, en el orden de lo impensable. Hay cosas no resueltas porque estos temas siguen siendo tabú”, indicó. Destacó que en las escuelas no se trabaja la posibilidad de que existan familias conformadas por dos varones o dos mujeres.

La socióloga Macarena Duarte, integrante del área Discriminaciones Múltiples y Agravadas de Inmujeres, entiende que la discriminación por orientación sexual o identidad de género es comparable con el racismo en la medida en que es una cuestión “latente pero no asumida”. “Esto [el asesinato de Daniel Zamudio, en Chile] me parece muy sugestivo y ha pegado bastante fuerte, afortunadamente logró movilizar más que cuando ocurrió el asesinato de Natalia Gaitán por ser lesbiana [en Argentina, 2010]”, comparó.

Duarte hizo énfasis en que en el caso de las lesbianas se suma la discriminación por orientación sexual a la de género. “Hablamos de interseccionalidad: en el mismo cuerpo se produce un sistema de discriminación. No es hoy por una cosa y mañana por la otra, sino que se produce todo en un mismo cuerpo, en una misma persona”, precisa. “Indudablemente ser lesbiana no es lo mismo que ser gay. A las lesbianas se les suma un factor más de discriminación, que es el género, es decir, sufren una doble discriminación, por ser mujeres y por ser lesbianas”, coincide Rodríguez. Y continúa: “Cuando se logra integrar de alguna manera es a través de la fetichización, es decir, la clásica fantasía de algunos varones heterosexuales de estar con dos mujeres o de ver a dos mujeres manteniendo relaciones sexuales”.

Sin embargo, añade, no pasa lo mismo con dos varones: “Parece generar mayor rechazo la imagen de dos varones en situaciones de intimidad que la de dos mujeres. Ser varón homosexual es algo así como escupir sobre el valor oro”. Según el psicólogo, las estrategias de opresión colocan las masculinidades homosexuales en el último lugar de una jerarquía entre los hombres que es estructurada de acuerdo al género, para la cual desde este punto de vista la homosexualidad se asimila con facilidad a la feminidad. “En una sociedad en la que lo femenino es inferiorizado y desvalorizado, la homosexualidad, al quedar asociada a ésta, también lo será”, concluyó.

Cambiar

Todos los referentes consultados entienden que no habrá cambios profundos para evitar situaciones de discriminación mientras el Estado no genere políticas públicas. También hacen énfasis en que la discriminación se sustenta en la ignorancia, los prejuicios, mitos y escalas de dobles valores. “Todavía hay quien cree que la homosexualidad es una perversión, que una persona trans es loca, que una niña es abusada porque provoca y que una persona prostituida se dedica a ello porque le gusta la vida fácil”, ejemplificó González.

Sin ir más lejos, en setiembre, la directora de UTU de San Carlos (Maldonado), Olga Rivero, opinó en una entrevista televisiva que la homosexualidad es una enfermedad que, en el caso de su hijo, el sistema educativo no pudo evitar. Fuentes de la institución confirmaron a la diaria que el sumario de la docente todavía está en curso. En julio, la fiscal Dora Domenech entendió que no había mérito y solicitó el archivo de una denuncia por discriminación presentada por una pareja de jóvenes gay contra el boliche Viejo Barreiro. En 2009, los propietarios de los canales privados de televisión decidieron no vender espacio de televisión a Ovejas Negras para emitir un spot en el que dos varones, dos mujeres, y un varón y un trans, se besaban en lugares públicos, por considerarlo “agresivo” y por fuera de los “lineamientos estéticos”. El audiovisual buscaba difundir la Ley contra la Discriminación por la Orientación Sexual y la Identidad de Género, aprobada en 2003.

Para Duarte, este tipo de cosas pasan en alguna medida porque hay un proceso de visibilización, “como una trama que de alguna manera se va retroalimentando”: “Si estuviéramos por la calle y estuviéramos más acostumbrados a ver parejas del mismo sexo abrazándose o besándose, quizá en un principio el grado de violencia se incrementaría. Porque lo que amenaza es lo distinto, lo que está por fuera del mundo hegemónico. A la larga se podría lograr una aceptación como parte del panorama, y esa violencia iría disminuyendo. El tema es quiénes dan los primeros pasos para que eso ocurra y a cuántos niveles hay que dar esos pasos. No es fácil denunciar las agresiones, porque frente a la violencia, ¿quién va a querer salir del armario? Es un paquete que involucra al colectivo pero también al Estado. Éste es un punto neurálgico: cómo desentramar”.

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