El acuerdo implica la ejecución de 84.000.000 dólares, una mitad corresponderá a un “préstamo” del organismo internacional y la otra será una “inversión” de la empresa pública, adelantó a la diaria el presidente de OSE, Milton Machado. El vínculo entre las instituciones, que lleva más de 20 años a través de sucesivos programas, permite suponer que la confirmación por parte del BM a este nuevo plan se dará en la primera semana de julio. Su representante en Uruguay, Peter Siegenthaler, evaluó que si bien “a veces uno piensa que por ser un organismo público es lento”, OSE “tiene un espíritu muy empresarial, tiene ese empuje de mejorar la eficiencia con el objetivo final de servir a los uruguayos”, lo cual calificó como “bastante impresionante”. Este reconocimiento se dio ayer en el marco del taller de Modernización de Empresas de Agua en América Latina, que congregó a delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia.
Para las usinas Aguas Corrientes y Durazno, que proporcionan agua potable a la capital y a toda el área metropolitana -abarcando dos tercios de la población del país-, serán destinados 22.000.000 de dólares. Las reformas de estas instalaciones, que prácticamente serán construidas a nuevo, contarán con un enfoque que contemple el cambio climático, dado que, según el titular de OSE, “las sequías e inundaciones han afectado a estas usinas, poniendo en riesgo el suministro”. La reducción del volumen de agua no contabilizada, por tanto no facturada por la empresa, y la eficiencia energética serán factores que intentarán revertir esta situación. “No sólo se trata de pérdidas, fugas, roturas en la vía pública o fugas invisibles que puedan tener los vecinos en sus casas, también incluye componentes de fraude y de conexiones clandestinas no autorizadas”, detalló Machado.
Las pérdidas de agua por fraude representan el 15%, mientras que las relacionadas con las roturas el 28%. En este sentido, informó que “hay un plan de sustitución de cañerías; en Uruguay tenemos tuberías que tienen 60 y 70 años que ya cumplieron su vida útil”. El proyecto prevé la sustitución de 150 kilómetros de tuberías de los casi 15.000 que tienen las redes que se extienden en todo el país.
La conexión obligatoria al saneamiento, que aprobó el Parlamento en noviembre de 2011, y que OSE comenzó a implementar junto al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), le dará al ente un panorama de cuáles son los problemas, tanto económicos como técnicos que enfrenta la población. “Estamos en conversaciones con el ministerio para fijar las franjas de subsidios, pueden ser totales o parciales de acuerdo al sector socioeconómico de la población o si no hay posibilidades de financiamiento”, aclaró Machado, para posteriormente añadir que “nuestro interés es que la gente se conecte, acá no hay un afán de tener un margen de ganancia, ni de lucro, tenemos la capacidad instalada, que fue una inversión millonaria, y justamente lo que necesitamos es mejorar la calidad de vida y las condiciones ambientales de la gente”.
El organismo calcula que entre 15% y 20% de la población que no está conectada a la red de agua potable cuenta con la capacidad de saneamiento instalada próxima a su hogar. El plan también incluye ampliaciones a la red para ampliar la cobertura que “hoy en el interior urbano es del orden de 45% de cobertura de saneamiento por alcantarillado en la vía pública. Nuestra intención es llegar a 60% de cobertura en 2015”.
En tanto, los intereses del BM, según Siegenthaler, se relacionan con “apoyar estas reformas porque tienen un impacto en la calidad de vida de los uruguayos, y mantener las tarifas a un nivel manejable”. Por otro lado, indicó, “se está generando conocimiento, que eso después nosotros internamente, y a través de nuestros talleres, también los diseminamos, y el efecto se hace más globlal”.
El concepto de avanzada de la empresa estatal, que cuenta con un superávit que ronda los 50.000.000 dólares según Machado, está en que “estamos a la vanguardia porque además dejamos registrado en la Constitución de la República el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental: En función de eso es que tenemos que actuar, por la universalización del agua potable, con un criterio de inclusión social en la medida de nuestros recursos y posibilidades”.