El punto de encuentro fue el Club Social Minas, ubicado en la plaza principal de la capital de Lavalleja. Allí se dieron cita más de un centenar de policías y civiles de los cinco departamentos para intercambiar experiencias entre los integrantes de las denominadas Mesas Locales, un ámbito que el MI ofrece como “herramienta” para la “seguridad ciudadana”, basada en la construcción de las relaciones de convivencia entre las comunidades y organismos del Estado.
El sentido de estos espacios es “llamar a complementar el trabajo de la Policía”. “Hay que ver cuál es el elemento que puede solucionar: un organismo nacional o departamental, o si es la Policía. Muchas veces la inseguridad de un barrio depende de la iluminación. También es posible que se hayan perdido espacios públicos y los hayan ganado los delincuentes; quizá de lo que se trata es de recuperar ese espacio”, explicó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en la apertura de la actividad. El punto, añadió, es cómo participa la población. “Muchas veces se llama para que la gente se arme para defenderse, pero ésa no debe ser la forma de participación: la mayoría de las veces da resultados negativos. Por eso no se trata de llamar a sustituir a la Policía, sino a complementar su trabajo”, enfatizó.
“Fábricas de delincuencia”
Durante su exposición Bonomi indicó que cuando en un país aumenta la delincuencia se discuten dos paradigmas como si fueran opuestos: unos piden “mano dura” y otros, políticas sociales. “Ambas por sí solas fracasan. Esa discusión es inútil”, aseguró el jerarca. “Sólo las políticas no pueden solucionar nada o pueden hacerlo en el largo plazo. [...] También hay que llevar adelante políticas policiales para evitar las consecuencias de aquéllos. Las políticas policiales sin mejoras sociales que cierren la fábrica de delincuencia tampoco funcionan. El MI tiene la obligación de llevar adelante las políticas policiales y el gobierno las políticas sociales. No se puede pedir al MI esto último, eso es un error. El MI es responsable de las políticas policiales de prevención, disuasión y represión”, señaló y argumentó con numerosos ejemplos la importancia de la participación ciudadana en este proceso. “Mientras la gente compre robada la garrafa de supergás va a seguir habiendo gente que las robe. Mientras se siga cerrando el circuito vamos a tener el problema. Y esa parte del problema no la arregla una política policial. El papel de la Policía va a seguir siendo agarrar al que vende la garrafa, pero el papel de la sociedad es que se consuma las garrafas donde corresponde”, resumió.
Para los alumnos del liceo rural y del bachillerato agrario de la UTU de Villa del Rosario, un problema de convivencia y de seguridad ciudadana es la recuperación de La Torre Azul, un histórico boliche ahora denominado El Torre. Ambas instituciones educativas funcionan en un mismo predio en la ruta 12, a 25 kilómetros de Minas. En esa zona también se encuentra El Torre, único lugar bailable del lugar.
Victoria López (16) y Santiago Sobera (17) son los voceros y, acompañados por la directora del liceo, Nancy Marichal, hablaron con la diaria, como minutos antes con el ministro, sobre el proyecto que presentaron a la Mesa Local de Lavalleja.
No quieren evitar hurtos o rapiñas. Eso no les preocupa. “Queremos no tener que viajar a Minas para ir a bailar”, resumió Victoria. Los adolescentes cuidan las palabras con que se refieren a la situación y a sus pares pero quieren que quede claro que al baile de Villa del Rosario “ya no se puede ir” porque “el ambiente no está bueno”. El problema, indican, es que quienes acuden allí llegan desde Minas en un micro que pone a disposición el propietario de El Democrático, un boliche de la capital serrana, para que lleguen a El Torre.
El Democrático tampoco les resulta amigable para las salidas nocturnas. “No sé cómo decirlo, son malandras. El problema es que El Democrático se llena y su dueño, que alquila El Torre, los manda gratis para Villa del Rosario. Y nosotros tenemos que venirnos [a Minas] para poder salir”, explicó Santiago. Cuando los invitaron a participar en la Mesa Local no dudaron: presentaron un proyecto para recuperar el local que tiene más de 60 años de historia.
Salieron a buscar las dos o tres generaciones que supieron pasar su juventud y sus primeros noviazgos en La Torre Azul, para hacer un documental que todavía no tiene fecha de estreno pero que vendrá acompañado de jornadas de recreación con bailes típicos de cada época, con su correspondiente vestuario. “Queremos mostrar el baile que fue todos estos años, pero también el baile que nos gustaría tener en Villa del Rosario”, describió Victoria.
Otros problemas
Durante 2010 y 2011, 84% de las rapiñas se produjo en Montevideo y 12% en Canelones. “Esto quiere decir que sólo 4% se cometió en el resto del país. Es abismal la diferencia”, remarcó el titular del MI. Como ejemplo añadió que durante 2011 no hubo homicidios en Colonia y que en lo que va de este año hubo cinco, pero ninguno relacionado con la inseguridad pública: tres por violencia doméstica y dos por problemas entre vecinos.
La percepción de la Policía minuana es que “se viene” lo que pasa en Montevideo. “Acá antes no se veían rapiñas. Estas actividades están buenas, pero falta compromiso de la gente acá, este tema no le ha llegado”, dijo a la diaria un efectivo policial cuyos dichos eran aprobados por sus pares, que entonces aguardaban la llegada de Bonomi.
El vicepresidente de la Mesa Local de Lavalleja, Carlos Piccón, vecino de Barrio Olímpico, entiende que “ni siquiera” son situaciones comparables. “Hoy por hoy hay un acceso a la información muy importante. Al instante sabés lo que pasa en España como en el Cerro de Montevideo. Tenemos una sensación por la gran diversidad en los medios de prensa y nos hacemos una idea globalizada de que está todo mal. Pero yo no lo trasladaría a Minas porque estamos demasiado lejos de esa realidad y mientras se siga trabajando en fortalecer la convivencia y la comunidad en sí misma lo vamos a evitar. No creo que ni siquiera pueda compararse con Montevideo, nos dedicamos a otro tipo de trabajo”, señaló en diálogo con la diaria.
La inseguridad en Lavalleja, explica Piccón, es vial. “Es donde tenemos más muertes”, destacó. “Se ha trabajado en iluminación, en problemas pequeños como la reparación de la tapa de una cámara en la calle. Acá la preocupación en las mesas es el recorrido de un ómnibus, estas cosas que pasan desapercibidas en relación con lo que hablábamos antes [la situación en Montevideo]. Esto también es parte de la seguridad ciudadana. Lo que hay que trabajar es la conciencia para fortalecerse internamente”, concluyó.
Temperaturas
“Son distintos termómetros”, comenzó diciendo César Franco, integrante de la Mesa Local de Treinta y Tres en representación del Club de Leones y del Patronato de Encarcelados y Liberados. “Vos trabajás con un termómetro que está en 50 grados. Uno trabaja con un termómetro en 20, sube a 21 y decimos ‘¡pah, se puso brava la cosa!’. ¿Qué pasa? Es increíble lo que están robando bicicletas, motos. No existían las rapiñas en Treinta y Tres, pasó de cero a tres o cuatro por año. Sabemos quién robó. En Montevideo los culpables son los medios, pero en el interior el que mueve es el boca a boca”, analizó.
Otro olimareño, Dardo Pratto, representante por el Centro Comercial de Treinta y Tres, lo secundó y acotó: “Y el boca a boca da resultado. No está bien visto el que roba. Todavía faltan elementos para aislar a ese individuo y con estas mesas consultivas podemos lograr ciertas habilidades para lograrlo”. Aunque sin explicitarlo, con sus palabras Pratto hacía referencia a las afirmaciones que Bonomi había hecho hacía instantes.
“Antes, si alguien iba preso era una vergüenza para él y para la familia. Hoy, aunque parezca un disparate, en su ámbito gana prestigio, sobre todo si comete delitos violentos”, señaló. Para reafirmarlo recordó la consigna “Vivan los chorros, vivan los ladrones, aguante la delincuencia” que sostenían los familiares de los internos que participaron en el motín del Comcar, y un graffiti en el centro de reclusión femenino: “Motineras unidas, aguante la delincuencia”.
Pratto no se identifica con la realidad del comerciante de Montevideo: “Eso todavía no nos ha llegado”. “Nos pueden robar, pero no hay que enfrentarse a ninguna situación violenta”, añadió. Y continuó: “Son necesarias las intervenciones de la sociedad. Yo fui policía y estuve a cargo de la cárcel de Treinta y Tres. El problema es que se crea una cultura de que robo mientras no me agarran y vivo de lo que robo, cuando me agarran voy a la cárcel y sigo con la vida, salgo de nuevo y vuelvo a robar. A veces pasa todo eso en 24 horas. El tema es que no hay reinserción laboral. No hay oportunidades”.
El comerciante completó: “En Treinta y Tres esto no ha llegado a hacerse carne en la gente. Necesitamos insertar en nuestro negocio a alguien que salió de la cárcel. Pero por una vía o por otra nuestros propios clientes lo saben inmediatamente y dejan de ir porque quién sabe quiénes son o en qué andan esos propietarios. Sí, lamentablemente esto habla de cómo piensa la gente. No damos oportunidades y las oportunidades deben tenerlas”.