El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, convocó ayer un acto por los diez años de la aprobación de la Ley de Violencia Doméstica, aunque desde 1995 está tipificado como delito en el Código Penal en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana. La norma que cumplió una década estableció una definición clara de la problemática y la posibilidad de que la Justicia civil o penal disponga medidas cautelares para la víctima, lo cual se traduce en una orden de alejamiento para el agresor.
La falta de controles judiciales al cumplimiento de esta medida ha sido uno de los reclamos más fuertes de las organizaciones. La mayoría de las víctimas mortales por violencia doméstica -van 15 en lo transcurrido de 2012- contaba con esa medida de protección o había denunciado a su agresor.
Tras el trabajo de varios meses de una comisión interinstitucional en la que participó la sociedad civil, el Ministerio del Interior publicó el llamado a licitación para la “adquisición o arrendamiento” de un “sistema de verificación de presencia y localización” diseñado para el monitoreo de personas, incluidos los dispositivos y la infraestructura para su funcionamiento. La apertura de pliegos está prevista para el 14 de agosto.
Durante la concentración de Mujeres de Negro en la explanada de la Intendencia de Montevideo, habitual los primeros jueves de cada mes, la organización y el presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, anunciaron que 149 niños comenzaron a cobrar su pensión, haciéndose efectivo el cumplimiento de la ley para huérfanos por hechos de violencia doméstica. Los beneficiarios recibirán mensualmente el monto equivalente a la pensión por vejez o invalidez de 4.268 pesos y una asignación familiar, también mensual, de 865 pesos para los escolares y de 1.168 para los liceales.
Paralelamente, Venegas repasó los avances en materia de salud para prevenir la violencia doméstica y destacó que actualmente existen 103 equipos de referencia en la problemática trabajando en instituciones públicas y privadas de 17 departamentos. Subrayó la importancia de la existencia de una guía de procedimientos para el primer nivel de atención en salud para casos de violencia doméstica, que también, afirmó, se tuvieron en cuenta para el diseño de los recientes servicios de salud sexual y reproductiva y las nuevas prestaciones en salud mental.
“La doméstica es una forma salvaje de violencia y sigue sucediendo pese a las reservas morales de la sociedad. No hay estamento social ni espectro socioeconómico e idelógico donde no esté presente. Este tema no puede estar oculto en la sociedad y debe formar parte de la política nacional”, afirmó Venegas, quien a su vez lamentó la ausencia de público durante la conferencia. “Esto es importante reflexionarlo con un auditorio repleto, pero bueno, no es así”, dijo.
Mientras pronunciaba sus dichos, Mujeres de Negro hacía su habitual performance en silencio y bajo lluvia. “Hace 60 días que la Suprema Corte de Justicia no responde a la sociedad civil”, reclamó Jenny Escobar, referente del colectivo, en diálogo con la diaria. El escrito fue presentado ante el máximo órgano del Poder Judicial por Mujer Ahora y otras 104 organizaciones, bajo el amparo del artículo 30 de la Constitución, que establece que “todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República”.
Con esta acción se busca revertir prácticas judiciales-institucionales que no se ajustan a la normativa nacional e internacional. El comparecimiento conjunto de la víctima y el agresor, expresiones del tipo “intímese a las partes a evitar conflictos” o “mantener la armonía familiar”, no arrestar al agresor cuando incumple las medidas cautelares o no supervisarlas, resoluciones infundadas, falta de coordinación entre los juzgados penales y civiles, son cosas que, diez años después, siguen sucediendo en el Poder Judicial.