“¿Qué comes en Uruguay? ¿Sabés?” fue el nombre del segundo seminario local de la organización Slow Food sobre la necesidad de un etiquetado obligatorio de los alimentos transgénicos en Uruguay. ¿Cuáles son las razones para negarlo? Al parecer, la capacidad técnica de los científicos uruguayos para evaluar los riesgos de los eventos transgénicos no es suficiente para el Estado porque Argentina, principal proveedor de alimentos del país, tiene etiquetado voluntario. Falta voluntad política para cumplir la ley de Derechos del Consumidor.
Quizá desde que Estados Unidos dio tregua a la prohibición de etiquetar los alimentos transgénicos, y con ello a las amenazas a los países que lo promovían, le sea más fácil a Uruguay decidir su proceder. En aquel país argumentaban con el principio de equivalencia sustancial, por el cual los alimentos eran considerados iguales aun si tenían una pequeña cualidad diferente. ¿Qué opción tienen los consumidores mientras tanto? “Exigir un etiquetado y no consumir alimentos que ya sabemos que tienen transgénicos es una forma de hacer política en nuestras cocinas”, sentenció Laura Rosano, representante de la organización.
Claudio Martínez Debat, licenciado en Biología Molecular y Celular, representa a la Universidad de la República (Udelar) en el comité de articulación interinstitucional que estudia, aprueba y reglamenta el ingreso de alimentos transgénicos. “El vegetal transgénico viene acompañado de un paquete agrotecnológico altamente dependiente del uso de agrotóxicos como el glifosato”. La Intendencia de Montevideo, preocupada por la situación, compró un instrumento para analizar la presencia del agroquímico en alimentos disponibles en el Mercado Modelo.
Carlos Pereyra, director de Consumidores y Usuarios Asociados (CUA), llamó a los presentes a luchar por el etiquetado. “Somos consumidores todos los días”, recordó, anunciando que la organización iniciará un juicio público contra el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas porque no exige el cumplimiento de la obligatoriedad del etiquetado vigente en la ley 17.250.
El martes cerró una consulta pública sobre la liberación de nuevos eventos transgénicos, de la que aún no se pudo obtener datos y que al parecer tuvo escasa difusión. El Estado uruguayo carece de informes propios sobre la evaluación de riesgos y se basa en el discurso de las empresas para aprobar eventos transgénicos. Pero también hace acuerdos como el que se firmó entre el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Monsanto, por el cual el organismo se compromete a incidir para modificar la legislación en el sentido de patentar y comercializar genes en Uruguay, y que impide al país vender esas semillas transgénicas a países que no tengan leyes similares.
Según Pablo Galeano, licenciado en Bioquímica de la Udelar, la tendencia en Uruguay a plantar trigo asociado con pradera finalizó con el auge de la soja: se pasó de 45% del área plantada por ese mecanismo a 3%. ¿Por qué? La pradera fue sustituida por la soja. Cotizada al alza y con récords históricos, su precio por tonelada alcanzó los 610 dólares. Al revés de lo que siempre se creyó, agricultura no implica mayor demanda de trabajo. Por el contrario, la ganadería y la agricultura de transgénicos igualan la demanda de mano de obra, con lo que los sistemas agrícolas se homogeneizan. La biotecnología daría soluciones prácticas para los productores. Sin embargo, el crecimiento del área plantada con soja se debe a que sólo 150 productores manejan 70% del área. Las soluciones llegaron para los jefes de siembra que no viven en el campo y aportan capital, pero no para el productor real.
Los consumidores corren la misma suerte que los productores pequeños. Aquellos que pueden acceder a alimentos de mayor calidad u orgánicos correrán mejor suerte, como los grandes productores. Pero, ¿qué sucede con aquellos consumidores que desconocen el tema, que se alimentan con salsas de tomate de diez pesos estiradas con puré de soja? En su producción y comercialización, la lógica impartida por las empresas de biotecnología y amparada por los gobiernos por no promover el etiquetado perjudica siempre al más vulnerable.