Esa afirmación fue confirmada por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), que designó a Uruguay como sede del Primer Seminario de Energías Renovables, organizado en conjunto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena, por su acrónimo en inglés). El secretario ejecutivo de la Olade, Victorio Oxilia, fundamentó la elección de Uruguay en que, según él, se está viviendo una “revolución energética”.
Oxilia aseguró que América Latina ya cumple con el objetivo propuesto por la ONU, por lo que el desafío está en “mantener este porcentaje”, ya que, a su juicio, “no va a ser fácil incrementarlo”. La matriz energética de la región ofrece 26% de fuentes renovables, el doble del promedio mundial, y se compone de 9% de hidroenergía, 14% de biomasa y 3% de otras fuentes. Oxilia destacó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por el contrario, produce sólo 7% de energía a partir de fuentes renovables.
La situación de la región es aun más propicia en la obtención de energía eléctrica: mientras el mundo produce 22% de fuentes renovables, América Latina se posiciona como líder mundial, con una proporción que alcanza 55%.
Oxilia considera que las perspectivas de la región en la estructura de la generación eléctrica son “prometedoras”, principalmente en lo que refiere a la eólica; estima que ésta tendrá un “incremento importantísimo”. En este sentido, destacó la relevancia de contar con políticas y marcos legales “específicos de promoción” de estas energías, que incorporen “incentivos y mecanismos que aseguren que no van a afectar las políticas de inclusión social”, y, a su vez, que “los costos adicionales [de su producción] no se trasladen a la población”.
Entre la espada y la pared
Ramón Méndez, director nacional de Energía, sostuvo que, a pesar de la baja demanda interna de energía, Uruguay “está expuesto a una gran vulnerabilidad climática”, que se ha traducido en aumentos del déficit fiscal por el mayor gasto público en energía en momentos de escasez. En este contexto, la “dificultad” radica en que el país no cuenta con reservas probadas de ninguna de las fuentes energéticas tradicionales, y en que se han agotado las posibilidades de generar energía hidroeléctrica, lo que según Méndez significa estar “entre la espada y la pared”.
Por eso, dijo, se apostó por las energías renovables no tradicionales, mediante la definición de una política energética nacional que buscará, a corto plazo, “superar el 50% del total con energías renovables en la matriz de abastecimiento global del país”; al menos 25% generado a partir de fuentes renovables no tradicionales (eólica, biomasa y solar) y 30% a partir de residuos agroindustriales y sólidos urbanos, además de una disminución de 15% en el uso de combustibles fósiles. Por otra parte, se apostó por el gas natural licuado, mediante la planta regasificadora, y se buscó alcanzar el 100% de electrificación de los hogares.
Méndez destacó el monto de inversiones para el período 2011-2015, que cuantificó en 7.100 millones de dólares, lo que representa 17% del Producto Interno Bruto. Si bien en esta inversión destacó el rol de las empresas públicas, estimó que dos tercios fueron llevados adelante por el sector privado, o asociaciones público-privadas. En este sentido, destacó el “rol director del Estado” como cooordinador de la política, así como el hecho de que sea “compartida por todos los partidos políticos”, acuerdo que resultó “imprescindible para atraer inversiones”.
Estima que en 2015 la matriz energética tendrá una “notoria disminución” del petróleo, “cero carbón”, 5% de gas natural y “más de 50% de una gran diversificación de fuentes renovables”. En cuanto al sector eléctrico, 93% estará compuesto por una combinación de energías renovables, con un “complemento” de gas natural y apenas un punto porcentual de derivados del petróleo “para cubrir los picos en los años más secos”. De esta manera, Méndez calcula que la vulnerabilidad climática del país se reducirá “cerca de un tercio”.
Por último, el director de Energía mencionó el eje social de la política, que “garantiza calidad, seguridad y precio [accesible] para todos los ciudadanos”. El jerarca opina que el acceso a la energía “tiene que ser un derecho más”. Por eso “integramos la política energética dentro de la política social del gobierno”, explicó.