Apenas es atendida la llamada telefónica, una voz femenina anuncia que a uno lo están encuestando. No da lugar a negarse más que cortando. No hay margen para preguntar quién es ni para qué empresa trabaja quien realiza la llamada. Sería como hablarle a quien da la hora. La del monólogo es una grabación de menos de un minuto en la que la consulta, que en definitiva termina siendo una sola, llega con comentarios en la pregunta. Lo que pretende saber la voz es “si usted va a votar a favor de la vida el próximo 23 de junio”. Si uno es partidario de votar, debe marcar el número dos. Si no tiene pensado ir, no hay opción posible más que la de cortar o la de dejar transcurrir el tiempo para que la grabación insista con la única pregunta que, se deduce, se refiere a sufragar en la instancia de adhesión a la interposición del recurso de referéndum que pretende derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Ninguna empresa consultora se ha atribuido la encuesta. Incluso sobre esta definición, la de “encuesta”, se detuvo especialmente el presidente de la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay (CEISMU), Francisco Rodríguez Folle. “Si hace una pregunta y da una sola opción, no es una encuesta. Si no da alternativas y no identifica quién llama, y además es una máquina, es una promoción; es publicidad”, comentó a la diaria. De CEISMU son miembros las empresas Cifra, Equipos Mori, Factum, Teresa Herrera, Radar, Ibope, Research, Santalla, Mercoplus, ID Retail, Ermis, Nielsen y CIS & Asociados. Rodríguez aseguró que ninguna de ellas trabajaría con una metodología como la planteada. Incluso duda de que alguna utilice un software conectado a una línea telefónica para hacer encuestas. “Estoy casi seguro de que ninguno de nuestros asociados usa este recurso”, indicó.
Parámetros éticos
CEISMU tiene un código de ética, basado en el de la Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados (Esomar, por su sigla en inglés). En el artículo 3 de su segundo capítulo, el código de ética de CEISMU señala que la persona que esté trabajando en cualquier tipo de investigación “deberá identificarse de inmediato y exponer el propósito de la investigación en forma clara y precisa”. Incluso, apunta, “deberá poner a disposición del entrevistado su nombre y dirección”. En el artículo 5 del mismo capítulo sostiene que “el investigador deberá permitir al cliente tomar medidas para comprobar la calidad de la recopilación y el tratamiento de la información. Asimismo deberá proporcionar a su cliente los datos investigados adecuados de todo estudio realizado para él”.
Rodríguez subrayó: “Identificarse es lo mínimo que se debe hacer cuando se realiza una encuesta telefónica. Lo primero es identificarse ante quien se llama; decir tanto quién es como de qué empresa llama y dar números de teléfono de ésta si es necesario. Es parte del abecé de una encuesta”, enfatizó.
No cumplir con estos preceptos no es pasible de sanción. El presidente de CEISMU admite que no existe un marco legal específico que regule esta actividad. “No hay una ley sobre encuestas, aunque sí hay una Ley de Datos Personales que de alguna manera nos involucra, puesto que habla sobre con qué cuidado se deben manejar los datos que se obtienen, de los bancos de datos, etcétera. También nos involucra, indirectamente, la Ley del Derecho Público a la Información. Ésos son los dos pilares legales a los que podemos estar invocando en nuestra profesión”, señaló.
Rodríguez recordó que “en tiempos cercanos a la aprobación de la ley había sucedido algo parecido” a esta serie de llamadas telefónicas presentadas como encuesta. “Nunca se llegó a saber quién lo había promovido”, apuntó. Si bien en el seno de CEISMU se planteó el caso, “como no se sabía quién lo hacía, no podíamos hacer nada. Incluso sabiendo, lo que podemos hacer es muy relativo”, comentó.
Como los Orozco, son otros
El Plenario de Organizaciones Pro-Vida del Uruguay, que promueve la derogación de la ley, se desmarcó de las llamadas. “Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de encuesta”, afirmó a la diaria Néstor Martínez, integrante de uno de sus colectivos miembros: la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida.
La Comisión pro Referéndum tampoco se las atribuyó. “No tenemos nada que ver”, señaló el diputado nacionalista Pablo Abdala. “Yo me enteré sólo por la versión de alguna gente. Me dijeron que era algo así como informativa. De lo único que tengo seguridad es de que no tenemos nada que ver”, explicó.
Nery Pinatto, titular de MPC Consultores, también aclaró que no es el responsable de las consultas telefónicas. “Si no se identifica es antiético”, comentó, y subrayó que su empresa no trabaja con un software que realice llamadas automáticamente para tales fines.