Autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) inauguraron el lunes el tercer módulo del programa regional de intercambio de experiencias sobre políticas de compras públicas a la agricultura familiar.
El director general de Desarrollo Rural del MGAP, José Olascuaga, dijo que las compras estatales son una “oportunidad” para la agricultura, ya que pueden “apalancar” procesos de inclusión en el sector rural. Adelantó que, además de adecuar la normativa existente, se requiere superar desafíos “no tan visibles” y que refieren a la capacidad de los productores familiares de “dar respuesta a dicha demanda”. Valoró la importancia del intercambio de experiencias con las delegaciones de Argentina, Brasil y Ecuador para lograr la inclusión de la agricultura familiar en las cadenas de valor de una manera “más equitativa y justa”. Por último, recordó la importancia del sector como abastecedor de alimentos y afirmó que tiene un papel central en “la seguridad y en la soberanía alimentaria”, de manera amigable con el ambiente y socialmente sostenible.
Enzo Benech, subsecretario del MGAP, destacó que en los últimos diez años desaparecieron más de 8.000 productores familiares y mencionó que la única forma de que los productores “se queden” es “viviendo mejor”, no sólo “ocupando el territorio”. Para esto “no alcanza con otorgar subsidios ni con garantizar un crédito barato”, sino que es necesario que exista para dichos productores una demanda que abastecer con su producción, de tal manera que queden incorporados a “la cadena de valor”.
Marcos Otheguy, del Área de Políticas Territoriales de la OPP, compartió la preocupación por encontrar respuestas “eficientes y sustentables” para la población vulnerable, a partir de la “recuperación de capacidades y conceptos que habían quedado a un costado”, como la planificación del desarrollo y un “rol activo del Estado” que garantice que este desarrollo llegue efectivamente a todo el país. Otheguy resaltó la necesidad de atender la primera infancia, teniendo en cuenta que 25% de los niños que nacen en el país lo hacen en un hogar pobre.
Para Olascuaga, la inclusión de la agricultura familiar en las compras del Estado se ve dificultada por los mecanismos tradicionales de participación en licitaciones. Por eso entiende que es necesario buscar “mecanismos especiales, sin que esto suponga que el Estado compre más caro o productos de menor calidad”. Una de las ideas que maneja el Poder Ejecutivo es una modalidad de “reserva” o de “cuota”, es decir, que “un porcentaje de algunas compras quede reservado en exclusividad para las organizaciones de productores familiares, como una forma de acceso en condiciones diferenciadas”. El jerarca entiende que es necesario que haya “una contrapartida de las organizaciones de la producción familiar”, que asegure la continuidad del abastecimiento de productos y que éstos tengan “buena calidad y precios competitivos de mercado”. Afirmó que este proceso está pensado para que participen productores organizados y así promover una escala mayor de producción. Dijo que aún no están definidos los sectores que desarrollarán esta experiencia y recordó que la agricultura familiar es responsable de la producción de 80% de la hortifruticultura del país.