A fines de diciembre, el prosecretario de Presidencia de la República, Diego Cánepa, anunció a la salida del Consejo de Ministros que a más tardar el lunes 20 de enero se firmaría el contrato con Aratirí. “Es absolutamente inapropiado, en este momento y bajo estas condiciones, firmar un contrato con esta empresa minera extranjera”, dijo, durante la conferencia de prensa, el representante del movimiento Uruguay Libre, Víctor Bacchetta.
A su entender, la firma del contrato se haría “a contrapelo de disposiciones de la Constitución de la República y de la legislación vigente, inclusive hasta de la propia Ley de Minería de Gran Porte aprobada recientemente”. Esta ley, recordó Bacchetta, está siendo cuestionada: “Hay una inconstitucionalidad en el cumplimiento de la aplicación del artículo 47 de la Constitución, que se refiere específicamente al medio ambiente, y en el artículo 8 sobre el principio de igualdad”.
Bacchetta comparó Aratirí con la empresa Leadgate, ya que la primera “es una empresa fundada en 2005, que tiene sede en un paraíso fiscal, que no tiene antecedentes en minería, y en cuatro o cinco años está proponiendo el proyecto de mayor inversión del Uruguay”. “¿Cómo vamos a poder exigirle a esta empresa que cumpla los compromisos que asume en un contrato si tiene sede en un paraíso fiscal?”, cuestionó.
Criticó también que se firme un contrato de inversión sin tener las evaluaciones de impacto ambiental y social que este proyecto podría causar: “En los anuncios que se han hecho, se dice que en este contrato se van a incluir plazos para las autorizaciones ambientales. Nosotros hemos seguido de cerca el expediente de Aratirí en la Dinama y sabemos -como también lo ha manifestado el director de la Dinama- que está lejos de ser aprobado el informe de estudio de impacto ambiental presentado por Aratirí”.
Según Bacchetta, el informe no sólo todavía tiene deudas en la información adicional solicitada por los técnicos de la Dinama, sino que además hay partes del proyecto que no están presentadas, ya que, a raíz de la reubicación del llamado puerto de aguas profundas, el proyecto Aratirí debería reformular el diseño del mineroducto y de la terminal portuaria.
Autorizar o no
Cuestionaron también las declaraciones realizadas por el asesor de Presidencia Pedro Buonomo a la diaria a fines de diciembre, sobre la posibilidad de dar autorizaciones ambientales parciales. “Lo que eventualmente puede pasar es que, una vez dada la autorización ambiental al proyecto minero, quede el trazado del mineroducto por aprobar”, había dicho Buonono. “Esto ya tiene antecedentes a fines de 2012, cuando el ministro [de Industria, Energía y Minería] Roberto Kreimerman y Buonomo, en una reunión con la dirección de Aratirí, salieron a decir que para acelerar el trámite de aprobación del proyecto se iba a subdividir en partes. Esto es una cosa absolutamente inapropiada desde el punto de vista técnico. La propia Dinama en aquel momento salió a decir que no se podía subdividir el proyecto, y ahora se vuelve a insistir cuando se anuncia la inminencia del contrato”, recordó.
“Se está ejerciendo una presión indebida y arbitraria sobre la autoridad ambiental. Arbitraria, porque se llegó a decir que después de la firma del contrato de inversión la autorización ambiental estaría en seis meses más. Nosotros, por el conocimiento y el asesoramiento técnico que hemos procurado, sabemos que es imposible, si se hace una evaluación ambiental seria, que en seis meses pueda estar aprobado este informe, que además no es la aprobación final. Después de esta etapa tendría que venir la puesta de manifiesto de la audiencia pública, y recién después es la decisión de la autoridad ambiental”, consideró.
“El mineroducto no va a tener el trazo previsto originalmente. Recién se están enviando cedulones a los dueños de los predios que se van a ver afectados, para que se enteren de que van a tener una zanja con un mineroducto en el medio de su campo”, dijo Raúl Viñas, otro representante de Uruguay Libre.
Además del recurso de inconstitucionalidad presentado por el fiscal Enrique Viana, el movimiento explicó que algunos productores están preparando recursos de inconstitucionalidad que se van a presentar después de la feria judicial.
Por otra parte, se hizo referencia a la falta de consenso político y social y a la importancia de realizar un plebiscito nacional. Para esto, el movimiento deberá juntar 260.000 firmas para abril, seis meses antes de la fecha electoral. “Estamos creando los centros de recolección de firmas, los de entregas de papeletas en los departamentos, promocionando a través del sitio web y trabajando con las organizaciones sociales”, concluyó Bacchetta.
El senador colorado Ope Pasquet también reclamó ayer, en la sesión extraordinaria del Senado, que se haga público el contrato que firmará el gobierno con Aratirí: “Podrán decir que hay cláusulas confidenciales, pero ésas sólo podrán ser las que refieren a información de la empresa: de ninguna manera pueden ser confidenciales las medidas de protección del medio ambiente o el tratamiento fiscal que se le va a dar a Aratirí”, opinó.