Mirando los noticieros, en la larga y nutrida información sobre los hechos policiales, nuevamente me surge una reflexión. Indignada. Porque no se necesitaría ninguna ley de medios para considerar que la elocuencia didáctica con la que se regodean todos, mostrando los copamientos, indicando paso a paso cómo operan los chorros, sería suficiente para considerar que no son aptos para el horario de protección de niños, niñas y adolescentes.
¿Cuál es, más allá del morbo y el supuesto rating (digo supuesto porque no está demostrado que a la gente le guste el amarillismo, no tenemos otro formato para comparar) la razón de difundir el modus operandi de un atraco, incluida la violencia? ¿Suponen que es disuasivo? ¿Piensan que informar a la gente o a las autoridades genera mayor sensibilidad? Mi respuesta es contundente: responde al formato del espectáculo y del sensacionalismo barato. Busca principalmente, no la información, sino la formación de opinión pública, bajo el supuesto de que el público, incluyendo a las autoridades, deberían reaccionar frente a esos hechos.
Hechos que, como siempre, son construcciones. No estoy diciendo que esos hechos no existen. Solo afirmo que el sesgo existe, la intencionalidad existe y la finalidad está compuesta por el ¨sentido comun¨ que no siempre es tan común y nunca ¨buen sentido¨. ¿Esto no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana y la convivencia ciudadana?
Toda la zaga malintencionada, brutal, abusiva contra la niña Yamila Rodríguez bastaría para mostrar el abuso de los noticieros sobre niños, niñas y adolescentes. Los prejuicios que promovieron respecto a drogas, prostitución y mala vida no sólo no fueron comprobados, sino que la identidad y la dignidad de esa niña y su familia fueron vulneradas.
Corresponde no solo la sanción de las autoridades en materia de derechos del niño, sino que hubo graves faltas en lo audiovisual. Espero sinceramente que sus familiares, además, puedan recurrir al fuero penal y civil para una reparación condigna. Reitero, no se necesita ley para esto. Pero la protección de los niños y niñas es impostergable. El daño, de todas maneras, es irreparable.
En Uruguay siempre hubo crónica roja. No es nuevo. Pero en algunas épocas tenia incluso pretensiones críticas. Miraba los excesos policiales. Al Rojo Vivo en su momento hasta difundió las 10 preguntas a un tupamaro. O denunció el crimen al Mincho Marticorena.
La ley de medios audiovisuales no solo es necesaria. Es urgente. No vengan con gritos destemplados. Es una verdad a voces que el proyecto es un modelo de ecuanimidad y de equilibrio entre la reglamentación y las garantías.
En la OEA, en la CIDH, acaban de elegir, seleccionar, a través de un larguísimo proceso de concurso exigente, al Relator Especial para Libertad de Expresión. Eligieron a Edison Lanza por sus innegables virtudes y talentos personales. Pero haber sido un constructor de los consensos para una Ley que es ejemplo en toda América ha sido también un componente de su brillante currículum vitae.
No será casual tampoco que la anterior Relatora Especial, Catalina Bottero, celosa guardiana del derecho a la expresión y la información, haya sido contundente en su juicio sobre las virtudes de esta ley uruguaya. Lo mismo del Relator Especial de Naciones Unidas, Frank La Rue.
La derecha política y económica de Uruguay no aprende nada. Despotricar, a partir de los intereses empresariales del uso de un bien público como es el espacio, debería tener otro tipo de modulaciones. El insulto de tipo jorgebatllista, tipo fascista o chavista, es un recurso pobre, no solo es insultante, sino ineficiente. Le faltan argumentos. Le sobra y se nota, los intereses corporativos que tiene una señal ideológica inequívoca, además de pretensión monopoliza. Que ya lleva muchos años. Las Yamilas esperan ser protegidas y reparadas.