En el local del sindicato de tortafriteros ubicado en la calle Minas esquina Constituyente, en el barrio montevideano Cordón, tuvo lugar la reunión de los trabajadores callejeros. En un pequeño espacio que da a Minas, iluminado con luz tenue, casi 20 personas compartieron inquietudes y problemas. La mayoría eran hombres. Había vendedores de panchos, de yuyos, de tortafritas, de ropa y de artesanías, cuidacoches y clasificadores. Si bien se trata de rubros distintos, todos mencionaban que deben lidiar con los mismos problemas: requisa de materiales de trabajo por parte de los inspectores departamentales -retención que no les permite trabajar y que no viene acompañada por una solución laboral formal por parte de las autoridades-, “violencia y humillación” en el accionar de los inspectores de la Intendencia de Montevideo (IM) y falta de permisos permanentes para trabajar, entre otras cosas.
También manifiestan la necesidad de que se cumpla con los artículos 7 y 8 de la Constitución. En el primero se establece que todos los habitantes de la República tienen “derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”, y que “nadie puede ser privado de estos derechos”. El siguiente determina que “todas las personas son iguales ante la ley”, no reconociéndose otra distinción que la de los talentos o las virtudes.
Julio, quien vende tortafritas en distintos puntos de la ciudad, fue el impulsor del encuentro entre los trabajadores. Detalló ambos artículos en la reunión y remarcó que trabajar es una “necesidad” a la vez que un “gusto”, y que en caso de que la IM les prohíba hacer la tarea que saben hacer y que les gusta, no debería pasar que “ellos te pongan donde quieren”. “Para decirme ‘no hagas tal o cual cosa’, primero me tienen que conseguir trabajo, ver si me gusta a mí y si me da para vivir”, reflexionó.
Que se sepa
“Movernos con pitos y matracas hasta la Junta Departamental [de Montevideo, JDM] pero sin insultar”; “Armar quilombo en la JDM”; “Marchar por 18 de Julio y que vengan las cámaras de televisión”, fueron algunas de las frases que se escucharon en la noche. También hubo lugar para reflexiones más políticas, puesto que varios consideraban que se está en un buen momento para reclamar que se generen cambios, porque “la IM está tecleando y no va a querer perder nuestros votos”. Gabriel, vendedor de ropa de Paso Molino, comentó: “Si la cosa sigue así, sólo en el Paso son 6.000 votos que perdiste”. Un clasificador presente también hizo cálculos numéricos. Dijo que en la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS) hay unos 9.000 trabajadores, y más adelante, Jorge, también de UCRUS, asesor de los clasificadores, redobló la apuesta al decir que el sector nuclea a unas 15.000 personas.
Todos mencionaban haber sido recibidos por ediles de diversos partidos políticos, así como por directores departamentales de la presente administración y de anteriores. No obstante, consideran que hasta el momento no se les ha dado soluciones de fondo. “Creo en Dios y tengo fe en que las cosas puedan cambiar”, comentó Julio. Gabriel le respondió sin mucho entusiasmo: “Yo también creo en Dios”.
Las siete diferencias
Más allá de que todos parecían compartir las mismas problemáticas, el vendedor del Paso Molino marcó algunas diferencias. Estuvo de acuerdo en conformar una coordinadora pero manifestó que no todos aspiran a las mismas soluciones. “Mi posición es más complicada que la tuya”, dijo mirando al tortafritero. “Lo tuyo es más viable que lo mío […] apoyamos la coordinación, estamos, pero estamos en otra posición ante la IM”, indicó. En ese momento Julio le preguntó: “¿Por qué pensás que algo es más viable que lo otro?”. Y con aportes de vendedores de los otros rubros se concluyó que todos tienen en común “que la IM no contempla a las personas”, y buscarán los medios para efectuar el reclamo. En lo que todos estuvieron de acuerdo fue en que todos los logros serán celebrados, a pesar de que sólo beneficien a uno de los sectores involucrados.
Al finalizar el encuentro se pusieron de acuerdo en juntar firmas para solicitar una audiencia a los ediles de la JDM. En la nota manifiestan que no se está cumpliendo con los artículos 7 y 8 de la Constitución, sino que se da “todo lo contrario”, puesto que la IM “reprime peor aun que en época de dictadura” y “no se buscan soluciones”. Cuestionan si se está en democracia, piden que se respete la Constitución y terminan diciendo: “Queremos trabajar”.
En el próximo encuentro la Coordinadora definirá cómo efectuará el pedido ante la JDM. En la lista de pasos a seguir figuran acciones en la vía pública, a las que todos los trabajadores tendrán que concurrir junto con sus familias para así sumar más gente. Cuando barajaron las opciones de manifestar en la vía pública se tuvo en cuenta “no ponerse en contra al resto de los montevideanos” con medidas que impliquen trancar completamente el tránsito y la circulación, porque “también ellos están yendo a trabajar”.
Consultado por la diaria sobre las denuncias de violencia por parte de los inspectores, Ricardo Prato, secretario general de la IM, comenzó preguntando con ironía: “¿Qué violencia? Si los que hemos salido lastimados somos nosotros”. Agregó que la “política de convivencia” que lleva adelante la comuna implica el cumplimiento de las normas, y aclaró que a quienes se les requisa la mercadería y se les prohíbe trabajar es a quienes están “infringiendo las normas en cuanto a la venta en el espacio público”.
Detalló que los que más agreden a los inspectores son los vendedores de artículos ilegales, por ejemplo, de cigarrillos, lentes y ropa. Y explicó que para acceder a una alternativa laboral los vendedores afectados deben recurrir a la sección de Gestión Comercial de la IM y solicitar permisos para trabajar, y en caso de que haya lugar disponible, se les otorgará.