Desde hace varias semanas, el CDC de la Udelar tiene en su orden del día un punto que refiere al pronunciamiento de la institución en el debate social y político acerca de la propuesta de reforma constitucional que propone, entre otros cuatro puntos, la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años de edad. A partir del tratamiento del tema en la última sesión del órgano, hace dos semanas, se desprendió que es inminente el pronunciamiento en contra de la iniciativa impulsada por el Partido Colorado y algunos sectores del Partido Nacional. Sin embargo, no es tan claro que el CDC pueda pronunciarse hoy, ya que varios servicios aún no han podido tomar postura.
Hasta ahora, se han definido a favor de un pronunciamiento negativo de la Udelar sobre el tema los consejos de Humanidades y Ciencias de la Educación, Derecho, Arquitectura, Información y Comunicación, Medicina, Ciencias Sociales y Psicología, aunque no en todos los casos la totalidad de los consejeros estuvo de acuerdo. Por ejemplo, en el consejo de la Facultad de Arquitectura, el consejero de la Corriente Gremial Universitaria (CGU) se manifestó en contra del pronunciamiento, y su argumento despertó polémica en el servicio.
El Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA) -que integra la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)- emitió una declaración en la que repudia la argumentación de la CGU de ese servicio, ya que en sala uno de los planteos consistió en que “los arquitectos no deben pronunciarse sobre este tipo de temas” porque técnicamente los exceden, según explicó a la diaria Matías Marrero, consejero por el CEDA. En la declaración, el centro de estudiantes lamenta que la CGU “entienda que un colectivo universitario compuesto de personas que viven en sociedad y por lo tanto seres políticos, no está calificado o capacitado para manifestarse en este tema que involucra a la sociedad toda”.
En este sentido, el gremio recordó el artículo 2 de la Ley Orgánica de la institución, que establece que a la Udelar le compete contribuir al estudio de problemas de interés general y propender a su comprensión pública, así como “defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno”.
Se van de tema
Otra fue la realidad en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, que en la última sesión del Consejo no pudo tomar una postura sobre el tema porque el orden docente quiso discutirlo en asamblea. La cuestión recién volverá a tratarse mañana, después de la sesión del CDC de hoy. Sin embargo, algunos consejeros por el orden egresados ya adelantaron su postura en contra del pronunciamiento, entre otras cosas porque ellos apoyan la baja de la edad de imputabilidad penal.
En la Facultad de Derecho, el consejero de la CGU Federico Gianeiro también se manifestó en contra del pronunciamiento. En diálogo con la diaria, Gianeiro explicó que aunque la mesa central del gremio no tomó una postura, todas las filiales de la CGU en los servicios coincidieron en el planteo. El consejero dijo que si bien personalmente está en contra de la baja de la edad de imputabilidad, entendió que él representa a un colectivo más amplio de personas, y que la CGU Derecho no se sintió en condiciones de pronunciarse sobre la reforma sin realizar una consulta masiva al estudiantado. Gianeiro explicó que la CGU tiene una tradición “plural”, que hace que por lo general no se pronuncie sobre temas que exceden a la política universitaria, “salvo en casos excepcionales”, como en el de su reciente pronunciamiento en repudio a los hechos de violencia en Venezuela.
Según aclaró, en el caso de la situación venezolana estaban en juego “otros valores”, que implicaban la presencia de un Estado “opresor y represor”. Además, indicó que hubiera sido conveniente que el consejo de su facultad hubiera consultado a distintos institutos académicos del propio servicio, como el de Derecho Constitucional y el de Derechos Humanos, antes de definir un pronunciamiento.
La comunicación
Un consejo que sí se expidió por unanimidad fue el de la recientemente creada Facultad de Información y Comunicación (FIC), que entendió que con la baja de la edad de imputabilidad “no se logrará una solución total ni parcial a los problemas de convivencia y seguridad ciudadana”. Además, el consejo de la FIC alude a la experiencia internacional para señalar que “estos caminos sólo conllevan una profundización de los problemas de exclusión y violencia interpersonal, agravando el proceso de profesionalización del delito, especialmente adolescente”.
Además, y en una línea similar a lo que discutió el CDC en su pasada sesión, la FIC entiende que esa casa de estudios debe jugar un rol importante a la hora de promover un análisis crítico y responsable del tema. El rector de la Udelar aseguró que la institución debe discutir con cuidado qué mensaje trasladar, porque de esta forma se buscará “incidir en la ciudadanía”.