El objetivo del anteproyecto de ley sobre VIH/sida desde una perspectiva de derechos humanos impulsado por la diputada del Frente Amplio Bertha Sanseverino es regular las políticas de prevención, educación, diagnóstico, control epidemiológico, atención integral e investigación. También para la regulación de los derechos y deberes de las personas que viven con VIH.
Además, reconoce el carácter crónico de la enfermedad producida por el virus, “basado en la evidencia científica y en los avances terapéuticos en la respuesta al VIH”, y le asigna al Estado el rol de protección y promoción de la salud de las personas que conviven con el virus. Tarea que debe desarrollar “mediante la adopción de medidas necesarias para la prevención, investigación, detección, control, tratamiento y atención integral”. También promoviendo la educación y la información.
Si bien se venía trabajando desde antes, el proyecto tiene en cuenta varios de los aspectos abordados durante el Diálogo Nacional sobre el VIH y los Derechos Humanos que ayer se cerró en la sala Paulina Luisi del anexo del Palacio Legislativo. Representantes de organizaciones de la sociedad civil que participaron en el diálogo, así como autoridades locales y del PNUD, reflexionaron sobre las conclusiones a las que arribaron y la realidad local. Algo que se destacó en reiteradas oportunidades fue que Uruguay, a diferencia de los siete restantes de Latinoamérica donde tuvo lugar el diálogo (Belice, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y Guatemala) ha sido un país avanzado en materia de leyes, el problema es que existen importantes fallas en el cumplimiento.
El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, dijo al respecto, que una de las conclusiones a las que llegaron a partir del intercambio entre el Estado y la sociedad civil es que “estamos en camino pero falta mucho”. Agregó que el marco normativo que se tiene en Uruguay “es adecuado” y que “en lo que estamos fallando es en el cumplimiento de esa normativa”.
Por su parte, Norma García, del Centro Regional de VIH del PNUD y responsable del informe, destacó que “Uruguay siempre ha sido un país de gran avance legislativo” y valoró que fue en el único lugar en que el diálogo cerró con la formulación de un proyecto de ley, si bien la iniciativa se venía gestando desde antes.
Lo de siempre
Consultada por la diaria, García explicó que la metodología utilizada para el diálogo posibilita mirar cuáles son los temas comunes en todos los países donde se llevó a cabo el intercambio. Mencionó “la discriminación” como problemática principal. En el área de la salud, detalló que la discriminación se da por parte del personal sanitario. También existe en el ámbito laboral: se han denunciado despidos tras enterarse de que un trabajador tenía VIH, y en otros casos se ha exigido la obligatoriedad de pruebas de VIH para poder acceder a un puesto de trabajo. Sobre este punto, el anteproyecto propone que se prohíba “la exigencia de realización o presentación de test de detección de VIH como requisito necesario para el proceso de selección, ingreso, promoción y permanencia en cualquier empleo, tanto si se trata de la administración pública como de la actividad privada”. En el caso de que el trabajador decida informar a su contratador de que vive con VIH, aquél deberá mantener confidencialidad y “procurar el camino en las condiciones de trabajo para el mejor desempeño de las funciones, según el criterio médico”.
En cuanto a la discriminación, García sostuvo que también se vive en el ámbito educativo. El proyecto establece que ningún centro, ni público ni privado, puede solicitar la prueba de detección del VIH y “ningún estudiante debe ser discriminado, perjudicado, excluido, expulsado, ni ser afectado de manera indirecta por tener VIH o sida”.
Pero la responsable del informe sumó otras situaciones en las que las personas que conviven con VIH padecen discriminación. La no instrucción de adolescentes sobre sus derechos en cuanto a salud sexual y reproductiva, la vulneración de derechos de las poblaciones transgénero u homosexuales, así como la influencia de la religión en la formación, ya que “el tema sigue siendo muy fuerte, si bien hay estados que se dicen laicos”, fueron algunas de las situaciones que mencionó.
Andrés Scagliola, director nacional de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social, consideró que la discriminación genera “sufrimiento inútil” y es por eso que hay que combatirla. En tanto, María José Fraga, vocera de la Red de Personas Viviendo con VIH en Uruguay, también recordó que esta población padece el “estigma y la discriminación”, y consideró que el Diálogo Nacional representó una oportunidad para que se plantearan las diversas problemáticas y se generara insumo estratégico para la elaboración del proyecto de ley; iniciativa que impulsó con un “¡qué bien!” pero acompañado de un “¡por fin!”.
Sanseverino dijo a la diaria que el anteproyecto será presentado los primeros días de junio en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.