Pablo da Silveira, doctor en Filosofía y director del Programa de Gobierno de la Educación de la Universidad Católica, fue nombrado por el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou como futuro titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) si resulta electo. Da Silveira sostiene que hay que profundizar el fortalecimiento del papel del MEC frente a ANEP, y se distancia de los proyectos de ley de Pedro Bordaberry.
-En la agenda de gobierno plantean la necesidad de fortalecer el control ciudadano sobre la política educativa, a través del MEC. ¿Cómo se puede hacer eso y respetar la autonomía de la educación?
-Es posible hacerle jugar al MEC un papel más activo, y de ese modo ganamos en control ciudadano, en que una parte de las decisiones pueda quedar sometida al control de los representantes de la ciudadanía. Es la continuación de algo que se empezó a hacer durante estos últimos dos gobiernos, que han fortalecido el papel del MEC frente a la ANEP. Un ejemplo es el programa Compromiso Educativo, que los recursos son del MEC y las condiciones las pone el MEC. Todo lo que es materia específica de ANEP lo sigue decidiendo ANEP, simplemente, mediante el manejo de programas desde el MEC, contando con el visto bueno de ANEP, es posible que el MEC aumente su protagonismo en el diseño de una política educativa.
-¿Por qué eso podría solucionar los problemas de la educación?
-El sistema que tenemos es muy extraño. En todo el mundo democrático la política educativa está en manos de ministerios de educación; nosotros, en cambio, la pusimos en manos de un ente autónomo. Hay un principio muy básico del análisis de las organizaciones, que dice que si uno quiere saber qué clase de decisiones van a tomar los responsabes de una organización, lo que hay que preguntarse es a quién tienen que tenerle miedo. Las autoridades del Codicen no tienen por qué preocuparse de las opiniones del Parlamento, porque éste no puede tomar decisiones que los compliquen. Tampoco tienen que preocuparse por el Ejecutivo, porque lo único que podría hacer es cortarles el presupuesto, y todos sabemos que eso es políticamente insostenible. Los únicos que realmente le generan preocupación son los sindicatos, porque son los que pueden interrumpirles el funcionamiento.
-Pero los sindicatos no tienen mecanismos institucionales para preocupar a las autoridades.
-Los sindicatos son un poder fáctico, pero cuando tu tenés una institución que por un lado tiene presión de un poder fáctico y por otro no tiene responsabilidades institucionales, lo que predomina es la presión del poder fáctico. Los últimos dos gobiernos han tomado decisiones que tienden a aumentar el poder ciudadano en el funcionamiento de la educación. Otro ejemplo muy notorio es el Plan Ceibal.
-¿Por qué rechaza la participación de sindicatos en los organismos de la educación?
-No nos parece razonable que los trabajadores estén de los dos lados del mostrador. Hay un empleador claro que es la ciudadanía, que actúa a través de sus representantes, y hay un empleado, que es el conjunto de funcionarios y docentes. Todos son necesarios, todos tienen reivindicaciones legítimas, pero cada uno tiene que estar en su lugar y ejerciendo su rol.
-Hacen énfasis en darle más autonomía a los centros de estudio. ¿Eso puede generar diferencias en el nivel educativo?
-Es una cosa curiosa, con la Ley de Educación se les ha dado mucha participación a los docentes en lugares donde creemos que no es sano que la tengan, y no se le ha dado ninguna participación donde sí es importante que la tengan, que es en las comunidades educativas. Queremos docentes muy involucrados buscando nuevas formas de aprender, y para eso falta descentralizar, hace falta fortalecer a los centros de estudio como comunidades. La pregunta crucial es qué descentralizar y qué no. Hay tres grandes cosas que no es bueno descentralizar: la definición de los objetivos pedagógicos, si no corrés el riesgo de tener alumnos clase a y clase b, porque según la zona se pueden haber fijado objetivos más ambiciosos o más o menos fáciles de alcanzar; lo segundo es la evaluación de resultados y lo tercero es el financiamiento, si no, vas a tener escuelas ricas en barrios ricos. Lo que tiene que ser descentralizado es el trabajo pedagógico.
-¿Qué opina de los proyectos de Pedro Bordaberry?
-Asegurar una mayor cantidad de horas de clase, que es lo que importa -no los días-, es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar la calidad de la educación. El tiempo educativo puede ser bien o mal aprovechado. No estoy seguro de que la vía de una ley sea la más adecuada para el cumplimiento de ese objetivo. Hay que hacer un conjunto de reformas para que la tarea sea más atractiva, para que el funcionamiento de los centros sea más armonioso y para que los estudiantes le encuentren más sentido a las clases. Sólo si hacemos todo eso damos una solución de fondo. Los centros públicos de gestión privada son una muy buena experiencia, yo participé de uno [fue uno de los fundadores de Impulso]. Pero tenemos que tener claro que Uruguay tiene una inmensa red de escuelas y liceos públicos, y una solución para la educación del país pasa necesariamente por conseguir un mejor funcionamiento de esa red. No es realista pensar que el rescate de la educación uruguaya va a venir del sector privado.