-Algunos dicen que su nombramiento es un logro también para Uruguay. ¿Está de acuerdo?
-Si bien es un cargo que tiene autonomía técnica e independencia de los Estados, y que forma parte de la CIDH, también es cierto que la dirección de la comisión está a cargo de siete comisionados que son propuestos por los países, y ellos eligen al relator. Me parece que estuvo presente en la consideración la trayectoria personal, pero también el país del que uno proviene. Creo que hoy hay un reconocimiento internacional del respeto que existe en Uruguay al ejercicio de libertades civiles y políticas, en particular la libertad de expresión, reconocido por todo el espectro de organismos internacionales y de la sociedad civil. Otro elemento que jugó a favor fue que progresivamente el actual gobierno, y sobre todo el presidente [José] Mujica, ha jugado un papel de articulación de distintos ámbitos internacionales como la Unasur [Unión de Naciones Suramericanas], la propia OEA [Organización de Estados Americanos], e incluso ahora en algunas crisis humanitarias, y esta cuestión está presente. Si yo proviniera de un país donde hay graves problemas respecto de la libertad de expresión, podía ser un elemento de conflicto o de irritación, máxime teniendo en cuenta que mi trayectoria más reciente tiene que ver fuertemente con el trabajo en la sociedad civil. Desde ahí nunca me he cuidado, en el sentido de que si tuve que discrepar con el gobierno lo hice abiertamente, y cuando hemos podido trabajar en conjunto en alguna política o cooperar también lo hemos hecho. Siempre en el marco del respeto.
-¿Existe una realidad muy distinta en el ejercicio de la libertad de expresión en Montevideo y el interior?
-Una de las cosas en las que se está trabajando en el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública [Cainfo] es la construcción de una herramienta seria de monitoreo de la situación de la libertad de expresión en Uruguay. Si bien hay una situación de respeto, también es cierto que la falta de monitoreo de la situación, de recepción de denuncias, de investigación por parte de la sociedad civil, no nos deja ver que hay problemas. Tal vez la hipótesis sea, por los datos que recogemos de los colegas, que la situación en el interior es peor que en Montevideo. Digo esto por la cercanía con el poder político, con el Poder Judicial; la realidad es que muchos periodistas que tienen un programa de radio en el interior lo pueden mantener porque hay un aporte de publicidad oficial de la comuna, situación que genera cierta dependencia. El acceso a fuentes de información es más complicado que en Montevideo. El multiempleo hace que los periodistas tengan que trabajar en prensa y en un organismo público a la vez, lo que les resta independencia. Y la falta de recursos, también. En ese sentido el país tiene que generar políticas públicas para mejorar la asignación de publicidad oficial, para acompañar el proceso de consolidación de las radios comunitarias, que tienen mucha presencia en el interior.
-¿Cuáles son los principales desafíos de libertad de expresión en el continente?
-Depende de la región. Por ejemplo, en Uruguay no tenemos problemas de agresión o violencia contra periodistas, pero puede haber otros, como la falta de pluralismo y de diversidad. De los problemas estructurales que el continente sigue teniendo, el primero es justamente la violencia contra periodistas y defensores de los derechos humanos. En los últimos cuatro años fueron asesinadas cerca de 70 personas por ejercer la libertad de expresión sobre hechos vinculados al narcotráfico o a la corrupción, y ésa es una realidad inadmisible. No es sólo una agresión a la vida de la persona sino también un crimen contra la libertad de expresión, una manera de silenciar, de infundir miedo, de generar autocensura. Vinculada con esto está la impunidad de estos crímenes, porque la única forma de romper ese círculo vicioso de violencia es que los fiscales y los jueces investiguen y que se encuentre y sancione a los culpables, pero hay pocos casos en América Latina de asesinatos contra periodistas que se hayan resuelto. Hay otro capítulo, que tiene que ver con la criminalización de la expresión, la subsistencia de delitos que no se adecuan al estándar de derechos humanos y hacen que periodistas o defensores de los derechos humanos sean enjuiciados por delitos de difamación, injurias, desacato, últimamente también vinculados a la protesta social. Además, hay un debate en la región, vinculado a la regulación de medios audiovisuales, que tiene que ver con los temas de diversidad y pluralismo para enriquecer la comunicación. Cosas como el acceso del sector comunitario a las ondas, los procesos de adjudicación o la concentración de medios. Si bien la declaración de principios de libertad de expresión de la comisión establece que los monopolios u oligopolios tanto públicos como privados son perjudiciales para la democracia, hay que generar estándares para que los países tengan buenos ejemplos que les sirvan de guías para actuar ante situaciones de concentración. Hay temas que están emergiendo con mucha fuerza, como la libertad de expresión en internet y una cantidad de asuntos vinculados, como el filtrado de información.
-¿Puede decirse que los procesos de regulación de medios en la región son positivos?
-En América Latina la discusión sobre la regulación vino después de la industria. Sin embargo, en Estados Unidos y Europa las decisiones regulatorias fueron hechas al comienzo. En América Latina, hasta ahora, primó un clima de desregulación y la formación del sector quedó en manos del sector comercial y privado, y ellos fueron muy determinantes en la vinculación con el sistema político para generar los sistemas de medios que tenemos hasta el presente, que muchas veces están concentrados en pocas manos, con líneas editoriales poco diferenciadas. Las regulaciones llegan en un momento en el que la industria ya está desarrollada y genera rechazo o anticuerpos a estas regulaciones. Pero no todas las leyes de medios que se discuten en la región son iguales. La que se discute en Uruguay o la que se aprobó en Argentina no regulan a los medios escritos, lo que sí ocurre en la de Ecuador. Yo soy partidario de que este tipo de normas regulen a los medios electrónicos, porque suponen la asignación de una frecuencia por parte del Estado y una masividad mucho mayor. En el caso de Uruguay, la regulación propuesta tiene un fuerte apego a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos y no controla contenidos. Notoriamente, en países como Ecuador se optó por otra metodología y otro sistema; hay algunas normas que están siendo denunciadas como violatorias de la libertad de expresión porque habilitan a que el Estado se entrometa en algunos contenidos. Hay que ver qué elementos se pueden manejar desde la relatoría para estandarizar estas situaciones y generar una guía para que los Estados avancen sin violentar derechos.
-¿Puede decirse que las discusiones sobre medios tradicionales están sacándole lugar a la discusión sobre telecomunicaciones?
-No sé si estoy de acuerdo. Lo que creo que está pasando es que hay un fenómeno de convergencia entre los medios de comunicación y las telecomunicaciones, que antes no era tan claro y hoy es clarísimo. La multiplicidad de plataformas, la posibilidad de que por una misma plataforma sea posible emitir distintos contenidos, o que internet y la televisión estén produciendo una suerte de hibridación, determina que dentro de muy poco no se va a poder hablar de regulación de medios sin poder hablar también de telecomunicaciones. Hay aspectos de la convergencia que vinculan a estos dos sectores de la economía, pero creo que los medios de comunicación mantienen su especificidad, porque transmiten valores, simbolismo, modos de ser, y están muy vinculados a la producción cultural. Por lo tanto, hay que tratar los temas en forma separada y también en conjunto, cuando haya que abordar asuntos de convergencia.