La jornada se realizó el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en Guichón, Paysandú, y el Grupo de Vecinos de Guichón ofició como coorganizador. Esa localidad sintetiza a nivel local los contrastes de la soja a escala nacional: ha sido documentada la mortandad masiva de animales por plaguicidas; también los daños a la salud de las personas, y los vecinos relevaron una seguidilla de abortos espontáneos en mujeres durante una de las últimas zafras, en consonancia con casos ocurridos en animales; cada temporada, los alumnos y maestras de las escuelas rurales de Guichón y aledaños que lindan con cultivos sufren trastornos de salud; se constató en su momento que los envases de plaguicidas eran incinerados a cielo abierto o abandonados en cursos de agua y que los mosquitos con los que se fumiga eran lavados en tajamares o arroyos.
Cuando en julio la diaria comenzó a investigar los efectos secundarios del boom de la soja, la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca era casi el único organismo estatal que intervenía cuando se denunciaba una situación irregular por parte de los productores, por ejemplo la violación de las distancias mínimas permitidas para realizar fumigaciones, de 500 metros de un centro urbano o escuela rural si es por vía aérea, y de 300 metros si se hace por vía terrestre mediante los llamados tractores tipo mosquito. También se establece en 50 y 30 metros de un curso de agua el mínimo para las fumigaciones áreas y terrestres, respectivamente.
Con respecto a este punto, todos los que participaron en la jornada de diciembre resaltaron la importancia de la fiscalización para que se respeten las normas, aunque se hizo notar, una vez más, que el problema trasciende las distancias. Está comprobado científicamente que del producto que sale de los mosquitos sólo 1% alcanza la plaga que quiere combatir, mientras que 45% llega a las plantas y el resto deriva hacia el ambiente. “Cuando el plaguicida no llega a su objetivo se convierte en biocida”, concluyó Simón Justet, de la departamental de Colonia de Salud Pública, quien remarcó que “el problema lo tenemos” y lo enmarcó en la “seguridad alimentaria” de la población.
Hasta julio, si alguien era víctima o testigo de alguna anomalía y quería denunciarla, la única posibilidad que tenía de hacerlo vía web era el portal de la DGSA, aunque su formato no sea amigable y solicita datos que parecen excesivos, como la velocidad del viento, el nombre de las empresas implicadas y un plano del lugar, además de fotos. El director de Servicios Agrícolas decía en aquel entonces, y reafirmó siete meses después, con la sensación del deber cumplido, que intervienen en todos los casos y aplican las sanciones correspondientes. Más de 100 multas al año establece esta dependencia, según datos aportados por el mismo jerarca en El Espectador.
Ésa fue, precisamente, otra de las cuestiones analizadas en Guichón. El hecho de que anualmente se pongan unas 100 multas ilustra, por un lado, la dimensión del problema y, por otro, que el mecanismo no es efectivo. “De qué sirven las multas, si las pagan y listo. ¿Por qué, además de multarlos, no se les retira temporalmente el permiso de siembra o para fumigar?”. Ése fue uno de los reclamos, convertido en propuesta por parte de los representantes de la sociedad civil.
De julio a diciembre también cambiaron otras cosas. En agosto, la Dirección Nacional de Medio Ambiente inauguró su propio servicio de recepción de denuncias ambientales on line y el Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobó su primer protocolo de actuación para el personal ante denuncias por afectación de la salud humana como consecuencia del uso de plaguicidas. Las delegadas del MSP aclararon en Guichón que esa herramienta todavía es de uso interno, es decir, que restan detalles para ponerla en práctica, pero que ya por la vía de los hechos está sirviendo para concientizar al plantel médico sobre esta problemática.
La idea es que ante situaciones de riesgo existan una serie de pasos e informaciones que los funcionarios deben recabar para contextualizar el evento y detectar sus posibles orígenes. Con esto se busca evitar algo que todas las personas que vieron alterada su salud y su familia en paralelo al crecimiento de la soja dijeron haber vivido, en el sentido de haber sido diagnosticadas de tal afección pero sin conocer las causas y, por tanto, sin que éstas queden registradas. Se pretende que este protocolo sistematice todos los aspectos relacionados y que a partir de este registro, que será nacional, se pueda realizar cruzamientos de datos e identificar las sustancias por sus secuelas en las personas. También se espera que sirva de base para trazar mapas epidemiológicos geográficos.
Una vez que esta base de datos esté cargada de información, servirá también para medir la prevalencia de determinadas enfermedades o trastornos de salud asociados, según la literatura internacional, a los plaguicidas. Por ejemplo, las malformaciones, los abortos espontáneos y problemas respiratorios, entre tantos.
Ariela Peralta y Juan Faroppa fueron los representantes de la INDDHH en Guichón. En sus intervenciones, al iniciar y culminar el intercambio, señalaron que la modalidad de trabajo que inauguraban ese día apunta a promover el diálogo como mecanismo adecuado para resolver conflictos. Explicaron que la intención era crear un ámbito en el que todas las partes pudieran confrontar sin perder de vista la necesidad de encontrar el equilibrio entre el desarrollo productivo y el humano.
Indicaron que en los últimos años habían recibido denuncias por los efectos secundarios de las fumigaciones, y que el tema se había tratado en las dos primeras asambleas nacionales de derechos humanos. Se ofrecieron para oficiar como articuladores entre las instituciones y para auspiciar la formación de un movimiento nacional de afectados por las fumigaciones, que ya se empezó a poner en marcha, con el apoyo de organizaciones ambientalistas que concurrieron a Guichón, como Redes Amigos de la Tierra, Rapal y Guayubira, entre otras.
“¿De qué nos sirve un país productivo si es a costa de la salud de los niños?”, se escuchó decir a varios de los asistentes a la jornada organizada en Guichón. Lo resumió casi al finalizar el día Clever Rodríguez, de la Red de Revalorización y Rescate de la Semilla Criolla, que desde Valle Edén había viajado para participar en el encuentro. Desde su campo de acción comparó que tanto la tierra y el agua como las semillas deben preservarse de la contaminación porque garantizan la vida desde hace miles de años, y deberían seguir haciéndolo para los nietos, los bisnietos, los tataranietos, los tataratataranietos... Y así sucesivamente.