Durante el día de ayer continuó la sesión del Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, que analizó la situación de los menores de 18 años en Uruguay en diversas áreas, como educación, acceso a la justicia y a la salud. La presidenta de la delegación uruguaya fue la responsable del área de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alejandra Costa, quien agradeció los aportes y las críticas recibidas durante los dos días de sesión y volvió a confirmar el apoyo de Uruguay a las convenciones y los acuerdos internacionales ya ratificados.
Dos de los relatores e integrantes del CDN, Sara Oviedo y Jorge Cardona, anunciaron que en unas semanas estará pronto para su difusión el documento de comentarios y recomendaciones al Estado uruguayo, a partir del diálogo mantenido con la delegación desde el martes y de varios informes recibidos desde el gobierno. Al cierre de la actividad, Oviedo adelantó que Uruguay debe poner un mayor énfasis en temas “de participación y de consulta a niños”, porque “es la única forma de que aprendan a ser sujetos de derecho”. Como ejemplo mencionó los Consejos de Participación de los centros educativos previstos en la Ley General de Educación que no están funcionando en todos los centros del país, situación que para la experta debe regularizarse.
Oviedo también señaló que “no es justo que los tengamos [a los menores de edad] en instituciones”, pese a que “es cierto que habitualmente los jueces van por la medida más fácil y los derivan a una institución”. Al respecto agregó que una de las claves del cambio en esa área es “que se comience a ver al niño con todas las posibilidades que hay en la familia”. Además, dijo que es necesario que el Sistema Nacional de Cuidados, a implementarse en el próximo período de gobierno, “logre dar cabida al sistema de protección y a los niños como sujetos de derecho, y no como una responsabilidad que tienen las mujeres”, como dijo haber escuchado. Oviedo pidió también reforzar la vigilancia general del Estado “a todos los procesos de garantía de derechos” y aseguró que “sigue faltando hablar más de los adolescentes”. La experta se preguntó “qué están haciendo los adolescentes que no van a la secundaria y no trabajan” y también “qué opciones tienen”, al tiempo que sentenció que la situación de estos jóvenes “es una deuda de todos”.
A conversar
Mientras tanto, Cardona resaltó que la instancia no se trató de un examen, sino de “un diálogo interactivo”, al tiempo que aseguró que “ha dado gusto hablar con la delegación”, que “mostró sus debilidades y fortalezas”. Además, señaló que en Uruguay “se siguen manteniendo inequidades en el ámbito de los niños” y que en particular el país debe afrontar “un enorme reto con la discapacidad”, para lograr que esa población de niños sea incluida. En general consideró que la institucionalidad para abordar los distintos problemas existe y funciona, “pero necesita fortalecimientos”. A nivel de la Justicia juvenil, entendió que “aún queda un largo camino por recorrer” y, si bien admitió que en la adopción “se ha mejorado”, indicó que aún hay que seguir trabajando. El experto entendió que la violencia sigue siendo un problema en el país “aunque se haya empezado un camino para revertirlo”. También señaló que “la sociedad uruguaya está cambiando de una manera muy positiva”, pero dijo que “hay siglos de machismo y violencia que son difíciles de cambiar”.
Uno de los puntos más críticos del CDN hacia Uruguay fue el referido a la privación de libertad de adolescentes, situación de la que el Comité contra la Tortura no le transmitió “una imagen muy positiva”. Ante una enumeración de logros referidos a la baja de las fugas y a la reinserción laboral y social de varios jóvenes recluidos realizada por la abogada del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente Mónica Rodríguez, el comité pidió cifras que dimensionaran esos logros, que serán enviadas por escrito en los próximos días. Desde el CDN dijeron saber que hay jóvenes a los que se mantiene más de 24 horas incomunicados cuando son detenidos, y otros que son esposados dentro de sus propias celdas, algo que “no es necesario”, según manifestaron. El comité mostró preocupación ante esta situación y se mostró crítico con la postura que tomó el país al respecto, que, según evaluaron, va por el lado del aumento de castigos y del tiempo de detención, “con muy pocas posibilidades de atenerse a otra alternativa que la cárcel”.
Desde el CDN aseguraron que la de Uruguay “en el fondo es una política de mano dura”, que ilustraron con las 800 plazas para adolescentes que cumplen penas “y el no esfuerzo por penas alternativas”. “No nos congratula que se hayan creado 800 plazas”, concluyó Cardona, que tampoco se mostró conforme con que la respuesta sea que “son los jueces” los que disponen las medidas, porque el comité evalúa el accionar del Estado en su conjunto. Los expertos también se mostraron preocupados porque los procesamientos a funcionarios fueron por abuso de autoridad y no por tortura. Desde la delegación uruguaya respondieron que en el país hay una única persona procesada por tortura, y que la poca utilización de esa tipificación se debe a la costumbre.
En combate
Otro de los temas de mayor objeto de crítica fue la trata de niños y el combate a la pornografía infantil. El CND citó un estudio de la Universidad Católica que establece que Uruguay es el país de la región “en el que más se consume pornografía infantil”, al tiempo que criticó la excesiva “discrecionalidad de los jueces” ante los casos de explotación. Los expertos también llamaron la atención sobre que, pese a que hay una ley específica que habla de la pornografía infantil, la norma no habla de castigos a una persona que posea material pornográfico de ese tipo y tampoco prevé sanciones a personas jurídicas. El comité también llamó la atención sobre la ausencia de “medidas obligatorias de protección de las víctimas” y para su asistencia y resarcimiento, al tiempo que criticó que para ser resarcida luego de un fallo penal una persona deba volver a ingresar una denuncia en el ámbito civil.
Acerca de los consejos de participación en los centros educativos, la diputada Daniela Payssé informó que están siendo implementados “de forma progresiva”, y que si bien no hay consejos en todos los institutos, “es la voluntad de las autoridades que los haya”. Además, dijo no poder decir el número de centros que cuentan con consejos de participación, porque esa información está siendo procesada. Payssé también habló de la elaboración del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que está siendo analizado para su puesta en práctica. El comité también solicitó información acerca de la situación de embarazos adolescentes, lactancia y niños en situación de calle, entre otros temas.