El plan empezó a marchar en 2010, durante el primer año del gobierno de José Mujica y con el respaldo de un acuerdo multipartidario. El Presupuesto 2010-2014 creó el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que sustituyó a la Dirección Nacional de Cárceles del Ministerio del Interior (MI) y absorbió sus funciones con un modelo de gestión civil en vez de policial. Un decreto de 2011 afinaba los cambios: la seguridad perimetral y la exterior de las cárceles pasó a estar a cargo de la Policía (en el primer caso, podía depender del Ejército en casos excepcionales), y la seguridad interna quedó preferentemente en manos de civiles especializados. Los cargos de dirección también se “despolicializaron”: el Penal de Punta de Rieles (unidad Nº 6) está hoy a cargo del educador social Luis Parodi, y el de Colón tiene a la cabeza a la psicóloga Leticia Salazar.
Además de trasladar automáticamente las cárceles nacionales al INR, la Ley de Presupuesto habilitaba al MI a elaborar un cronograma para integrar progresivamente los centros de reclusión departamentales, que históricamente dependieron de las jefaturas de la Policía. “Con esto completamos el círculo”, dijo a la diaria el inspector Luis Mendoza, director del INR, sobre el acto que el jueves 15 de octubre marcará el paso de la Cárcel Departamental de Florida al instituto, prácticamente un año más tarde que lo previsto. “La idea es que la Policía se dedique a la represión y la prevención del delito, que es para lo que tiene formación”, fundamenta Mendoza, en sintonía con un paquete de medidas más generales que el gobierno impulsó este año para librar a los agentes de trabajo extra (ver ladiaria.com.uy/AEjy). La Ley de Presupuesto 2015-2019, que hoy se discute en el Parlamento, va un paso más allá y propone que el INR abandone la órbita del ministerio y pase a ser un servicio descentralizado.
El penal floridense, cuenta Mendoza, es un viejo edificio que se terminó de construir en el siglo XIX, supo ser jefatura y cuenta con las condiciones edilicias adecuadas para los 80 reclusos que están allí actualmente. En el acto del jueves, con la presencia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se colocará la piedra fundamental de una nueva unidad, la Nº 29. Mendoza adelantó a la diaria que las construcciones comenzarán “pronto”, con el ojo en el modelo de la cárcel de Paraje Campanero en Lavalleja: capacidad para 120 personas, criadero de animales, talleres de carpintería y mecánica e incluso peluquería, con un nivel de seguridad mínima, que se nota en las rejas de un metro y medio que rodean el edificio. Según dijo el jefe de Policía de Florida, José Enrique Chavat, al programa de televisión local Así estamos, la idea es aprovechar para reubicar a los presos de otros departamentos y así alivianar a la población carcelaria, que definió como “hacinada”. El director de la nueva unidad, adelantó, no va a ser un policía.
Martín Fernández, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) dice que la gestión civil de las cárceles es “más razonable”, y que el modelo debe tender a la inserción social, que es más difícil de lograr desde la órbita del MI. Pero para Fernández esto no basta: “Hay que tratar de que las cárceles sean más chicas y evitar el gigantismo de los establecimientos penales. El Comcar maneja una población cercana a las 3.000 personas; hay ciudades del interior que tienen menos población”. Desde Ielsur valoran que desde el INR se incentive la formación para el trabajo y las actividades educativas, pero entienden que se puede avanzar en otras áreas: “Hay que tener un sistema más transparente. Por ejemplo, eliminar las sanciones colectivas es central, independientemente de dónde se ubique la institucionalidad del centro. Cualquier movimiento institucional en orden de democratizar las cárceles es bienvenido, pero aun así hay que trabajar en las instituciones; que haya una gestión civil no garantiza el trato digno y humano. Podemos ver que en instituciones civiles hay tratos crueles, humanos y degradantes en otros organismos encargados de la privación de libertad”, dijo, en evidente referencia a los hechos de abuso en el hogar Ceprili, del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.