La discusión sobre los cambios al Fondo de Solidaridad que propone el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de Presupuesto llegó al Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar). A propuesta del Orden de Egresados, el CDC resolvió ayer solicitar al Parlamento que no vote los artículos en cuestión de la ley presupuestal que actualmente está siendo tratada en la Cámara de Diputados. El CDC solicita también la constitución de espacios para discutir con mayor profundidad los cambios propuestos desde el Ejecutivo.
La discusión anoche incluyó aspectos de contenido y de forma de los cambios planteados; por ejemplo, la nueva forma de gobernanza propuesta para el Fondo de Solidaridad. Los egresados plantearon que no hubo ninguna instancia para poder opinar ni ser informados sobre el nuevo plan para el organismo. Los representantes del orden en el CDC también remitieron una nota a la que suscriben las gremiales de profesionales nucleadas en la Agrupación Universitaria del Uruguay, en la que dicen que, a pesar de que tienen un representante en la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad, dicho organismo nunca fue consultado.
El representante de la Udelar en dicho organismo y secretario de éste, Hugo Martínez Quaglia, fue invitado a la sesión del CDC de anoche, donde planteó que se enteró de todas las propuestas de cambio cuando el proyecto ya estaba en el Parlamento. Los artículos de la ley de Presupuesto referidos a las modificaciones del Fondo de Solidaridad van del 697 al 701, y plantean que la conducción del organismo deje de estar integrada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, la Caja Notarial de Seguridad Social, el Banco República y la Agrupación Universitaria del Uruguay. Por lo tanto, pasaría a estar integrada únicamente por la Udelar, la Universidad Tecnológica, la Administración Nacional de Educación Pública y los ministerios de Educación y Cultura, de Desarrollo Social y de Economía y Finanzas.
En números
Otro de los cambios planteados es que se empezaría a pagar un salario al presidente del consejo directivo del fondo, similar al del director general de secretaría de un ministerio. Además, se plantea la creación de una comisión honoraria en paralelo al consejo directivo, que estaría integrada por los organismos que serían excluidos de la dirección. En relación con los aportes que deben realizar los profesionales graduados de la educación terciaria, seguirían siendo al quinto año desde el egreso, pero se plantean dos montos, uno durante los primeros cinco años de aporte y otro del quinto año en adelante. Además de que se eleva el mínimo de ingresos mensuales para exonerar el pago al fondo, también aumentan los aportes en general, que en el último tramo pasan a ser de unos 3.100 pesos anuales (casi el doble de lo que pagan actualmente) para las carreras de menos duración, y de unos 6.100 pesos ($1.000 más de lo que aportan en la actualidad) para las de mayor duración, según los cálculos del consejero egresado de la Udelar, Federico Kreimerman.
Pese a que Kreimerman no cuestionó dichos incrementos, sí planteó su desacuerdo con la extensión del tiempo en el que un profesional terminará realizando el aporte al fondo. Mientras que con la normativa actual se realizan aportes durante 25 años corridos, los artículos en el proyecto de ley de Presupuesto plantean que el aporte se realice hasta que el profesional cumpla 70 años o hasta su jubilación.
El rector de la Udelar, Roberto Markarian, planteó su desacuerdo con que las leyes de Presupuesto también legislen sobre aspectos extrapresupuestales y compartió la preocupación de los egresados acerca de la forma en que fueron planteados los cambios al Fondo de Solidaridad.