El litigio que la empresa tabacalera multinacional Philip Morris mantiene con el Estado uruguayo desde 2010 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial ya se encuentra en su última etapa. Desde el gobierno uruguayo esperan el fallo del tribunal que estudia el caso para fin de año, y según dijo a la diaria una fuente del Poder Ejecutivo, existe “gran expectativa” de que el resultado será favorable a Uruguay.
La semana pasada, Alfred de Zayas, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, publicó en el diario inglés The Guardian una columna titulada “¿cómo puede Philip Morris demandar a Uruguay por sus leyes antitabaco?”. Allí el experto plantea que el arbitraje de diferencias entre un Estado y un inversor plantea una amenaza para el sistema de Justicia y el equilibrio de poderes, además de que sus consecuencia para el ejercicio de los derechos humanos son “devastadoras”. De Zayas plantea que este sistema debe ser abolido porque va contra principios fundamentales de la ONU en relación a la soberanía de los Estados, y en relación al procedimiento de arbitraje, plantea que “no es transparente ni rinde cuentas”. En esta línea, sostiene que los derechos humanos deben prevalecer sobre las leyes y acuerdos comerciales, y reclama que la ONU convoque a una conferencia mundial para abordar el tema.
La columna generó una respuesta del vicepresidente de Philip Morris, Marc Firestone, que retrucó al experto en el mismo medio de prensa. Según Firestone, no hay tensión entre la defensa de los derechos humanos y la de las inversiones de las empresas privadas, y tampoco hay elementos que amenacen al orden mundial, como había planteado De Zayas. Para el empresario, el acuerdo para resolver disputas Estado-inversor no es poco conocido ni está oculto en acuerdos de comercio, y planteó que es producto de la negociación entre países. En particular sobre el juicio contra Uruguay, Firestone señaló que el Senado uruguayo ratificó el tratado de inversión con Suiza y posteriormente lo violó con la regulación antitabaco, como alega la empresa multinacional. Otro de sus argumentos es que la demanda de Philip Morris no sirvió para que otros países frenen regulaciones antitabaco debido a que el propio Uruguay tomó nuevas medidas en esa línea, a pesar de estar en litigio con la empresa.
Algo de razón
Según dijo a la diaria una fuente cercana al juicio, no existen chances de que el tribunal del CIADI le pida a Uruguay que derogue su regulación contra el consumo de tabaco, pero sí es probable que le termine dando la razón a la empresa multinacional en alguno de sus argumentos respecto de la forma en que se tomaron las medidas. En particular, la fuente se refirió al argumento planteado por la empresa en cuanto a la “denegación de justicia”, principalmente por el tratamiento que recibió su reclamo en el sistema de Justicia uruguayo. Para acudir al CIADI, es obligatorio que la empresa haya reclamado en el sistema judicial nacional del país en cuestión.
La fuente agregó que ante un fallo favorable para el gobierno se espera que éste tome nuevas medidas, como la obligación de imprimir cajas de cigarrillos en blanco para la venta, en las que ni siquiera figure el logo de la empresa que los produce.