En el medio de chistes sobre la remontada del fin de semana de Rampla Juniors, cuadro del que es hincha el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, y en un clima bastante más distendido que el de las negociaciones de mediados de año, los sindicatos de la educación comenzaron a estampar sus firmas en el convenio salarial propuesto por el Poder Ejecutivo. Quizá la misma sensación de remontada fue la que sintieron varios jerarcas del gobierno después de que meses atrás los gremios rechazaran el acuerdo y pareciera difícil recomponer las relaciones con los sindicatos, en especial luego de la resolución de esencialidad de la enseñanza.
Ante la consulta del secretario general de la Federación Nacional de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, desde el gobierno aclararon que, pese a que ayer sólo firmaban la Federación Uruguaya de Magisterio, Fenapes y la Intergremial de Formación Docente, por medio del mecanismo de acta complementaria, el convenio salarial permanece abierto para otros gremios que resuelvan acompañarlo. Por ejemplo, después de haberlo rechazado hace meses, la Asociación de Funcionarios de UTU tiene previsto resolver si acompaña o no el acuerdo hoy en asamblea, mientras también se espera que lo vuelvan a considerar la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria y la Unión de Funcionarios del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
En los papeles
El acuerdo firmado presenta algunas modificaciones menores respecto del texto que acordó el gobierno con los representantes de los sindicatos el 31 de agosto y prevé un aumento salarial de poco más de 7% a 2017, además del ajuste por inflación y el compromiso del gobierno de llegar a los 25.000 pesos al final del quinquenio para los maestros y los profesores grado 1 por 20 horas de trabajo semanal, y de alcanzar los $23.455 para los funcionarios de ingreso por 40 horas de labor semanal. El gobierno también se compromete a aumentar el salario real de los inspectores, los directores y los subdirectores en 17,1% a 2020, y hay partidas aprobadas en el Presupuesto Quinquenal que se utilizarán para resolver inequidades salariales a la interna de la ANEP.
Además de correrse el tope salarial de cada uno de los trabajadores de la ANEP a 90% del salario del presidente del Codicen (hasta ahora está en 90% del sueldo del director del subsistema correspondiente), se conformará una comisión con la ANEP y los gremios sobre otras inequidades a resolver por medio de una partida que en 2017 llegará a los 150 millones de pesos. Otro de sus artículos tiene previsto el incremento de la partida por presentismo hasta llegar a los 1.000 millones de pesos dentro de dos años, cuya forma de implementación también será definida por una comisión bipartita. Además, se establece que los gremios se comprometen a cumplir los cronogramas de la ANEP “en los actuales planes y programas de estudio”, lo que se suma a la controvertida cláusula de paz.
Después de la firma, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo sobre esta última que “es parte de las reglas de juego”. Según dijo, la totalidad de los convenios colectivos que tienen firmados los sindicatos afiliados a la central sindical tienen cláusula de paz. Pereira aseguró que la inversión en educación en los últimos 50 años fue “paupérrima” y, si bien evaluó positivamente que el actual presupuesto “casi duplique” el de 2005, consideró que los 25.000 pesos que ganarán maestros y profesores al ingreso “todavía es poco”. Por su parte, Olivera evaluó que el acuerdo posibilita “seguir caminando” hacia el objetivo planteado por los gremios, que es el de un salario de 30.000 pesos base para los cargos de ingreso.
Positivos
Desde el gobierno, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, evaluó que el año termina “con satisfacción y convicción”. Se congratuló de que se firmara un convenio y de que todas sus partes reconozcan que hubo avances, y destacó especialmente que eso se logra “en el mismo año que tuvimos importantes conflictos y tensiones”. “Uruguay es capaz de hacer estas cosas”, festejó. La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo que también es necesario avanzar hacia el reconocimiento público de los docentes, y señaló que el aumento del convenio “no es lo que merecen, sino lo que se puede”.
Consultado por la diaria sobre el impacto de la declaración de esencialidad en el proceso, Murro se limitó a decir que fue “uno de los instrumentos utilizados dentro de un conjunto de medidas” y prefirió hablar de “lo bueno” que representa el acuerdo. Muñoz dijo a la diaria que se debe mirar el proceso como un continuo, y que su resultado fue “muy bueno”. Agregó que la esencialidad fue una medida “dura” y “no simpática”, pero que, a pesar de ello, “nunca se llegó a aplicar”, se mantuvo el diálogo y “se dio marcha atrás como el diálogo lo indicó y quedó un buen ambiente de trabajo”.