La gestión de ANCAP durante los últimos años ha venido generando controversia en filas oficialistas desde hace meses, y el plan de capitalización que fue anunciado el martes no escapa a ella. El proyecto de ley será enviado en breve al Parlamento y la idea es que sea aprobado de forma urgente, antes de fin de año. El gobierno capitalizará la empresa por un monto cercano a 580 millones de dólares, mediante la condonación de la deuda que ANCAP mantiene con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tras la cancelación anticipada de la deuda del ente con la petrolera venezolana PDVSA, que se hizo mediante un préstamo de esta cartera. Además, la empresa recibirá un préstamo de la Corporación Andina de Fomento al MEF por 250 millones de dólares, para mejorar la situación financiera de ANCAP. Pero, a diferencia de lo que reclamó prácticamente toda la oposición, el Ejecutivo optó por mantener a las autoridades del ente, con su presidente, José Coya, a la cabeza. Fuentes del Frente Liber Seregni (FLS) sostuvieron que ésta no era la posición que impulsaba el titular del MEF, Danilo Astori. Incluso, algunos dirigentes del sector coinciden con la oposición en que debió existir un cambio en el directorio. “Era obligatorio renovar las autoridades”, opinó el dirigente de este sector Esteban Valenti, quien sostuvo que sustituir a alguien no puede ser motivo de drama. “Los cambios son naturales y obligatorios en la política, y estoy en contra de esa concepción de que cuando uno sube al poder no podés moverlo nunca”. Para que esto no vuelva a ocurrir, sostuvo, hace falta otro liderazgo, tanto a nivel político como gerencial.
También la Federación ANCAP, el sindicato del ente, pide la renuncia de la dirección política de la empresa, pero no apunta sus dardos exclusivamente en esa dirección, sino a una “multiplicidad de factores”, entre los cuales, destaca, se encuentra también “la política macroeconómica llevada adelante por el anterior y el actual gobierno”, así como “el peso de la gestión de las empresas del grupo ANCAP en el resultado económico”.
En Compromiso Frenteamplista, el sector de Coya y de quien fuera presidente de ANCAP en el grueso del período pasado, el vicepresidente Raúl Sendic, entienden que el hecho de no haber removido a la dirección de la empresa implica un espaldarazo a su desempeño. “La continuidad de los directores y el hecho de no haberlos removido despeja esa visión y ese relato [de que fueron responsables]. Se les renueva la confianza”, sostuvo el senador Marcos Otheguy. Para el legislador, la capitalización de la empresa supone una compensación por las “pérdidas que ANCAP tuvo estos últimos años, por no poder transferir a precios el aumento de sus costos”. “Era lógico que el Estado en algún momento asumiera eso y buscara recomponer el patrimonio de la empresa”, añadió.
La principal innovación para la futura gestión de la empresa implica la creación de un “grupo de alto nivel” que contará con un representante del MEF, otro del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y otro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Este grupo, en palabras de Astori, “va a trabajar como parte de la gestión de ANCAP, no asesorando en términos abstractos sobre decisiones a tomar, sino que va a estar participando en la elaboración de esas decisiones y de su puesta en práctica”. Están quienes interpretan que este grupo supondrá una mayor injerencia del equipo económico en la empresa y quienes no, pero lo cierto es que la propuesta pareció haber dejado contentos a todos. El diputado del FLS Alfredo Asti interpretó que este equipo será “muy oportuno” y tendrá la base del equipo económico actual, “el mismo que desde 2005 logró rescatar al país de la crisis que nos habían dejado, que tiene integrantes que transformaron un banco quebrado como el Banco República en uno de primera línea, y que va a poder ayudar a ANCAP a estabilizar su economía y su rentabilidad, aplicando las mismas políticas de prolijidad y regularidad”. Según Asti, se trata de “volver a alinear” a una empresa que “se desalineó con respecto a lo que hacía el país”.
La senadora del MPP Lucía Topolansky dijo que no se trata de una intervención, sino de un “apoyo”, dado que ANCAP no es sólo una empresa, sino un complejo industrial. En tanto, Otheguy sostuvo que se trata de “formalizar” algo que “ya estaba instalado y viene funcionando”, sobre todo por el rediseño de la estructura financiera y de la deuda del ente.
Mientras en la oposición sostienen que algunos de los temas abordados en la Comisión Investigadora sobre ANCAP pasarán a la Justicia penal, en el Frente Amplio no hay una visión única de la utilidad de este cuerpo legislativo. “La investigadora era absolutamente necesaria, obligatoria. No creo que haya sido inútil, pero sí es dolorosa”, dijo Valenti. En cambio, Topolansky sostuvo que con el “diario del lunes” no sabría si votarla de nuevo. “Desde el punto de vista de las finalidades de una investigadora -buscar ilícitos y hechos de corrupción- pienso que no [valió la pena], porque quedó demostrado que ilícitos no había”. A esa visión también adhiere Otheguy, quien fue presidente de ese cuerpo, y que sostuvo que la comisión “aportó muy poco al debate público”: “No contribuyó a clarificar la situación y se instaló un debate injusto sobre ANCAP, de que supuestamente era una empresa sin rumbo con enormes problemas, y se pierde de vista las inversiones que se hicieron en estos diez años”.