Planta de marihuana. Foto: Guillermo Legaria, Afp

Hecha la ley, hecha la macana

Tres allanamientos a cultivadores de cannabis registrados.

El allanamiento y la violencia contra un cultivador registrado en Salinas terminó en heridas, sustracción de objetos personales y una serie de irregularidades policiales que parecen excepcionales. Una en 3.500 cultivadores registrados.

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A mediados de noviembre, Guillermo Amándola, vecino de Salinas, hablaba con amigos de su cuadra sobre unos championes colgados en los cables de UTE que habían aparecido en la esquina. Todos pensaron en la leyenda urbana. _Vox populi, vox dei_: allí hay una boca. Pero no la hay. El 25 de noviembre a las 15.00, caminaba cavilando sobre eso, “pensando en todo”. Metió pata desde la comisaría de ...
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A mediados de noviembre, Guillermo Amándola, vecino de Salinas, hablaba con amigos de su cuadra sobre unos championes colgados en los cables de UTE que habían aparecido en la esquina. Todos pensaron en la leyenda urbana. Vox populi, vox dei: allí hay una boca. Pero no la hay.

El 25 de noviembre a las 15.00, caminaba cavilando sobre eso, “pensando en todo”. Metió pata desde la comisaría de Atlántida hasta su casa resoplando, maldiciendo, puteando. Pensaba para qué sirvió la regulación del cannabis. Recién lo habían soltado, no tenía plata ni cédula de identidad, caminaba por la Interbalnearia, pateaba piedras, hervía. Dos horas caminando. Nueve kilómetros de miedo y furia.

Una hora y media antes, estaba en el fondo de su casa cuando un auto gris se metió, haciendo escándalo, en el garaje donde suele jugar su hijo. Se disponía a increparlo con furia de padre, cuando vio a un policía que saltaba la reja y le decía que atara a los perros o los mataba. En ese momento le pegó una pelota de tenis en la cabeza. Era la pelota de los perros que no había ido a buscar al techo para no estropear la membrana asfáltica, que no es transitable. Miró para arriba y vio cinco oficiales que luchaban con la membrana asfáltica, que se había adherido al calzado como chicle.

Otro oficial, al que Amándola no había visto, le apuntó con un arma larga. El uniformado del jardín sacó un revolver nueve milímetros -Guillermo después se dio cuenta de que era de aire comprimido- y les tiró a los perros. Mientras Amándola pedía tranquilidad y que le mostraran la orden judicial, alguien le presionó el pescuezo hasta que se desmayó. Cayó al piso y en el suelo empezaron las patadas.

Le preguntaban dónde tenía “el faso” y la balanza. Les decía que estaban equivocados, que es cultivador registrado, que la cosecha pasada se había acabado, que la iba a tener pronta en abril. Le pegaron más. “Ah, pero entonces sos más bueno que Bambi”, le decían mientras recibía sopapos.

Estaba tirado boca abajo. Una vecina intervino y les dijo a los policías que por favor no lo golpearan más. Le advirtieron: si cruzaba el zaguán sufriría consecuencias. Ella respondió que nadie quería problemas, que hacía poco un policía ebrio había atropellado a Guillermo en el centro de Montevideo y todavía estaba en recuperación por las heridas. Le operaron las piernas. Amándola sufre fibromialgia en su pierna derecha de por vida, por ese tipo que antes de atropellarlo le había pegado a su esposa, pasó por un bar, se embriagó y salió a la calle. Entonces aflojaron un poco. Por el dolor en la pierna los médicos le recetaron Tramadol, un agresivo opiáceo. Guillermo hace su propio aceite de cannabis, que le reduce significativamente el dolor.

Les dijo que tenía seis plantas en flora y otras cuantas, unas 60, en vegetativo, es decir, creciendo, tirando los primeros cotiledones. La Ley de Regulación del Mercado de Marihuana establece un solo límite: seis plantas hembras. No hace referencia a plantas macho ni a los plantines que luego de crecer serán macho, hembra o hermafroditas. Guillermo hace dos cosechas, de las que escoge algunas plantas para elaborar el aceite. Elige las de tonalidades violáceas porque son las que más le sirven para el dolor de su pierna.

Vengan, gente

Las autoridades del Ircca y la JND desconocían este caso, más allá de vagas referencias en Facebook, y se mostraron sorprendidas. Pidieron que los cultivadores se arrimen al Ircca ante cualquier situación anómala. “Quisiéramos que los cultivadores, debidamente registrados o no, pero preferentemente los registrados, que se consideran avasallados en sus derechos reporten al Ircca los hechos, con nombre, apellido y una descripción de las circunstancias, independientemente de las acciones que hagan ante la Policía o la Justicia”, solicitó Milton Romani, secretario general de la JND. “El Ircca no va a permitir que haya procedimientos abusivos. Nosotros vamos a actuar si están bajo el amparo de la ley, y si hay una interpretación excesiva de los jueces”, dijo a _la diaria_.

Durante el operativo Guillermo contó 25 oficiales en su casa revolviendo ropa, desarmando muebles, buscando estamparlo en la plancha como narco. Amándola es acuarista y hace changas en el barrio: corta el pasto, hace jardines, se revuelve. Además, es un laureado cultivador de cannabis: ganó la Copa Uruguay en la categoría Extracciones por su hachís. Pero la Policía de Investigaciones de Atlántida no lo sabía.

Cuando llegó su mujer a la puerta, preguntó al aire quién estaba fumando. En la casa nadie fuma tabaco. Lo dijo con la bronca propia del mal trance y conociendo la respuesta. Tres policías fumaban en el living mientras miraban por televisión Esta boca es mía; en el talkshow vespertino hablaban de cannabis.

Lo llevaron a la comisaría 16 de Atlántida e inmediatamente le dijeron que estaba “sobreseído”, que disculpara. No firmó nada, no vio la orden judicial, nadie le tomó declaración. Tampoco le devolvieron la cédula de identidad; la reclamó y le dijeron que se había extraviado.

El 26 de noviembre, cuando se despertó, todavía temblando, en su casa, fue al patio a ver las plantas y estaban muertas. También le faltaban un pendrive, un mp3 y otras “cositas chicas”. También le borraron un video del teléfono, con el que había filmado parte del operativo y fotos que le mandó a su esposa, que salió corriendo del trabajo para ayudar a su marido.

La vecina lo acompañó a la comisaría de Salinas para aportar su testimonio ante la denuncia que Guillermo había hecho el día anterior. Luego de la caminata de Atlántida a Salinas, fue directo a la comisaría 22ª a denunciar el abuso.

Le rompieron la membrana asfáltica del techo y una puerta a patadas. Le dislocaron el hombro, le torcieron las muñecas, estaba lleno de moretones. Le sangraba el labio inferior. Engrillado, sangraba. Todavía tiene las cicatrices de las heridas que le causaron las esposas. Pedía que no lo lastimaran, pero nada. Ahora, una parte del barrio lo mira como si fuera Pablo Escobar. Lo que más le duele es el escrache público. Le pegaron también en la calle, frente a los vecinos. Su detención le hizo perder a un cliente al que le cortaba el pasto.

Después de la denuncia en Salinas, le dieron hora para el forense en Atlántida, el 1º de diciembre. Constataron las lesiones, pero no le dieron el informe médico, dijeron que estaba en el juzgado de Atlántida. Pero Guillermo nunca vio un juez, a pesar de que los policías afirmaban que habían ido con orden judicial, que tampoco le mostraron.

Amándola se movió en las organizaciones sociales que trabajan en torno a este tema. No obtuvo repuestas, excepto un pedido de disculpas del secretario general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, que se encarga de este tema en esa secretaría de Estado.

Pero a Guillermo no hay autoridad que lo calme. Dio vuelta los sillones del living y los puso mirando hacia la ventana, quedó “re paranoico”. Veía moverse las sombras de la cortina de reojo, y un reflejo motor le hacía mover las manos como espantando moscas, pero con miedo. Recuerda todo esto con los ojos vidriosos.

Tres de 3.500

Desde que la Ley de Regulación del Mercado de Marihuana entró en vigencia se sucedieron algunos allanamientos por fuera de las disposiciones de la norma. A principios de año hubo allanamientos mal hechos en Bella Unión, Montevideo y Guazuvirá. Aquellos primeros casos reunieron la atención de las organizaciones sociales, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y la Junta Nacional de Drogas (JND). Junto con el Ministerio del Interior, elaboraron un protocolo de actuación policial. Desde agosto, cuando se aprobó y divulgó el reglamento, las organizaciones sociales recibieron tres denuncias de allanamientos que no se ajustaban a lo establecido entre los 3.500 autocultivadores registrados.

Una de ellas fue la de Amándola. Otra se presentó en Nueva Helvecia y la tercera en Nueva Palmira. En Colonia el trato policial fue casi correcto, según los involucrados contactados por la diaria. Sin embargo, cometieron algunas desprolijidades. En ninguno de los tres casos la Policía mostró orden judicial. En Nueva Palmira, el lunes 14 de diciembre a las 6.00, un oficial entró al cuarto donde dormía la esposa del cultivador. Los policías lo llevaron a la comisaría, labraron un acta y lo dejaron ir. Todavía tiene unas 80 plantas sin sexar. El manual de procedimiento policial es claro: “El cultivo de seis plantas con flor hembras no constituye presunción de delito. Se encuentra autorizada la tenencia de mayor número de plantas sin flor o con flor macho”.

El caso en Nueva Helvecia fue similar: el cultivador tenía 71 plantines que no habían sexado. La Policía tomó su declaración en la comisaría. Le incautaron 65 plantines y le dejaron seis. Eso fue el viernes 18 de diciembre. El lunes 21 lo citaron a la comisaría de Colonia Valdense, alegando poseer una orden para la destrucción de las plantas, con fecha 17 de diciembre. Como la Policía no llevó macetas, solamente un pico, el cultivador registrado los proveyó de macetas suficientes, algo que también está reñido con el manual de procedimiento.

Miedo, tabú, prejuicio y corruptela

La nueva reglamentación está sujeta a las otras que la enmarcan, así como a un sistema de creencias y prácticas institucionales y grupales que no se modifican por decreto.

Hay desconcierto entre los cultivadores, porque siempre estuvieron por fuera de toda reglamentación. Muchos desconfían no sólo de la Policía, sino también del Estado. No comprenden por qué es posible que, ahora que está regulado el mercado, ocurran estas cosas, porque se visualiza al Estado, al gobierno y a lo público como un compartimento estanco de ventanilla única.

Las políticas de drogas pueden ser una buena forma de acercar el Estado a la “juventud”, pero con casos aislados como el de Amándola, toda una nueva política de confianza y cercanía puede caer o ser caldo de cultivo para aumentar la desconfianza. Un extremo que, sin duda, es funcional a los que no quieren los cambios, a los moralistas y a los sectores estatales que resisten desde la corrupción, el pasamanos y el bandidaje, uniformado o no.

Desde el Ministerio del Interior se sugirió a la diaria que hay “gente que se resiste a los cambios”.

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