Tras el anuncio el 24 de agosto de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, de que el gobierno declararía la esencialidad de la enseñanza -que finalmente no llegó a aplicarse-, los sindicatos intensificaron sus medidas de lucha y llegaron a convocar a una marcha en la que participaron más de 50.000 personas. La medida sorprendió no sólo porque nunca antes se había tomado, sino también porque los gremios, el Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) negociaban en esos días los salarios para los próximos dos años.
Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), dijo a la diaria que 2015 “no fue un año sencillo” y, pese a que la FUM evaluará el año en febrero, adelantó que en materia de sueldos se cumplieron los lineamientos resueltos por el congreso de la federación, lo que desembocó en la firma del convenio salarial hace unos días. De todas formas, señaló que cuando la FUM se aprestaba a discutir la propuesta salarial, la esencialidad “cambió el rumbo” de la lucha hacia una “defensa feroz” en contra de la resolución del gobierno. Valoró que esa situación se logró revertir y destacó el apoyo del movimiento sindical y la sociedad en su conjunto. Con respecto a los sindicatos de la educación, consideró que se unieron en una lucha común, cada uno con “sus propias improntas”, y dijo que si bien comparten objetivos, no necesariamente coinciden en las estrategias. La dirigente consideró que con la esencialidad “algunos puentes se rompieron o se fracturaron” con el gobierno y “los ejes de discusión variaron mucho”, pero destacó que la FUM “siempre apostó al diálogo”.
Antes y después
Para José Olivera, secretario general de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), el conflicto de la educación durante 2015 tuvo dos partes: antes y después del 24 de agosto. Expresó que el decreto de esencialidad fue una “estrategia del gobierno para desvirtuar totalmente el eje del conflicto, no asumiendo su responsabilidad en el funcionamiento incorrecto de los ámbitos de negociación, donde no presentaron propuestas en tiempo y forma, y eso disparó un conflicto que tomó mayor grado de profundidad”. Olivera entiende que “hoy hay un saldo más que positivo en términos de construcción de organización” porque “no solamente aumentó el número de afiliados, sino que también aumentó su capacidad de incidencia y acción a lo largo y ancho del país”.
En cuanto a lo obtenido, en plata, Olivera reconoció que no fue muy diferente a lo que ofrecía el gobierno antes del conflicto, pero comentó que el convenio recién firmado es un avance respecto de los criterios planteados por el Poder Ejecutivo en lo que refiere a los compromisos de gestión y el “resguardo de la libertad sindical”. De todas formas, comentó que “deja una perspectiva ciertas incertidumbres y ciertas definiciones que tendremos que tomar en 2016 de cara a 2017, cuando habrá que rediscutir la política económica y la política presupuestal”.
Olivera no relaciona el resultado de las elecciones de los consejeros docentes en los organismos de la ANEP con una disconformidad de los profesores con Fenapes. Dijo que el voto en blanco fue similar al de las elecciones anteriores de consejeros y a la de los representantes a las Asambleas Técnico Docentes. Dijo que “siempre fue muy discutida la conveniencia o no de tener un representante” y que “en una parte importante del profesorado ha ido ganando terreno la idea de que de que en esos espacios se puede hacer muy poca cosa”.
Se fue de las manos
“No hay un año de Presupuesto en que no exista conflicto, porque es la oportunidad que tienen los trabajadores de pelear por su salario”, expresó Teresita Capurro, representante de los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP desde 2010 hasta la declaración de esencialidad, tras la que renunció. Pero la ex consejera comentó que esta vez el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “estaba muy duro y ni siquiera le aprobaba al Codicen el hecho de llevar a los 25.000 pesos al primer grado docente”. Afirmó que la postura del MEF orientó las movilizaciones y que “se fue todo de las manos; creo que se le fue al Poder Ejecutivo, creo que se le fue al Codicen y creo también, por supuesto, que se les fue a los trabajadores”.
Opinó que “éste ha sido de los presupuestos más difíciles”, por la cantidad de días de clase perdidos y por las fracturas internas. Consideró que “no mejoraron las cosas en lo salarial” y que emergieron “posturas polarizadas” en los sindicatos, y que tal vez “esa bronca haya sido uno de los motivos para que hubiera tantos votos en blanco”. Sostuvo que el hecho de que “dos afiliados y una dirigente afiliada hayan presentado listas para ser consejeros desacatando al congreso de la FUM no se había visto nunca”. Capurro entiende que los votos en blanco fueron una especie de castigo y que “otros actores, no desde el sindicato, aprovecharon eso que estaba tan desmadrado en las internas y ocuparon lugar, y me estoy refiriendo a [Robert] Silva y al [consejero Freddy Amaro] de UTU”, aclaró.
El otro representante de los trabajadores en el Codicen, Néstor Pereira, narró una serie de situaciones que fueron generando “desconfianza” en los sindicatos. En concreto, habló del anuncio del gobierno de llegar a 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de inversión en educación y de la propuesta de Presupuesto, que también “generó tensión” a la interna de la ANEP por tratarse de un planteo a dos años, cuando inicialmente se hablaba de cinco. Sobre la esencialidad, opinó que “fue un punto de quiebre con los sindicatos, y aún cuando no se manifieste abiertamente, a la interna de la ANEP también generó tensiones”. Según explicó, “fue sorpresivo” y “lesionó” el principio de “actuar de buena fe” previsto en la ley de negociación colectiva. Pereira consideró que la firma del convenio con Fenapes, FUM y la Asociación de Funcionarios de UTU “es un primer paso para ir recomponiendo una relación de buena fe de todas las partes”.
Sobre la interna de la ANEP en particular, relató que los momentos más conflictivos del año se vivieron “con mucha tensión” y se consideró que el organismo quedó “en el medio del conflicto, sin poder intervenir demasiado”. Remarcó que desde la ANEP se percibió que hubo decisiones del gobierno que, si se hubieran canalizado por medio de los integrantes de la institución, “preparando el terreno o buscando soluciones alternativas”, se podría haber “impedido llegar a puntos de tensión fuertes”. “Se hubiera vivido de otra manera, sí con tensión pero participándonos de las soluciones. El gobierno planteó soluciones que sorprendían a propios y extraños”, remató.
En cuanto al vínculo de la ANEP con el MEC, el jerarca indicó que “lo vivieron con cierta extrañeza”, porque “no había diferencias profundas” en los objetivos y líneas estratégicas a ejecutar, pero admitió la existencia de “diferencias estratégicas” en los mecanismos a aplicar. Como ejemplo nombró las “definiciones políticas para llegar al marco curricular común [MCC]”: según explicó, en la ANEP no lo llaman así, sino que hablan del “desempeño de los estudiantes entre los tres años y los 17”. Agregó que si bien no hubo diferencias profundas en cuanto a lo que el MCC implicaba, en la ANEP no estaban “muy dispuestos a generar una discusión teórico-académica sobre lo que significa el MCC y pretendían ponerlo en práctica directamente”. Además, dijo que desde la ANEP se consideró que era una política que debía implementar el propio organismo y que no debía venir desde el MEC, y que “se cortó el diálogo” cuando el ministerio lo planteó en términos de “es esto o nada”. En este sentido, la administración definió que hasta tercero de primaria los estudiantes “aprendan a leer y escribir” y que en sexto “lean y escriban para aprender”, al tiempo que se está trabajando en la definición de logros para la educación media.
No todo es plata
La lucha presupuestal y el decreto de esencialidad motivaron la movilización estudiantil. Referentes de gremios estudiantiles de secundaria y de formación docente con quienes dialogó la diaria comentaron que si bien no alcanzaron el principal objetivo de la movilización -lograr mayor presupuesto para la educación-, se vieron fortalecidos.
Iván Rügnitz, integrante del gremio del IAVA, opinó que más que obtener presupuesto “la lucha nos permitió hacer un trabajo a la interna del movimiento”, que se vio fortalecido para enfrentar la reforma educativa y la lucha presupuestal de 2017. “Pudimos marcar presencia, algo que no había pasado en mucho tiempo en secundaria; logramos hacerles entender a muchos jóvenes que es posible volverse a organizar, que en el siglo XXI también se logran cosas organizándose”.
A título personal, Rügnitz calificó de error “haberse quedado en el Codicen y no haber sido más políticos a la hora de tomar decisiones”, en referencia a la ocupación de la sede del organismo, que fue posteriomente desocupado por la Guardia Republicana. Eso generó “un fraccionamiento” del movimiento estudiantil y motivó rupturas internas que dejan “un sabor amargo”.
Juan Maneiro, del Centro de Estudiantes del IPA (CEIPA), señaló que no esperaban obtener tan poco, pero valoró la participación y la organización estudiantil en el CEIPA y en las salas de estudiantes de las 14 especialidades. Precisó que durante la discusión presupuestal las salas estudiantiles “trabajaron muchísimo los planes de estudios, que es la discusión que se viene para 2016 en cuanto al cambio de ADN de la educación”. Dijo que se logró un nivel de convocatoria que no se lograba desde 2013 y que creció 80% la cantidad de estudiantes integrados al gremio.